Las mujeres sufrieron en España un 28% menos de despidos que los hombres pero también recibieron indemnizaciones menos cuantiosas. 345.165 destituciones recayeron sobre los trabajadores en 2023 (58,25%) por 247.411 (41,75%) que lo hicieron sobre las trabajadoras, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. En total, 606.625 despidos con 285.578 empresas implicadas.
Asimismo, según los datos del departamento dirigido por Yolanda Díaz, de media, las mujeres recibieron menos cantidad en concepto de indemnización por despido que los hombres en todos los grupos de edad. Los hombres perciben 8.026 euros por despido por 6.643 que tienen las mujeres de media en general, casi 1.400 euros menos. Si se analiza por tipo de despido (disciplinario individual, objetivo, colectivo…), las mujeres también salen peor paradas en esta estadística.
La conocida como brecha salarial (en agregado los hombres tienen mejores sueldos que las mujeres) explica esta situación con la indemnización: a peores sueldos y peor tipo de contrato, que genera menos antigüedad en la empresa, peor indemnización.
“Desigualdad estructural”
Begoña García Gil, doctora y profesora del área Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), explica a Artículo14: “Las trabajadoras no sólo sufren menos despidos en términos absolutos, sino que, cuando se producen, se concentran en sectores con menor indemnización media, afectan a empleos más precarios y temporales y reciben menos compensación económica que sus compañeros por un mismo tipo de despido. “Esto refleja una desigualdad estructural en el mercado laboral español que se traduce en una clara brecha económica en los procesos de despido”, añade esta economista.
La indemnización por despido improcedente no podrá incrementarse “vía judicial”
En paralelo, el pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha dictado este miércoles una sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no podrá verse incrementada en “vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso”.
El Supremo indica que no se puede incrementar vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.
33 días de salario por año
De esta manera, el TS avala lo dictado en una sentencia del pasado diciembre, donde el pleno de su Sala Cuarta ya indicó por “unanimidad”, que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 33 días de salario por año de servicio “no puede verse incrementada en vía judicial” sin que ello suponga una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, el Alto Tribunal indica que la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada de la legislación española “es una indemnización adecuada”. “Esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos”, exponen desde el Supremo.
Trabajo mantiene su objetivo de reformar el despido
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reafirmado su intención de reformar el despido, pese al último fallo del Tribunal Supremo en el que establece que la indemnización por despido improcedente no puede verse incrementada en “vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso”. “El Gobierno hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido”, han comunicado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.
Trabajo ha recordado, “desde el respeto a las decisiones judiciales y a la espera de conocer el contenido definitivo del fallo“, que España ha ratificado la Carta Social Europea, cuyo cumplimiento garantiza íntegramente y adicionalmente el Gobierno, que hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido.