Los más de diez millones de pensionistas en España han comenzado 2026 con la revalorización de sus pensiones ya aplicada en la nómina de enero. El incremento, del 2,7% con carácter general y de entre el 7% y el 11,4% para las pensiones mínimas y no contributivas, se ha hecho efectivo gracias a que el real decreto estuvo vigente al inicio del año. Sin embargo, el rechazo posterior del texto en el Congreso ha dejado en el aire lo que ocurrirá a partir de febrero.
Un rechazo parlamentario sin efectos inmediatos
El Congreso de los Diputados ha tumbado por segundo año consecutivo el real decreto que incluía la subida de las pensiones, una decisión que no ha tenido consecuencias inmediatas para el pago de enero. Desde el Ministerio de Seguridad Social recuerdan que la norma estaba en vigor cuando se cerraron las nóminas, por lo que el abono del primer mes del año está plenamente garantizado.
No obstante, este nuevo revés parlamentario ha abierto un escenario de inseguridad para millones de jubilados que dependen casi en exclusiva de su pensión para llegar a fin de mes.
El Gobierno lanza un “mensaje de tranquilidad”
Ante la preocupación creciente, el Ejecutivo ha querido trasladar un mensaje de calma al colectivo de pensionistas. El ministerio que dirige Elma Saiz asegura que ya trabaja en una solución legislativa para evitar que la revalorización desaparezca en los próximos pagos.
Según el Gobierno, la intención es aprobar un nuevo decreto con urgencia, de modo que la subida de las pensiones para 2026 quede blindada antes de que se cierre la nómina de febrero.
@europapress Los servicios de seguridad del Congreso han expulsado este martes a Feli Velázquez Serrano, una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, por gritar en varias ocasiones desde la tribuna de invitados “no tenéis vergüenza” a la bancada del PP por rechazar el decreto ley del llamado ‘escudo social’, que finalmente ha decaído, y que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas económicamente vulnerables.
Qué pasará si no hay nuevo decreto en febrero
La clave está en los plazos. Si el Ejecutivo no logra sacar adelante una nueva norma antes de mediados de febrero, las pensiones podrían volver a las cuantías de 2025, perdiendo el incremento aplicado en enero. Esto supondría que no se aplicaría la subida del 2,7% en las pensiones contributivas ni el aumento superior para las mínimas y no contributivas.
En términos económicos, la revalorización actual representa una media de unos 570 euros más al año para los jubilados, una cantidad esencial para compensar el encarecimiento del coste de la vida.
Las razones del bloqueo político
El rechazo del decreto se produjo tras el voto en contra de PP y Junts, que justificaron su posición al considerar que el texto mezclaba la subida de las pensiones con otras medidas del llamado escudo social, como la prórroga de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional.
El Gobierno ha calificado esta decisión de irresponsable, al entender que pone en riesgo la estabilidad económica de millones de personas mayores.
Malestar entre pensionistas y asociaciones
La situación ha generado inquietud entre asociaciones de jubilados y organizaciones sociales, que reclaman que las pensiones queden al margen de la confrontación política. Recuerdan que la ley establece la actualización de las pensiones conforme al IPC, con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo.
Desde estos colectivos advierten de que cualquier retraso o marcha atrás en la revalorización tendría un impacto directo en la economía doméstica de los pensionistas.
Las próximas semanas, decisivas
El Gobierno confía en que el nuevo decreto pueda aprobarse antes de que finalice febrero, lo que permitiría mantener sin cambios la cuantía actual de las pensiones. De lograrse, los pensionistas no notarían ningún ajuste en sus ingresos mensuales.
Por ahora, la subida de enero está asegurada, pero la de febrero sigue dependiendo del acuerdo político, manteniendo en vilo a más de diez millones de pensionistas en toda España.