El llamado embargo de Bélgica a España se ha convertido en uno de los mayores conflictos financieros abiertos entre un Estado miembro y varios fondos internacionales por la política de renovables. La justicia belga ha autorizado un nuevo bloqueo de fondos públicos españoles por valor de 30,8 millones de euros. Eso eleva a 482,4 millones el total ya inmovilizado en ese país por distintos litigios vinculados a los recortes retroactivos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Este nuevo episodio del embargo de Bélgica a España beneficia al fondo OperaFund, que reclama una indemnización por inversiones en energías renovables realizadas en 2008 y afectadas por el cambio legal aprobado cinco años después. El conflicto no es aislado. Forma parte de una larga cadena de pleitos que se han ido acumulando durante más de una década y que ahora empiezan a tener consecuencias directas sobre flujos de dinero público.
El origen del conflicto que ha desembocado en el embargo
El punto de partida del embargo de Bélgica a España está en la retirada de las primas a las energías renovables que aprobó el Ejecutivo de Rajoy para frenar el déficit del sistema eléctrico. Aquella decisión alteró las condiciones económicas bajo las que muchos fondos internacionales habían invertido en plantas solares y eólicas en España.
OperaFund acudió en 2019 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, que le dio la razón y reconoció su derecho a ser indemnizado por el cambio regulatorio. El laudo fijó una compensación de 29,3 millones de euros, a la que se han añadido 7,5 millones en intereses de demora. Al negarse España a pagar, el fondo inició una ofensiva judicial en varios países para cobrar por otras vías. Eso ha desembocado en este nuevo tramo del embargo de Bélgica a España.
La Comisión Europea lleva años advirtiendo de que estos pagos podrían ser considerados ayudas de Estado ilegales y de que los litigios entre dos países de la Unión deben resolverse bajo el derecho comunitario, no mediante arbitrajes internacionales. De hecho, el pasado 10 de marzo, Bruselas bloqueó el pago de 101 millones al fondo Antin Infrastructure Services y ordenó a España que se asegurara de que no se produjera ningún abono ni ejecución de ese laudo.
Sin embargo, el embargo de Bélgica a España ignora esa línea. Los jueces belgas han decidido aplicar la lógica de la ejecución de sentencias arbitrales y han autorizado el bloqueo de fondos españoles pese a la oposición de la Comisión Europea. Consideran que se trata de una vía legítima para garantizar el cobro de las deudas.
Cómo se han bloqueado casi 500 millones de euros
La clave del embargo de Bélgica a España está en Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea. Esta institución, con sede y cuentas bajo jurisdicción belga, realiza pagos periódicos a Enaire, el proveedor estatal español de servicios de control aéreo.
Los fondos demandantes, asesorados por el despacho Cuatrecasas, pidieron a los tribunales belgas que interceptaran esos pagos antes de que llegaran a España. Ya en septiembre una filial del grupo japonés Toyota, Eurus Energy, consiguió bloquear 207 millones con esta estrategia. Ahora OperaFund ha logrado otros 30,8 millones, hasta alcanzar los 482,4 millones actualmente congelados dentro del embargo de Bélgica a España.
Aunque el embargo de Bélgica a España no implica todavía una pérdida definitiva del dinero, sí supone que esos fondos quedan fuera del control del Estado mientras duren los procedimientos. A diciembre de 2025, la deuda pendiente con las 27 empresas afectadas por los recortes ascendía a 1.754,7 millones de euros. A eso se suman casi 300 millones en intereses y más de 238 millones en costas y gastos legales. En total, 2.292 millones.
El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que, de los 10.635 millones reclamados en 51 arbitrajes, España solo ha perdido en torno al 7% de los casos. Bruselas confía en que la jurisprudencia europea acabe imponiéndose y frene el embargo. Pero, mientras tanto, los bloqueos siguen acumulándose y tensando las finanzas públicas.