El pasado 20 de mayo, el Gobierno arrojó algo de luz sobre una cuestión que preocupa a los más de tres millones de empleados públicos en España: el pago de la subida salarial del 0,5% pendiente de 2024. Fue Óscar López, ministro de Transformación Digital y de Función Pública, el encargado de lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que los empleados públicos recibirían “en breve” la subida salarial correspondiente a 2024, que aún no ha sido abonada.
Han pasado cinco semanas y el complemento salarial –una media de 166 euros por persona, según las estimaciones de CSIF- sigue pendiente. Si el Ejecutivo, al igual que hizo el año pasado, quiere cumplir con los trabajadores públicos antes de que finalice el primer semestre del año, el Consejo de Ministros del 24 de junio es su última oportunidad. Esta subida del 0,5% pendiente forma parte del acuerdo alcanzado con UGT y CCOO para el periodo 2022-2024, que incluía una cláusula de revisión salarial vinculada a la evolución del IPC armonizado.
Casi 500 millones de euros de 2024
Según los cálculos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Gobierno adeuda casi 500 millones de euros a los empleados públicos en concepto de atrasos de 2024. Esta subida afecta a funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público, que trabajan para las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Administración Central.
Asimismo, el Ejecutivo debe abordar la negociación para establecer el nuevo acuerdo marco que revalorice los salarios de los trabajadores públicos este año 2025 y siguientes. Esta negociación aún no ha comenzado y, como advierten a Artículo14 fuentes de CSIF, en lo que va de año, el Gobierno adeuda una subida mínima del 1,9% hasta mayo para acompasar los sueldos al IPC.
Negociación pendiente
En este caso, la revalorización media por categorías ronda los 42 euros. De esta forma, esta partida superaría los 126 millones de euros. “El Gobierno está reteniendo 624 millones a los funcionarios públicos”, subrayaron las mismas fuentes.
Desde CCOO y UGT, tampoco se entiende que el Gobierno esté demorando el abono de los atrasos del 0,5% y no se haya abierto aún la mesa de negociación. Recuerdan que también debe darse una solución que permita recuperar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral y su plena implantación al personal funcionario.
Estos sindicatos recalcan que la mejora de las condiciones de trabajo es una forma de reconocer su profesionalidad: “En la necesaria transformación del país, es primordial situar al conjunto de las Administraciones Públicas como referente de unos servicios públicos garantes del estado de bienestar e igualdad de oportunidades que demanda y requiere la ciudadanía”.
Nueva convocatoria de empleo público
Entretanto, el Ministerio de Función Público y los sindicatos están inmersos en la negociación de la nueva convocatoria de oferta de empleo público (OEP) de este año. De momento, el Ejecutivo sigue sin ofrecer a las organizaciones sindicales una cifra de las plazas que ofertarán y ha emplazado a una nueva reunión el 25 de junio. Una probabilidad que barajan algunas fuentes próximas a los sindicatos es que pueda alcanzarse un acuerdo en breve y que el Consejo de Ministros del próximo 1 de julio dé luz verde a la subida pendiente y las nuevas plazas de empleo público.
En este nuevo encuentro, el segundo desde que hace menos de una semana se produjera la primera reunión, las organizaciones sindicales confiaban en que el Ministerio encabezado por Óscar López ofreciera una cifra de las plazas que convocarían para la OEP de 2025, tras asegurar Función Públicas que serían unas cifras “muy parecidas” a las de las plazas ofertadas el año pasado, informa Europa Press.
Pérdida de 22.000 efectivos en 2024
Los sindicatos criticaron que el encuentro concluyera sin que el Ministerio cuantificara las plazas que ofrecerá en la nueva OEP, después de que el Gobierno aprobara el año pasado una oferta de empleo público que constó de un total de 40.146 plazas, de las que 31.465 plazas se destinaron a la Administración General del Estado (AGE).
“El único dato aportado es que se han perdido 22.000 efectivos el año pasado, prácticamente los equivalentes a todo el empleo amortizado en la última década, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas. Este dato obliga a realizar un análisis en profundidad de las plantillas, porque no solo se trata de crear empleo neto, sino de solventar las necesidades de los ámbitos más necesitados de esta Administración”, advirtió CSIF.
Tasa adicional para el País Vasco
Este sindicato rechazó la incorporación de una tasa adicional para el País Vasco, en concreto para el ámbito de la justicia, en la próxima OEP. A su juicio, la iniciativa supondrá “una discriminación” para el resto de administraciones, ya que podrán reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios. “CSIF ya se opuso a esta cuestión cuando el PSOE y el PNV la incluyeron en los acuerdos de investidura, donde también se abría la posibilidad a que la comunidad autónoma aprobara incrementos en las retribuciones de sus empleados públicos por encima de los previsto en los Presupuestos Generales del Estado”, señaló en un comunicado.
A la espera de que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar ya la subida de este año, el cronómetro corre contrarreloj si el Ejecutivo quiere cumplir su compromiso de aprobar “en breve” los atrasos pendientes en las nóminas y llegar antes de que finalice el primer semestre.