La reducción de la jornada laboral se enfrenta a su enésimo obstáculo. Lo que parecía un trámite parlamentario con fecha fija, el debate de las enmiendas a la totalidad previsto para el 22 de julio, ha quedado suspendido sin fecha definitiva.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha emitido un comunicado en el que, en colaboración con Junts —según sostienen desde el entorno de la vicepresidenta—, se pospone el debate hasta el próximo periodo de sesiones. Un nuevo revés que aleja la posibilidad de que la reducción de la jornada laboral esté aprobada antes de que finalice el año, como figuraba en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.
El bloqueo de Junts ha sido el detonante
El principal escollo para sacar adelante la reducción de la jornada laboral está en la negativa de Junts, cuyo veto amenaza con enterrar el proyecto en su fase inicial. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que hay dos razones para este aplazamiento.
Por un lado, el clima político, contaminado por escándalos de presunta corrupción que afectan al PSOE, y que habría desvirtuado el debate al convertirlo en un juicio al Gobierno más que en una discusión técnica. Por otro, parece ser que Junts ha pedido más tiempo para negociar, aunque el partido de Puigdemont no ha confirmado oficialmente esta versión.
Según el comunicado difundido por Trabajo, Junts ha insistido en que la reducción de la jornada laboral debe ser una oportunidad para las pymes y no un freno a su actividad. El texto señala que los independentistas quieren “proteger a las pymes, autónomos y trabajadores de Cataluña” y solo apoyarán una ley que nazca del consenso, recoja sus demandas y permita un desarrollo empresarial sin trabas. El mensaje es claro: si no hay acuerdo, no habrá ley. Y, por el momento, ese consenso parece más lejano que nunca.
La reducción de la jornada laboral no solo se ha topado con obstáculos recientes. La negociación con Junts lleva meses en punto muerto. Aunque Yolanda Díaz ha mantenido contactos constantes con el partido independentista, sus posiciones han sido tajantes tanto en privado como en público. La formación considera que la medida perjudica gravemente al tejido empresarial catalán. Y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Un sector con el que Junts trata de recomponer puentes tras los años convulsos del procés.
¿Qué supondría esta “derrota parlamentaria” de la medida?
En mayo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzó uno de los discursos más duros contra la reducción de la jornada laboral. En sede parlamentaria, aseguró que Cataluña no es “un pueblo de subvenciones” ni de “vagos”. Y que, si depende de su partido, la norma “nunca va a ver la luz”. Su alegato a favor de la “cultura del esfuerzo” y contra lo que calificó de “mendicidad horaria” dejó claro que el rechazo de Junts no era coyuntural, sino ideológico. Desde entonces, el tono se ha suavizado. Pero el fondo permanece intacto.
Pese a los mensajes de optimismo que sigue transmitiendo el Ministerio de Trabajo, la realidad es que las expectativas en torno a la reducción de la jornada laboral se han ido enfriando. El Gobierno empieza a preparar a la opinión pública para una posible derrota parlamentaria. En las últimas semanas, fuentes cercanas a Díaz han comenzado a hablar de la posibilidad de que Junts tumbe la medida. Aunque matizan que, incluso en ese caso, la ministra saldría reforzada ante su electorado. “A veces una derrota parlamentaria es una victoria política”, deslizan.
Con el debate postergado al siguiente periodo de sesiones —es decir, ya entrado el otoño—, los plazos se estrechan peligrosamente. La reducción de la jornada laboral requeriría todavía de un intenso trámite parlamentario para estar lista antes de fin de año. Pero con la tensión política al alza, el calendario electoral en el horizonte y las resistencias de algunos sectores económicos, el riesgo de que la norma quede enterrada es cada vez mayor.