La huelga indefinida de los socorristas de las playas de Barcelona, iniciada el 1 de agosto de 2025, entró en su segunda semana sin que se produjeran avances significativos en las negociaciones. El colectivo, representado por el sindicato CGT, reclamó mejores condiciones laborales al Ayuntamiento, incluyendo la ampliación de la plantilla, la extensión de la temporada y la mejora de infraestructuras y recursos.
El jueves, los trabajadores cumplieron catorce días de paro y denunciaron que “la situación sigue estando estancada”. El delegado del Comité de Empresa, Nahuel Cabrera, pidió una nueva mediación “con personas con capacidad técnica y poder de decisión” y lamentó que, hasta ahora, las propuestas recibidas fueran “irrisorias”. Cabrera defendió que la creciente promoción de actividades náuticas, como el paddle surf, justificaba la ampliación de la temporada de playa y advirtió que cada vez menos personas se planteaban trabajar como socorristas debido a las condiciones actuales, lo que deterioraba el servicio.
El conflicto tuvo un nuevo intento de resolución el 12 de agosto, cuando se celebró la segunda reunión de mediación convocada por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, con participación del Ayuntamiento, la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente y los representantes sindicales. Sin embargo, la reunión concluyó sin acuerdo. Según el sindicato, “ni la empresa FCC ni el Ayuntamiento han llevado ninguna propuesta seria que frene nuestras convicciones”.
Entre las reivindicaciones, los socorristas exigieron un convenio propio que regule sus condiciones, la ampliación de la temporada laboral a cinco meses —del 1 de mayo al 30 de septiembre—, el aumento de personal en temporada baja de 30 a 40 trabajadores, así como la mejora de la formación, los recursos y la rehabilitación de los locales en las playas.
Mientras tanto, las playas operaron con servicios mínimos del 50 %, lo que obligó a cubrir la totalidad del litoral con la mitad de la plantilla, afectando a la integridad de los trabajadores y, según Cabrera, vulnerando indirectamente el derecho a la huelga. Esta situación se agravó por la ola de calor, que incrementó la afluencia de bañistas y el riesgo de incidentes.
El teniente de alcalde de seguridad y alcalde accidental, Albert Batlle, aseguró que “no hay desatención en situaciones de emergencia” y descartó el cierre de playas. Expresó su confianza en que la mediación desbloqueara el conflicto, aunque reconoció que los avances eran mínimos.
La prolongación del paro generó incertidumbre entre bañistas y turistas, con banderas amarillas ondeando en muchas playas y casetas de salvamento cerradas. Los socorristas reiteraron que no pondrían fin a la huelga hasta que se atendieran sus demandas esenciales, advirtiendo que la seguridad de los usuarios debía ser la prioridad.