El largo conflicto en torno a las pinturas de Sijena acaba de entrar en una fase decisiva. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca ha fijado un plazo máximo de 56 semanas para que el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el MNAC, ejecute el desmontaje y el traslado de los murales del monasterio aragonés. Traducido al calendario, eso sitúa la devolución antes de junio de 2027, en cumplimiento de la sentencia firme ratificada ya por el Tribunal Supremo.
La resolución no solo pone fecha al regreso de las pinturas de Sijena, sino que también aclara quién debe asumir cada parte del proceso. El juzgado establece que el desmontaje y el transporte corren a cargo del MNAC, tanto en la responsabilidad material como en el coste económico, mientras que la instalación definitiva en el monasterio corresponderá a las instituciones aragonesas. Además, la jueza exige que el museo catalán documente de forma fehaciente el cumplimiento de cada fase del cronograma.
Un plazo intermedio entre Aragón y Cataluña
Uno de los puntos clave de la resolución judicial ha sido precisamente el calendario. Aragón defendía que el retorno de las pinturas de Sijena podía completarse en 28 semanas, mientras que la propuesta catalana elevaba el proceso a 64. La jueza ha optado por una solución intermedia: 56 semanas. Según explicó el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, se ha querido conceder “el mayor marco temporal” posible para facilitar el arranque de los trabajos, aunque al mismo tiempo se han recortado ocho semanas respecto al plan planteado por el MNAC.
Esa reducción no es un detalle menor. Para el Ejecutivo aragonés supone, además, un reconocimiento implícito a los estudios técnicos realizados por sus especialistas, que sostienen que los componentes químicos de las pinturas siguen en una situación estable y que ni el incendio histórico ni el paso del tiempo han alterado de forma decisiva su viabilidad para el traslado. La justicia, en otras palabras, da por bueno que el regreso de las pinturas de Sijena es técnicamente posible si se adoptan las medidas adecuadas.
El juzgado rechaza más dilaciones del MNAC
La nueva resolución llega después de meses de fricción institucional y de una resistencia muy visible por parte del MNAC, que había insistido en la extrema fragilidad de las obras y en el riesgo de un daño irreversible. De hecho, la jueza rechazó una petición del museo para recabar un informe adicional del Instituto del Patrimonio Cultural de España, al considerar que no era necesario en esta fase del procedimiento. La resolución, por tanto, refuerza la idea de que ya no estamos en el terreno del debate abstracto, sino en el de la ejecución de una sentencia firme.
El auto va incluso más allá. En caso de incumplimiento por parte del MNAC, el Gobierno de Aragón quedará facultado para ejecutar la devolución a costa del museo catalán. Es una advertencia de peso, porque busca cerrar la puerta a nuevos retrasos o maniobras dilatorias en uno de los litigios patrimoniales más largos y enconados de las últimas décadas en España.
Un conflicto que desborda lo artístico
Hablar de las pinturas de Sijena ya no es solo hablar de patrimonio. Es hablar también de memoria histórica, de identidad territorial, de relaciones entre instituciones y de una batalla judicial que lleva años cargándose de tensión política. Estas pinturas murales del siglo XII decoraban la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena y fueron trasladadas a Barcelona en 1936 tras un incendio durante la Guerra Civil. Desde entonces, su restitución ha sido reclamada por Aragón y discutida con intensidad en los tribunales.
No es extraño, por tanto, que el lenguaje político alrededor del caso siga siendo tan duro. Olloqui ha llegado a afirmar que “ya no es momento de más enredos, es momento de cumplimiento y de acreditación documental y fehaciente del cumplimiento”. Desde sectores próximos a Sijena se ha cargado con dureza contra las acusaciones lanzadas desde Cataluña sobre una supuesta destrucción del patrimonio. El clima sigue siendo áspero, pero la resolución judicial intenta desplazar el foco desde la disputa al cumplimiento efectivo.