Hace más de treinta años, Estados Unidos llevó a cabo un arresto que marcó un precedente jurídico de alcance global: la captura del dictador panameño Manuel Noriega. Hoy, ese caso vuelve a escena como posible hoja de ruta para entender el futuro judicial de Nicolás Maduro, tras su detención en una operación militar y su traslado a jurisdicción estadounidense. La historia no se repite de forma exacta, pero rima. Y en esa rima se juegan los argumentos clave del proceso contra Maduro.
Al igual que el dictador venezolano, Noriega fue acusado de participar en una red de narcotráfico a gran escala con destino a Estados Unidos. Y, como ocurre ahora con Nicolás Maduro, el arresto de Noriega se produjo en su propio país. En el marco de una operación militar que desató una intensa batalla legal sobre jurisdicción, inmunidad y derecho internacional.
El precedente Noriega y la jurisdicción estadounidense
Tras su captura en 1989, los abogados de Noriega desplegaron una defensa agresiva. Alegaron que el Gobierno de George H. W. Bush había violado el derecho internacional al invadir Panamá y detener a un líder extranjero. Sostuvieron, además, que Noriega gozaba de inmunidad como jefe de Estado. Ninguno de esos argumentos prosperó. Noriega fue juzgado, condenado en 1991 y sentenciado a cuarenta años de prisión.
Ese precedente pesa hoy sobre Nicolás Maduro. Según Steve Vladeck, profesor de Derecho en Georgetown consultado por CNN, el mandatario venezolano “probablemente presentará una serie de objeciones importantes al proceso”. Muy similares a las planteadas por Noriega. El caso del dictador venezolano, advierten expertos en CNN, abrirá debates constitucionales y de derecho internacional poco frecuentes en los tribunales estadounidenses.
La legalidad del arresto y el “cómo” no invalida el juicio
Uno de los pilares del precedente Noriega fue la negativa de los tribunales a evaluar la legalidad de la invasión en sí. Como recordó Clark Neily, del Cato Institute, los jueces federales sostuvieron que la forma en que un acusado llega ante un tribunal —incluso por la fuerza y desde el extranjero— no anula la jurisdicción penal. Esa doctrina, conocida en la práctica judicial estadounidense, podría aplicarse también al caso reciente del dictador venezolano.
Si la defensa de Nicolás Maduro argumenta que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, los fiscales disponen de jurisprudencia sólida para rebatirlo. Incluso podrían apoyarse en un memorando de 1989 del Departamento de Justicia, firmado por William Barr, que defendía la autoridad constitucional del presidente para ordenar detenciones en el extranjero, aun vulnerando el derecho internacional. Un texto polémico, pero vigente en el debate legal.
La inmunidad, el escollo más complejo para Nicolás Maduro
Donde el camino se vuelve más incierto es en la cuestión de la inmunidad. Como explica Vladeck en CNN, este será el argumento “más difícil” para los fiscales en el caso de Nicolás Maduro. La defensa podría alegar inmunidad por su condición de jefe de Estado. O, alternativamente, sostener que los delitos imputados derivan de actos oficiales realizados bajo autoridad gubernamental.
En el caso Noriega, los tribunales se apoyaron en dos factores:
- La decisión del poder ejecutivo de no reconocerle inmunidad
- La “naturaleza claramente ilegal” de los actos imputados
Pero existe una diferencia crucial con Nicolás Maduro. En 1989, el Departamento de Estado no reconocía a Noriega como jefe de Panamá. Y en el caso venezolano, el Departamento de Justicia ha calificado a Nicolás Maduro como “gobernante de facto pero ilegítimo”. Una formulación que podría ser decisiva.
La experiencia de Noriega sugiere que los tribunales estadounidenses están dispuestos a avanzar incluso en escenarios jurídicos complejos. Sin embargo, el caso de Nicolás Maduro añade capas políticas y diplomáticas inéditas. Desde luego, el proceso no será sencillo. Especialmente, en lo que respecta a los cargos directos.