En una Corte Suprema dominada por una mayoría conservadora, tres voces se han alzado con fuerza y convicción para defender uno de los principios más sagrados del ideal estadounidense: el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson—las únicas mujeres liberales en el alto tribunal—dijeron “no” a una medida que, de aprobarse sin limitación, pondría en peligro la ciudadanía de cientos de miles de niños nacidos en suelo estadounidense.
La decisión del tribunal, dividida en 6-3, no abordó directamente la constitucionalidad del decreto del presidente Donald Trump, que intenta negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visado temporal. Sin embargo, sí restringe el alcance de las medidas judiciales que impiden que estas políticas se apliquen a nivel nacional. Para muchos, fue una victoria técnica para Trump. Para las juezas disidentes, fue una amenaza directa a la igualdad, a la Constitución y a la dignidad humana.
El trío de juezas del Supremo
Sonia Sotomayor, hija de puertorriqueños, nacida en el Bronx, es la primera mujer latina en servir en la Corte Suprema. A lo largo de su carrera ha sido ardiente defensora de los derechos civiles. En su enérgica disidencia, Sotomayor se apresuró a escribir tras la decisión de la Corte Suprema que las políticas de Trump son “de forma patente inconstitucionales” y criticó duramente a la mayoría conservadora por “jugar” con los principios básicos de la justicia. “El Gobierno ni siquiera intenta ocultar su cinismo”, escribió. Para ella, el intento de anular la ciudadanía por nacimiento no es solo una disputa legal; es un ataque al corazón del país. Su mirada no es puramente técnica o judicial, sino también humana, empática, profundamente consciente de lo que significa pertenecer, especialmente para quienes siempre han sido empujados a los márgenes.
Elena Kagan, con formación en derecho constitucional en Harvard y una trayectoria marcada por el compromiso institucional, ha sido considerada una voz moderada dentro del ala liberal. Sin embargo, su firme respaldo a la disidencia en este caso demostró que hay líneas que no está dispuesta a cruzar. Para Kagan, limitar el acceso a la ciudadanía sin una base legal clara es abrir la puerta al caos jurídico y a la discriminación sistemática.
Ketanji Brown Jackson, la más reciente incorporación a la Corte y la primera mujer afrodescendiente en ocupar un escaño en el tribunal, destacó en su disidencia que la decisión de la mayoría representa “una amenaza existencial al Estado de derecho”. Como ex defensora pública y jurista con una trayectoria centrada en los derechos individuales, su postura refleja una preocupación muy concreta: que el poder judicial se convierta en cómplice del Ejecutivo al dejar pasar políticas abiertamente violatorias de la Constitución.
Un enfoque femenino de la Justicia
La disidencia de estas tres mujeres no es simplemente un desacuerdo legal. Representa una visión diferente del papel del Estado, la ciudadanía y el poder. Mientras que la mayoría conservadora —liderada por la jueza Amy Coney Barrett— argumentó que los jueces no deben exceder su jurisdicción al emitir órdenes de alcance nacional, las tres juezas progresistas enfocaron su oposición en los impactos humanos de la política en cuestión. En otras palabras, mientras unos veían “equilibrio de poderes”, ellas vieron rostros de niños nacidos en hospitales estadounidenses, hijos de trabajadores migrantes, estudiantes internacionales, personas refugiadas. Vieron la posibilidad de una niñez sin patria, de ciudadanos por nacimiento obligados a vivir con la incertidumbre de ser considerados extranjeros en el país que los vio nacer.
El enfoque femenino aquí no es una cuestión de género por sí misma, sino una forma distinta de ejercer el poder judicial con sensibilidad a la experiencia de vida.
Ser apátrida en tu propio país
Desde 1868, la Enmienda 14 de la Constitución de EE UU garantiza que toda persona nacida en suelo norteamericano es ciudadana, sin importar la nacionalidad o estatus legal de sus padres. Este principio ha sido una piedra angular del derecho estadounidense, especialmente importante para comunidades inmigrantes, afroamericanas y otras minorías.
Sin embargo, la nueva orden ejecutiva de Trump busca reinterpretar este derecho, limitando la ciudadanía sólo a quienes tengan al menos un padre ciudadano o residente permanente. Aunque aún no ha sido plenamente implementada, la Corte Suprema abrió la puerta a que comience a aplicarse en más de la mitad del país, al permitir que las órdenes judiciales que la bloquearon no tengan efecto nacional.
Para muchas mujeres —en especial madres inmigrantes—esta decisión judicial no es una cuestión lejana ni abstracta. Se trata del futuro de sus hijos, de su estatus legal, de su derecho a formar parte de un país.
En un sistema judicial frecuentemente acusado de estar desconectado de la realidad social, la presencia de juezas como Sotomayor, Kagan y Brown Jackson ofrece un rayo de esperanza. Son figuras que entienden que el derecho no se aplica en el vacío, sino en contextos cargados de desigualdad, racismo estructural y tensiones políticas. Su voto en contra de limitar la ciudadanía por nacimiento representa la resistencia de quienes, desde el poder judicial, se niegan a ser cómplices de una política que, en palabras de Sotomayor, “juega con los derechos fundamentales como si fueran fichas de ajedrez”.
¿El fin de la ciudadanía por nacimiento?
El futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos aún no está sellado. La decisión del tribunal no fue definitiva en cuanto a la constitucionalidad de la medida. Lo que sí hizo fue debilitar una herramienta crucial: las órdenes judiciales nacionales que impiden que políticas inconstitucionales se apliquen antes de que puedan ser plenamente revisadas.
En su disidencia, Sotomayor instó a las cortes inferiores a moverse con rapidez, y a los padres y madres afectados a organizarse, a demandar, a actuar. “Los padres de niños cubiertos por la orden de ciudadanía deberían presentar demandas colectivas lo antes posible”, escribió. Es un llamamiento claro, firme, directo: no basta con disentir; hay que defender activamente lo que es justo.
Sotomayor, Kagan y Brown Jackson no están solas. Representan a millones de mujeres en Estados Unidos y el mundo que entienden que la justicia debe ser más que un ideal: debe ser una realidad palpable, concreta, equitativa. Su voto disidente es, al mismo tiempo, un acto de valentía y una promesa: que mientras existan mujeres en el poder dispuestas a alzar la voz, los derechos no serán entregados sin lucha. Y en esa lucha, las mujeres—madres, hijas, abogadas, juezas—seguirán siendo las primeras en decirle a Trump que esto no es justo. Y no lo vamos a permitir.