En un momento histórico en la historia de la UE, uno de sus países ha anulado los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La decisión ha sido tomada por el Tribunal Constitucional de Rumanía, días antes de que se celebrase la segunda vuelta. El fallo establece que el proceso electoral debe ser reiniciado por completo, incluyendo una nueva campaña, tras detectar posibles irregularidades graves vinculadas a una presunta operación de influencia extranjera.
El desencadenante principal de esta decisión fue la publicación de documentos de inteligencia desclasificados por el gobierno rumano. Estos documentos revelaron que miles de cuentas en redes sociales, supuestamente vinculadas a Rusia, promovieron al candidato de extrema derecha y sin partido, Călin Georgescu. Georgescu había sorprendido al país al ganar la primera vuelta con un 23% de los votos, frente al 19% obtenido por su rival Elena Lasconi, del partido opositor Unión Salvar Rumanía.
Interferencia por todas partes
El fallo judicial se produce después de una primera medida adoptada por el tribunal, que había ordenado un recuento de los votos debido a acusaciones de que la plataforma TikTok favoreció al candidato ultranacionalista. La empresa, no obstante, declaró que era “categóricamente falso” que hubiera dado trato preferencial a Georgescu. A pesar de ello, las nuevas pruebas sobre injerencia extranjera llevaron al tribunal a concluir que los resultados estaban “manifiestamente distorsionados”.
El Primer Ministro rumano, Marcel Ciolacu, apoyó la decisión judicial y la calificó como “la única solución justa”. Según sus palabras, “la votación de los rumanos fue descaradamente distorsionada como resultado de la intervención de Rusia”. A partir de ahora, el gobierno deberá definir un nuevo calendario electoral, lo que incluye rehacer todo el proceso desde la primera vuelta, conforme lo estipula la ley electoral del país.
El anuncio ha generado reacciones polarizadas en la esfera política rumana. Mientras el candidato ultranacionalista Georgescu afirmó que el “sistema político tradicional” busca bloquear su ascenso, su rival, Elena Lasconi, calificó la decisión como “un atropello a la democracia”. En sus palabras, “hoy es el momento en que el estado rumano ha pisoteado la democracia”.
El contexto geopolítico también añade gravedad a la situación, dado que Georgescu ha sido acusado de mantener posiciones contrarias a la OTAN y a la UE, además de proponer el fin de la ayuda a Ucrania. Estas posturas han alarmado a sectores proeuropeos en Rumanía, donde miles de manifestantes se reunieron en Bucarest para expresar su rechazo a lo que perciben como un intento de Rusia de influir en la política del país.
El tribunal también desestimó alegatos de otros candidatos que acusaron a Georgescu de financiamiento ilegal durante su campaña. A pesar de que el candidato declaró no haber gastado nada, las acusaciones sobre operaciones de influencia a través de redes sociales siguen generando controversia y plantean preguntas sobre la transparencia electoral en el país.