El Gobierno italiano dirigido por la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, acaba de blindar en la Cámara de Diputados, y se espera que se apruebe de forma definitiva en unos días en el voto del Senado, a una norma que prevé la entrada de las denominadas asociaciones provida en los centros de asesoramiento a los que acuden las mujeres que quieren abortar. Sale de una enmienda, presentada por un diputado del partido de la primera ministra, que establece que las clínicas de consulta pueden recurrir al uso de “sujetos del tercer sector que tengan cualificada experiencia en el apoyo a la maternidad”. Esta medida se incluye, además, en un decreto que vincula su financiación a los fondos del Recovery Fund.
La noticia ha generado el enfado de la oposición en Italia que ha acusado a Meloni de ir en contra del derecho de las mujeres italianas a abortar. De hecho, la líder del PD Elly Schlein ha expresado que “este es un derecho aun enormemente negado en nuestro país, en todos los sitios donde gobierna la derecha la 194 está siendo obstaculizada”. Por su parte, el Movimiento Cinco Estrellas dice que “es la enésima ofensa a los derechos de las mujeres y a su autodeterminación”. Pero no son los únicos, algunas asociaciones que velan por el derecho de las mujeres a abortar han expresado también su desacuerdo.
Ambigüedad
El hecho es que la norma, escrita de forma vaga, no permite interpretar cómo será valorada la idoneidad de estas asociaciones y, es precisamente en esa ambigüedad, donde parece que el Ejecutivo italiano podría dar entrada a estas asociaciones. Siendo así, las regiones tendrán la posibilidad de incluir asociaciones que podrían intentar disuadir a las mujeres que tienen intención de abortar en el proceso, previsto por la ley, de las clínicas de consulta. Les abre la puerta a estos lugares, los denominados consultorios, que son fundamentales en el proceso del aborto en Italia.
La Ley 194 ya prevé la presencia del tercer sector en las clínicas de consulta, creadas en 1975, pero la gran diferencia es que hasta ahora era solo una ayuda para las mujeres que decidían seguir adelante con su embarazo. Pero, con este enmendamiento, se abre completamente otro escenario: la presencia de asociaciones provida podrían poner en marcha actividades disuasorias enmascaradas en un asesoramiento y, además, herramientas que estos grupos han defendido, como la escucha del latido del corazón del feto. Idea que, de hecho, se encuentra ya en una propuesta que está siendo estudiada paralelamente en la Cámara. La iniciativa se ha llamado “un corazón que late” ha llegado a las instituciones tras reunir 106 firmas y será discutida en una comisión parlamentaria.
“Por desgracia, sí”
La primera ministra italiana Giorgia Meloni sabía, desde que fue elegida hace un año y medio, que no podía tocar la ley del aborto en Italia, conocida como Ley 194. El consenso social sobre esta norma que se aprobó en 1978 legalizando la interrupción del embarazo era, y es, muy difuso. Enfrentarse a esta ley suponía enfrentarse a una gran parte de la población. Pero, para compensar y mantenerse en línea con su visión tradicional de la familia, nombró como Ministra de Familia, Natalidad e Igualdad a Eugenia Rocella, una mujer que en su juventud formó parte del ferviente movimiento feminista de los 70 en Italia, pero que, una década después decidió pasar al otro lado. Hoy es abiertamente antiabortista. En una ocasión respondiendo a la pregunta de si el aborto era un derecho de las mujeres, dijo: “Por desgracia, sí”.
De hecho una de las estrategias políticas que ha seguido Giorgia Meloni sobre este tema ha sido repetir siempre que su intención es hacer, simplemente, que se cumpla la Ley 194 de manera plena. Idea que recoge, en este caso concreto, el portavoz de Provita & familia Onlus, una asociación antiabortista, que ha dicho en los últimos días que la enmienda recalca algo de lo que el artículo 2 de la ley del aborto en Italia ya decía. De hecho la presencia de estas asociaciones en algunas regiones no es nueva: en Piamonte, gobernada por la derecha, en 2022 se destinaron 400 mil euros a asociaciones en contra del aborto.
¿Qué dice exactamente la ley 194?
La ley, que entró en vigor en 1978, legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo antes de los 90 días. Lo hacía con una serie de condiciones y servicios diseñados a medida. La presencia de las clínicas de consulta, que se establece en el artículo 2, prevé ofrecer información de diferente tipo, como los derechos laborales o el uso de anticonceptivos. De hecho, uno de los puntos de este artículo dice que estos servicios contribuyen “a superar las causas que podrían inducir a la mujer a la interrupción del embarazo”.
Un matiz que ha permitido a los miembros del partido de Giorgia Meloni salir a defender la medida, justificando que las asociaciones estarían amparadas por esta frase que forma parte de la ley desde el 78, y que la inmieda solo refureza la ley del aborto italiana. “De hecho, las asociaciones italianas que luchan por el derecho al aborto, no dicen que la Ley 194 no haya que tocarla, al contrario, dicen que va mejorada para hacerla más fuerte, y para que la entrada de este tipo de asociaciones que intentan disuadir a las mujeres con diferentes prácticas como escuchar el latido del feto, no puedan pasar el Parlamento”, explica la periodista especializada en género Nicoletta Labarile.
