En los conflictos armados del siglo XXI, la violencia ya no se detiene en las trincheras ni distingue entre combatientes y civiles. Tampoco respeta uno de los espacios que durante décadas se consideró intocable: el parto. Dar a luz en zonas de guerra se ha convertido, cada vez más, en una experiencia marcada por el riesgo, el desplazamiento forzoso y la ausencia de atención médica básica. Mujeres embarazadas y recién nacidos figuran hoy entre las víctimas más expuestas de una violencia que ya no es colateral.
Una investigación reciente de The Guardian documenta un patrón que se repite en distintos escenarios bélicos: ataques a hospitales, maternidades y centros de atención perinatal en lugares como Gaza, Ucrania o Sudán. Desde 2022 se han registrado más de un centenar de ataques directos contra instalaciones sanitarias vinculadas a la atención al parto, según datos recopilados por organismos humanitarios y agencias de la ONU. Las consecuencias son inmediatas: mujeres obligadas a parir en refugios improvisados, bebés nacidos sin asistencia médica y sistemas de salud colapsados durante años.
“Una forma de diezmar y desmoralizar a la población”
Lejos de tratarse de daños accidentales, estos ataques responden a una lógica que tiene una lectura clara desde la perspectiva de género. “Las mujeres embarazadas o con bebés son especialmente vulnerables porque tienen más difícil desplazarse o huir y porque dependen en mayor medida de asistencia médica”, explica Rosa Márquez, doctora en Estudios de Género, en conversación con este perióidco. A su juicio, el incremento de la violencia contra infraestructuras civiles “no parece un error táctico”, sino “una forma de diezmar y desmoralizar a la población”.
El impacto va mucho más allá de la pérdida inmediata de vidas. Atacar el parto implica atacar el futuro de una comunidad. “Los ataques a mujeres y recién nacidos son una forma encubierta de limpieza étnica y un castigo colectivo”, sostiene Márquez. La destrucción de maternidades y hospitales convierte la vida cotidiana en algo inviable y empuja a miles de familias a abandonar sus hogares. El desplazamiento forzoso, advierte, es una consecuencia directa de esta violencia.
Los testimonios recogidos en Gaza por organizaciones humanitarias ilustran ese colapso: mujeres que dan a luz entre escombros, partos sin anestesia ni material básico, o bebés prematuros sin incubadoras. Incluso tras los altos el fuego, la escasez de medicamentos y personal especializado mantiene una mortalidad materna y neonatal elevada.
A esta violencia se suma un segundo problema estructural: la impunidad. “Las principales barreras son la falta de voluntad política, que fomenta la impunidad de los agresores, y la dificultad de acceso de observadores independientes a las zonas de guerra”, señala Márquez. La mayoría de los crímenes contra civiles, subraya, “no se investigan ni se juzgan”, lo que deja a las víctimas sin reparación y hace que continúe el ciclo de violencia.
Es cierto que las organizaciones internacionales desempeñan un papel esencial en la documentación y denuncia de estos ataques, pero su capacidad de actuación es limitada. “Su papel es clave, tanto para la prevención como para la denuncia de crímenes de guerra, pero está condicionado por la falta de voluntad política de los Estados y por los propios límites del derecho internacional”, apunta la experta. Aun así, son muchas veces las únicas que consiguen mantener registros, recoger pruebas y dar visibilidad a lo que ocurre fuera del foco mediático.
Las voces de denuncia, femeninas
No es casual, añade Márquez, que algunas de las voces más firmes en esta denuncia sean femeninas. Cita el trabajo de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, cuyas investigaciones sobre Gaza han generado tensiones diplomáticas. “En lugar de valorar su trabajo, se la ha sancionado y tratado como una amenaza”, recuerda.
Paradójicamente, mientras las mujeres sostienen la atención sanitaria, el cuidado y la salud mental en contextos de guerra, su presencia en los procesos de paz sigue siendo marginal. “Las mujeres son una pieza clave y hay que tenerlas en cuenta”, afirma Márquez, recordando que gracias a juezas como Elizabeth Odio Benito o Patricia Wald la violencia sexual se reconoce hoy como arma de guerra. Sin ese impulso, muchos crímenes habrían quedado impunes.
Cuatro décadas después de que el derecho internacional humanitario estableciera la protección de la población civil como principio básico, los conflictos actuales muestran hasta qué punto esas normas se vulneran. Cuando los partos se convierten en objetivos y los hospitales en campos de batalla, la guerra deja de ser solo una disputa territorial para convertirse en una amenaza directa contra la vida misma. Y, en ese frente, las mujeres y los bebés siguen pagando el precio más alto.