La Unión Europea ha aplazado la votación sobre la propuesta española de conceder un estatus oficial a las lenguas catalana, vasca y gallega, lo que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones existentes entre los Estados miembros. La votación, prevista inicialmente para el martes, se retiró del orden del día a petición de una decena de países. A pesar de la intensa presión ejercida por Madrid, la falta de unanimidad entre los Veintisiete obligó a Polonia, que ostenta la presidencia de turno, a aplazar la decisión a una fecha posterior indeterminada.
“Espero que no tengamos que votar porque el tema no está maduro”, aseveró el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales a la agencia EFE, lo que no auguraba un buen pronóstico. Citó las “dudas jurídicas” planteadas por los servicios jurídicos comunitarios sobre la compatibilidad de la propuesta española con el artículo 55 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que define las lenguas de trabajo originales de la UE reconoce 24 lenguas (alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca).
España llevaba meses presionando a sus homólogos, ofreciéndoles una aplicación escalonada a partir de 2027 y prometiendo asumir los costes de traducción, estimados por la Comisión Europea en 132 millones de euros anuales, (44 millones cada una) basándose en la experiencia del gaélico. El plan español comenzaría con la traducción retroactiva de los reglamentos a partir de 2017, a la que seguirían directivas y otros textos legales.
La postura de Finlandia
Desde Helsinki, el Departamento de Asuntos de la UE del Gobierno de Finlandia, explica a Artículo14 que era “importante salvaguardar la diversidad lingüística en la Unión. Al mismo tiempo, sería la primera vez que una lengua regional sería aceptada como lengua oficial de la UE“.
El Gobierno finlandés añade que fueron “varios Estados miembros” los que “han pedido aclaraciones sobre las repercusiones financieras, jurídicas y prácticas de la propuesta“. En su opinión, “el asunto no está suficientemente maduro para tomar decisiones. Deberíamos seguir debatiendo a nivel técnico, de acuerdo con los procedimientos normales”.
Suecia, Austria y Chipre
Además de Finlandia, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguró este martes que “Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes”. En la misma línea, su homóloga austriaca, Claudia Plakolm, destacó que “aún hay cuestiones legales y sobre los costes”, un mensaje que también trasladaron Croacia y Hungría.
Mientras que la viceministra de Asuntos Europeos chipriota, Marilena Raouna, defendió la necesidad de que la propuesta “se haga de una forma legalmente sólida y que no cree un precedente”. Cabe recordar que Chipre teme que la minoría turca pueda reclamar la oficialidad de su idioma, por lo que es importante que no cree un precedente.
“La división es real, y no se trata sólo de costes”, indicó un diplomático de la UE bajo condición de anonimato. “Hay implicaciones políticas y estructurales que aún no estamos preparados para navegar”. Finalmente, habrían sido diez los países que apoyaron una moción para retirar la propuesta del orden del día de la votación.
Dinamarca y Eslovenia, a favor
Así, sólo Dinamarca y Eslovenia indicaron que habrían apoyado la iniciativa española si se hubiera sometido a votación.
Los documentos distribuidos entre los embajadores de la UE y revisados por POLITICO ya revelaban dudas persistentes y de gran alcance antes de la votación. Mientras que países como Bélgica, Portugal y Países Bajos expresaron su apoyo, pesos pesados como Francia, Alemania e Italia exigieron más claridad sobre las implicaciones financieras y legales.
Está muy extendido el escepticismo sobre la posibilidad de que España siga financiando indefinidamente los servicios de traducción, sobre todo teniendo en cuenta el actual presupuesto anual de 1.000 millones de euros de la UE para servicios lingüísticos. La perspectiva de sentar un precedente para otras lenguas minoritarias en Europa también es importante, ya que algunos funcionarios temen una expansión inmanejable de las lenguas oficiales de la UE.
Una promesa de Sánchez
Detrás del impulso español hay un cálculo político interno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, depende del apoyo del partido separatista catalán Junts per Catalunya y de otros partidos regionalistas para mantener una mayoría de gobierno en el Congreso español. Estos partidos han hecho del reconocimiento por la UE de sus lenguas una de sus principales reivindicaciones.
Por ahora, la propuesta española está congelada, pero no descartada. Aunque era un objetivo de España a cumplir durante la presidencia de turno de la UE de Polonia que termina este mes de junio. El retraso de la propuesta supone un segundo revés consecutivo para España, tras un intento fallido de elevar las lenguas a oficiales en 2023. Como no iba a tener unanimidad, los 27 optaron por aplazar la votación. La cuestión sigue siendo delicada, con un equilibrio entre la identidad nacional, los precedentes jurídicos y el compromiso de la UE con el multilingüismo.
El Gobierno español había echado toda la carne en el asador para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Según ha informado la prensa internacional en los últimos días, para asegurarse los votos, las autoridades españolas habían recurrido a todo tipo de incentivos y hasta amenazas. Algunos diplomáticos, en declaraciones al Financial Times, afirmaron que Madrid insinuó que el fracaso en el apoyo a la medida podría provocar una reevaluación de las contribuciones de defensa de España en Europa del Este. España tiene actualmente unos 600 soldados desplegados en Letonia en el marco de la presencia avanzada de la OTAN, así como patrullas aéreas en el Báltico y Rumanía. Con todo, el ministerio de Exteriores español ha rechazado estas acusaciones.
“Es una intimidación”, aseveró un diplomático familiarizado con las conversaciones entre bastidores. “Y es indignante en un momento como éste”, dijo en referencia a las crecientes tensiones con Rusia y a los llamamientos de la OTAN a la solidaridad entre aliados.