La renuncia de una supervisora del FBI en Minneapolis ha añadido un nuevo elemento de tensión a una cadena de episodios que han colocado nuevamente a esa ciudad en el centro del debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y la respuesta del gobierno de Donald Trump.
Tracee Mergen, quien ocupaba un cargo de supervisora en la oficina local del FBI, dejó su puesto después de intentar sin éxito investigar al agente de ICE Jonathan Ross, responsable de la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue abatida el 7 de enero en Minneapolis. La salida de Mergen se produjo tras presiones desde Washington para que abandonara una investigación de derechos civiles sobre el caso, según informaron medios estadounidenses citando a fuentes cercanas al asunto.
La noticia de su dimisión se conoció poco antes de que otro tiroteo protagonizado por agentes federales volviera a sacudir la ciudad. El sábado, Alex Pretti, también ciudadano estadounidense y de 37 años, murió por disparos de agentes de inmigración que intentaban detenerlo. Ambos fallecimientos han generado protestas públicas y confrontación entre manifestantes, fuerzas de seguridad locales y federales, y la Administración Trump.
La investigación
En el caso de Renee Good, los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba al volante de su vehículo. Según la versión del gobierno federal, el agente Ross actuó en defensa propia después de que Good obstaculizara una operación policial con su automóvil, poniendo en peligro la vida del agente. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha dejado claro que no tiene intención de abrir una investigación de derechos civiles. “Actualmente no existe ninguna base para una investigación penal por derechos civiles”, declaró el fiscal general adjunto Todd Blanche en un comunicado emitido el 13 de enero.
Esa postura ha provocado fuertes críticas por parte de autoridades locales y estatales en Minnesota. Funcionarios demócratas han acusado al gobierno federal de encubrir lo ocurrido, especialmente porque las imágenes demuestran lo contrario. Además, las autoridades federales se han negado a cooperar con las investigaciones estatales y municipales. Un superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota afirmó que el organismo se había “retirado a regañadientes” de la investigación debido a la falta de colaboración federal.
La figura de Tracee Mergen adquiere mayor relevancia por su historial previo. Informes publicados el sábado señalaron que la ya exsupervisora del FBI había testificado en 2022 en un proceso judicial contra Tom Barrack, empresario cercano a Donald Trump y expresidente del comité inaugural de su primer mandato. En ese juicio, la defensa de Barrack cuestionó la credibilidad de Mergen, alegando que había mentido ante un gran jurado al declarar que Barrack afirmó no “sentir” que se le hubiera pedido actuar en nombre de Emiratos Árabes Unidos.
Barrack había sido acusado en 2021 por fiscales federales de Nueva York en una imputación de siete cargos, que incluían actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero, obstrucción a la justicia y declaraciones falsas. El empresario negó todas las acusaciones y posteriormente fue absuelto por un jurado de todos los cargos.
Tensión en Minnesota
Mientras tanto, el impacto político de los tiroteos continúa creciendo. Las protestas tras la muerte de Alex Pretti han ido en aumento, alimentadas por la percepción de impunidad y la falta de transparencia en las actuaciones federales. Incluso organizaciones defensoras del derecho a portar armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), también han reclamado una “investigación completa” sobre la muerte de Pretti.
En un movimiento separado pero relacionado con el clima de confrontación, el Departamento de Justicia ha iniciado investigaciones contra varios funcionarios demócratas electos en Minnesota para determinar si habrían conspirado para obstaculizar la aplicación de las políticas migratorias federales. Como parte de ese proceso, se emitieron citaciones a las oficinas del gobernador Tim Walz y de los alcaldes Jacob Frey, de Minneapolis, y Kaohly Her, de St. Paul.
Además, las autoridades federales han intensificado las acciones judiciales contra manifestantes que se oponen a la política migratoria del gobierno. Esta semana se presentaron cargos por conspiración contra tres personas acusadas de interrumpir un servicio religioso en St. Paul en protesta por la supuesta vinculación de un pastor con ICE. Según la acusación, los imputados “intimidaron, acosaron, oprimieron y aterrorizaron a los feligreses”. No obstante, dos jueces federales rechazaron mantenerlos detenidos mientras esperan juicio.
La renuncia de Mergen es una muestra más de la crisis institucional que rodea a estos casos y que mantiene a Minneapolis y a todo el país en el centro de una disputa nacional sobre justicia, responsabilidad y poder federal.