La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha decidido jugar una de las cartas más arriesgadas de su todavía breve mandato. Este lunes anunció la disolución de la Cámara Baja del Parlamento a partir del viernes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 8 de febrero, un movimiento que busca transformar su alta popularidad personal en una base parlamentaria más sólida.
La decisión, adelantada en los últimos días por medios de comunicación y dirigentes políticos del país, fue confirmada por la propia mandataria durante una rueda de prensa en Tokio. Allí, Takaichi reconoció la magnitud del paso que estaba dando y subrayó que su continuidad al frente del Gobierno dependerá directamente del resultado electoral. Según explicó, se trata de una “decisión muy difícil”, en la que ha optado por someter su liderazgo al juicio directo de la ciudadanía.
Primera mujer, también en las urnas
“Me gustaría que la gente decida directamente si pueden confiar la gestión del país a Sanae Takaichi”, afirmó la primera ministra, que accedió al cargo el pasado octubre tras imponerse en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), celebradas después de la renuncia de su predecesor, Shigeru Ishiba. Desde su llegada al poder, Takaichi se ha convertido en la primera mujer en encabezar un Gobierno japonés, un hito que ha reforzado su visibilidad tanto dentro como fuera del país.
En la actualidad, el PLD y sus aliados cuentan con una mayoría extremadamente ajustada de un solo escaño en la Cámara Baja y se encuentran en minoría en la Cámara Alta, consecuencia de una serie de malos resultados electorales bajo el liderazgo de Ishiba.
Índice de aprobación de hasta el 62%
Aunque hasta ahora había rechazado de forma reiterada la posibilidad de un adelanto electoral, la semana pasada la prensa japonesa ya avanzó su intención de convocar comicios a comienzos de febrero para aprovechar el favorable clima de opinión que rodea a su Ejecutivo. Según un sondeo difundido por la cadena pública NHK, el Gobierno cuenta con un índice de aprobación de hasta el 62%, una cifra que se ha mantenido relativamente estable desde octubre.
El socio de coalición del PLD, el Partido de la Innovación de Japón, confirmó además que la disolución formal de la Cámara Baja se producirá el 23 de enero, coincidiendo con el inicio de la sesión ordinaria del Parlamento japonés. Entre esa fecha y las elecciones del 8 de febrero transcurrirán solo 16 días, el periodo más corto registrado desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con NHK.
Un adelanto de dos años
Sin la convocatoria anticipada, las próximas elecciones generales no se habrían celebrado hasta 2028. Sin embargo, el anuncio ha provocado una inmediata reacción crítica por parte de la oposición, que considera que el adelanto puede complicar la aprobación del presupuesto inicial para el año fiscal 2026, que comienza en abril, en un contexto marcado por la persistente inflación y el estancamiento de los salarios.
Ante estas críticas, la primera ministra defendió que la rapidez del calendario electoral busca precisamente reducir al mínimo su impacto sobre el proceso presupuestario. Aseguró que la disolución de la Cámara Baja se ha planificado “tras establecer un sistema exhaustivo” para evitar alteraciones en las políticas económicas que afectan al coste de la vida.
Rivales
El escenario político también se ha dificultado. En respuesta el Partido Democrático Constitucional, la principal fuerza de la oposición, y el partido budista Komeito, antiguo socio del PLD, acordaron la creación de un nuevo partido de centro. Esta alianza podría complicar las opciones de la primera ministra de lograr la mayoría que busca en febrero.
Takaichi reaccionó con evidente incomodidad ante esta alianza y no evitó señalar a Komeito por su cambio de rumbo. Durante la comparecencia ante los medios, expresó sus recelos por el acercamiento del antiguo socio a su principal adversario político. “No puedo evitar sentir dudas de que un antiguo partido amigo esté apoyando a personas que fueron miembros del Partido Democrático Constitucional, nuestro oponente en las elecciones a la Cámara de Consejeros hace apenas seis meses”, afirmó.
De este modo, la primera ministra aspira a afianzar su posición, superar la fragilidad actual de la coalición gobernante y obtener un respaldo claro para su proyecto. La decisión final quedará en manos de los ciudadanos el próximo 8 de febrero.