La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a colocar a Pedro Sánchez en el punto de mira de sus socios europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han encabezado este viernes las críticas contra la política migratoria del Gobierno español durante una reunión informal celebrada en Bruselas, antes de la segunda jornada del Consejo Europeo. Pese a sus diferencias ideológicas, ambas dirigentes han encontrado un punto de encuentro en su rechazo a la regularización masiva de migrantes impulsada por el Ejecutivo.
El encuentro, promovido por Italia, Dinamarca y Países Bajos, ha reunido a representantes de numerosos países europeos, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Polonia, Grecia, Finlandia y Suecia. También ha participado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La cita ha servido para coordinar posiciones sobre el control de las fronteras exteriores y las medidas destinadas a frenar la inmigración irregular.
Sin embargo, buena parte del debate ha girado en torno a España. Según fuentes diplomáticas, varios de los participantes han cuestionado abiertamente las decisiones del Gobierno de Sánchez, al considerar que la regularización aprobada meses atrás puede incentivar nuevas llegadas a territorio comunitario.
Frederiksen pide investigar la regularización española
La posición más contundente ha llegado desde Dinamarca. Frederiksen, que pertenece a la misma familia política europea que Sánchez, ha solicitado a la Comisión Europea que examine las consecuencias de la regularización española y su compatibilidad con la estrategia migratoria comunitaria.
“He pedido a la Comisión que examine qué ocurre cuando un país hace prácticamente todo lo contrario que los demás“, ha declarado la dirigente danesa, que considera que permitir la residencia legal a personas que entraron irregularmente contradice las prioridades actuales de buena parte de la Unión.
Su intervención refleja las diferencias que existen dentro de la propia socialdemocracia europea. Mientras Sánchez defiende la regularización como una herramienta de integración, Frederiksen apuesta por restringir la inmigración irregular y reforzar los mecanismos de expulsión.
Por su parte, Meloni ha aprovechado la crisis de Ceuta para insistir en la necesidad de aumentar la vigilancia fronteriza. Según el comunicado difundido por el Gobierno italiano, la primera ministra considera imprescindible prevenir nuevas entradas masivas y abordar los riesgos de seguridad vinculados a estos episodios.
La mandataria también ha propuesto modificar la normativa europea para facilitar los procedimientos de detención de migrantes en situación irregular durante los controles fronterizos.
Austria y República Checa se suman a la presión
Las críticas no se han limitado a Italia y Dinamarca. El canciller austríaco, Christian Stocker, ha cuestionado el mensaje que, a su juicio, transmite la regularización española al resto de Europa.
“Lo que hizo España, sin duda, no fue una buena señal”, ha afirmado. Aunque ha reconocido que no existe una relación directa demostrada entre aquella decisión y los acontecimientos de Ceuta, ha planteado dudas sobre sus posibles consecuencias.
Más lejos ha ido el primer ministro checo, Andris Babis, vinculado a la derecha radical europea, que ha acusado a Sánchez de pretender “sustituir a la población por migrantes” para conservar el poder. Sus declaraciones han introducido un tono especialmente duro en una discusión marcada por las distintas políticas nacionales.
La presión sobre el Ejecutivo español tampoco es nueva. El pasado agosto, 22 dirigentes europeos firmaron una carta en la que cuestionaban la regularización y reclamaban medidas para evitar posibles incentivos a la inmigración irregular.
Un acercamiento con Italia que no frena las críticas
La ofensiva diplomática llega apenas unas horas después de que Sánchez y Meloni mantuvieran una reunión bilateral para intentar resolver las tensiones fronterizas entre España e Italia.
Roma ha decidido prolongar otros siete días los controles sobre los viajeros procedentes de España, establecidos tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. No obstante, ambos gobiernos han acordado estudiar alternativas de cooperación que permitan recuperar la normalidad en la circulación.
El acercamiento bilateral no ha impedido que Meloni mantenga su posición crítica en Bruselas. Mientras tanto, la Comisión Europea prepara nuevas propuestas para responder a situaciones de presión migratoria excepcional, con la intención de presentarlas antes de finalizar el año.
Sánchez afronta así un escenario complicado: la crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema fronterizo español para convertirse en uno de los principales puntos de fricción sobre el futuro de la política migratoria europea.
Sánchez frena la ofensiva en las conclusiones europeas
Sin embargo, la presión de Meloni y Frederiksen no ha conseguido trasladarse al documento final del Consejo Europeo. Pese al respaldo de numerosos países a una declaración que cuestionaba las políticas migratorias susceptibles de provocar un “efecto llamada”, Sánchez ha bloqueado cualquier referencia a la regularización masiva aprobada por su Gobierno. España ha liderado el rechazo a estas exigencias, una posición a la que posteriormente se habrían sumado Francia y Portugal. Finalmente, los Veintisiete se han limitado a respaldar los trabajos de la Comisión Europea para desarrollar un marco de respuesta ante emergencias migratorias, sin incluir ninguna censura a la política española.
“Yo, desde luego, me siento representado”, ha celebrado Sánchez al término de la cumbre.