Ha pasado un mes desde que una operación militar estadounidense puso fin al mandato de Nicolás Maduro, pero en Venezuela la sensación dominante no es la de un nuevo comienzo, sino la de una espera cargada de dudas. La captura y salida del poder del líder chavista no ha derivado, al menos por ahora, en una ruta clara hacia la restauración democrática. El país se mueve en una zona gris, marcada por gestos de distensión y, al mismo tiempo, por la continuidad de prácticas autoritarias.
La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada cayó como un jarro de agua fría entre amplios sectores de la oposición y de la sociedad civil. Muchos esperaban una figura de consenso o un gobierno transitorio con un mandato limitado y claramente orientado a elecciones. En su lugar, se ha impuesto una dirigente con escaso capital democrático, condicionada por presiones internas y externas, y obligada a equilibrar las demandas de Washington con la necesidad de conservar el control político interno.
Para algunos analistas, el momento actual no encaja ni en una transición democrática clásica ni en una simple continuidad del régimen anterior. “No estamos ante una apertura plena, pero tampoco ante una mera recomposición del viejo poder”, resume el politólogo Benigno Alarcón, quien describe el proceso como un terreno intermedio aún sin definición.
Señales de alivio para los presos políticos
Uno de los pocos gestos que ha generado expectativas ha sido la liberación gradual de presos políticos. En las últimas semanas, varias decenas de detenidos han salido de prisión, y el Ejecutivo ha anunciado su intención de promover una Ley de Amnistía General que abarcaría delitos vinculados a la violencia política desde 1999.
Sin embargo, el escepticismo persiste. Las cifras oficiales muestran que, pese a los anuncios, cientos de personas siguen encarceladas por razones políticas, entre ellas militares, mujeres y al menos un menor de edad. Organizaciones de derechos humanos advierten que los ritmos de excarcelación son lentos y que el alcance real de la amnistía aún está por verse.
Protestar vuelve a ser posible, pero con miedo
Otro cambio perceptible es una mayor tolerancia hacia algunas expresiones de protesta. En Caracas y otras ciudades se han producido manifestaciones estudiantiles y actos de reclamo público que, hasta hace pocos meses, habrían sido reprimidos de forma inmediata.
Este resquicio ha permitido el reencuentro de dirigentes políticos que permanecían en la clandestinidad y ha reactivado, tímidamente, el activismo social. No obstante, defensores de derechos humanos insisten en que el riesgo sigue siendo alto. “Las protestas existen, pero se realizan bajo amenaza permanente. El aparato legal y represivo sigue intacto”, advierte Oscar Murillo, director de la ONG Provea.
Washington, optimismo cauteloso y presión estratégica
Desde Estados Unidos, el tono es moderadamente optimista. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido que la situación actual es preferible a la continuidad de Maduro y ha expresado su esperanza de que, con el tiempo, el escenario mejore. Aun así, informes de inteligencia citados por medios internacionales sugieren que existen dudas sobre la verdadera disposición de Rodríguez a cooperar con la Casa Blanca.
Mientras tanto, el discurso del Gobierno venezolano oscila entre gestos de acercamiento y mensajes de desafío, una estrategia que busca mantener cohesionada a su base interna sin romper los frágiles equilibrios con Washington.
Poder, tiempo y control
Lejos de presentarse como una figura de transición breve, Delcy Rodríguez ha dejado claro que pretende consolidar su posición. En estas semanas ha desplazado de cargos clave a figuras vinculadas estrechamente a Maduro, tanto en el ámbito civil como militar, en un movimiento que apunta más a la reconfiguración del poder que a su cesión.
Paralelamente, el Ejecutivo ha acelerado acuerdos económicos con Estados Unidos, especialmente en el sector petrolero. La aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, que flexibiliza la entrada de capital privado extranjero y rompe con el modelo nacionalista impulsado por Hugo Chávez, marca un giro profundo en la política energética del país. Washington ha respondido con licencias que permiten a empresas estadounidenses comercializar crudo venezolano y con la reapertura del espacio aéreo.
Crecimiento sin libertades, una fórmula frágil
Aunque estas medidas han despertado expectativas de recuperación económica, organizaciones de derechos humanos alertan de que una liberalización sin democracia es estructuralmente inestable. “El crecimiento económico no sustituye a la participación ciudadana ni a la transparencia”, subraya Murillo, quien define el rumbo actual como la construcción de una “tecnocracia autoritaria”.
En este contexto, el regreso pleno a la democracia sigue siendo una promesa lejana. Tampoco se ha avanzado en el reconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales de julio de 2024 ni en la convocatoria de nuevos comicios.
Desde el exilio, María Corina Machado concentra ahora sus esfuerzos en evitar que la cuestión venezolana desaparezca de la agenda internacional, especialmente en Estados Unidos, y en presionar para que se abra cuanto antes un camino electoral creíble.