El 3 de enero de 2026 partió en dos la historia reciente de Venezuela. Ese día, fuerzas de Estados Unidos ejecutaron en Caracas una operación militar que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores hacia territorio estadounidense. Ambos enfrentan cargos federales por narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas.
Treinta días después, Venezuela no vive una fiesta. Vive otra cosa. Una mezcla densa de alivio, cautela y cálculo. No hay celebraciones multitudinarias sino un suspiro colectivo que muchos no se atreven a convertir en grito.
En Nueva York, lejos de la eterna primavera de Caracas, pero con consecuencias directas sobre ella, se libra el frente judicial que puede marcar el ritmo político de los próximos años. Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia federal y se declararon no culpables en su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El proceso se encuentra en fase preliminar, lo que significa que todavía no ha comenzado un juicio propiamente dicho, sino una etapa técnica en la que se discuten cuestiones decisivas, como la validez de la acusación, la admisibilidad de pruebas, la competencia del tribunal y el calendario procesal. Es una fase menos espectacular que un juicio oral, pero mucho más determinante.
La acusación federal, en su formulación pública, incluye cargos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas. La figura del narco-terrorismo, prevista en la legislación estadounidense para castigar el tráfico de drogas vinculado a organizaciones terroristas, permite a la fiscalía sostener que el caso no es un simple asunto de narcotráfico, sino una amenaza a la seguridad nacional. Desde la perspectiva del derecho estadounidense, basta con que el delito tenga efectos en su territorio o que se encuadre en normas de jurisdicción extraterritorial para que un tribunal federal asuma competencia, aun cuando los hechos se hayan producido fuera del país.
¿Tiene Maduro inmunidad?
La defensa, por su parte, tiene varias líneas posibles. Una de las más relevantes es la discusión sobre inmunidad. Maduro, como jefe de Estado al momento de su captura, podría intentar invocar la inmunidad personal que el derecho internacional consuetudinario reconoce a ciertos altos funcionarios en ejercicio. Sin embargo, la experiencia comparada, con el caso del general panameño Manuel Noriega como referencia inevitable, muestra que la viabilidad de ese argumento depende en gran medida de la posición del Poder Ejecutivo estadounidense y de la interpretación que haga el tribunal sobre el estatus del acusado. Se trata de una cuestión jurídica que puede prolongarse en mociones, apelaciones y recursos.
Otro punto crítico es la legalidad de la captura. Maduro ha sostenido en sede judicial que fue “secuestrado”, y es previsible que la defensa cuestione la forma en que fue aprehendido y trasladado. En la práctica, ese argumento suele traducirse en intentos de excluir pruebas o de impugnar la jurisdicción del tribunal. La experiencia judicial estadounidense muestra que la ilegalidad alegada de una captura no necesariamente impide el enjuiciamiento, pero cada caso tiene particularidades que pueden generar controversia y, sobre todo, efectos políticos.
¿Cuánto durará el juicio a Maduro y Flores?
En este escenario, la duración del proceso es incierta. Si ambos mantienen su declaración de no culpabilidad, el caso puede extenderse durante meses o incluso años, con una secuencia de audiencias preliminares, intercambio de pruebas y litigios técnicos antes de cualquier juicio con jurado. La alternativa (un acuerdo de culpabilidad) no ha sido anunciada ni insinuada oficialmente. Sin embargo, en el sistema federal estadounidense los acuerdos son frecuentes. De producirse, modificarían de manera sustancial la narrativa política; un pacto implicaría algún grado de admisión de responsabilidad, aunque jurídicamente los acuerdos pueden formularse con matices y limitaciones.
El frente judicial no es solo un expediente penal, es también un factor geopolítico. Parte de la cocaína que transita por redes asociadas a Venezuela tiene como destino mercados europeos, donde el precio y la demanda la convierten en un negocio altamente rentable. Por eso, el caso no concierne únicamente a Estados Unidos y a Venezuela, sino que toca circuitos transnacionales que afectan a puertos, sistemas financieros y políticas de seguridad en Europa. La vigilancia financiera que se ha activado en países como Suiza refuerza esa dimensión internacional.
Mientras en Caracas se reorganiza el poder y se ensayan gestos de apertura, en una helada Nueva York se libra una batalla distinta, regida por códigos procesales y precedentes judiciales. El juicio establece un marco de rendición de cuentas que condiciona cualquier transición política interna. El proceso está en marcha y su desenlace, cualquiera que sea, tendrá consecuencias que exceden a los acusados y alcanzarán al mapa político de Venezuela y a su relación con el mundo. Mientras, la prensa estadounidense asegura que Maduro sufre depresión anímica, quizá atizada por el frío y la falta de luz.
Y es que en paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia de Maduro y juramentó a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada. Su hermano Jorge Rodríguez continúa como pieza clave en la Asamblea Nacional. La transición, así, no desembocó en un gobierno opositor sino en una recomposición interna del mismo aparato. Esa continuidad no resuelve, sin embargo, la anomalía política de fondo, cual es el reconocimiento pendiente de Edmundo González Urrutia como presidente electo en las desconocidas elecciones del 24 de julio de 2024, respaldadas por actas conservadas por la oposición.
El poder sin “Nico y Cilita”
El país pasó de los esposos que concentraban el poder a los hermanos que operaban su engranaje. No es un juicio moral, es una constatación política. El chavismo, lejos de desplomarse y su liderazgo emprender la desbandada, intenta reorganizarse bajo presión externa y escrutinio internacional.
La pregunta no es si hay continuidad, sino cuánto margen tiene esa continuidad. Delcy Rodríguez gobierna en una ecuación delicada. Necesita mostrar apertura para aliviar tensiones internas y externas, pero no puede desmontar la arquitectura que la sostiene. Al menos, no de golpe como parecen exigir Trump y su equipo.
Uno de los movimientos más significativos de este primer mes ha sido la liberación a cuentagotas de los mil presos políticos que tenía el régimen al momento del derrocamiento de Maduro. Organizaciones como Foro Penal han registrado más de trescientas excarcelaciones desde inicios de enero, aunque centenares permanecen detenidos, y algunos continúan en paradero oficialmente no esclarecido. Se ha anunciado una ley de amnistía y la reconversión del centro de detención conocido como El Helicoide.
Las liberaciones no han sido totales ni inmediatas. Familias y defensores de derechos humanos señalan que el proceso avanza con lentitud y con limitaciones jurídicas. Sin embargo, cada puerta que se abre modifica el clima del país. El alivio es real, aunque se administre con prudencia.
El petróleo vuelve al ruedo
En paralelo, el petróleo reaparece como eje estratégico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió el 29 de enero la General License 46, que autoriza determinadas actividades vinculadas al petróleo venezolano. La medida flexibiliza el régimen de sanciones y abre espacio para transacciones energéticas que estaban bloqueadas.
Para Europa, y especialmente para España, este giro no es menor. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. En un contexto global marcado por la búsqueda de diversificación energética, la reactivación, aunque parcial, altera cálculos de suministro y reposiciona al país en el tablero internacional.
No implica, por sí sola, una transformación económica estructural. Pero sí inaugura una fase de negociación donde el pragmatismo sustituye a la confrontación absoluta.
A este movimiento energético se suma la reanudación diplomática. La llegada a Caracas de una encargada de negocios estadounidense simboliza el restablecimiento formal de la misión diplomática tras años de ruptura, un gesto con doble lectura. Por un lado, indica que Washington opta por la interlocución directa en esta nueva etapa. Por otro, revela que Caracas acepta esa interlocución porque la necesita.
En los mismo días, el Consejo Federal suizo anunció la congelación de cualquier activo en su territorio vinculado a Maduro y su entorno. Las autoridades establecieron un mecanismo para impedir su eventual fuga y reservarlos ante posibles procedimientos futuros. Incluso si no se identifican montos específicos, el mensaje es claro: el antiguo liderazgo venezolano queda bajo vigilancia financiera internacional. El aislamiento deja de ser solo político y se vuelve patrimonial y reputacional.
Un país que respira distinto
Un dato que llama la atención es la ausencia de movilizaciones en defensa de Maduro dentro de Venezuela. No se han documentado concentraciones en exigencia su regreso, ni pronunciamientos visibles de la Fuerza Armada reclamando su restitución.
Al cumplirse un mes de la captura, Venezuela no es un país reconciliado ni transformado. Es un país en transición, con aperturas parciales y continuidades evidentes. El aparato estatal sigue allí. El miedo persiste, así como los abusos de la dictadura.
Pero algo cambió. La sensación de inevitabilidad que acompañó durante años al poder de Maduro ya no domina el horizonte. El alivio, esa palabra que dentro del país todavía se pronuncia con cuidado, se filtra en gestos cotidianos, en conversaciones menos tensas, en la idea de que el futuro dejó de estar completamente cerrado. Mientras gobiernos aliados del chavismo denunciaron una violación del orden jurídico, otros actores subrayaron la necesidad de rendición de cuentas ante acusaciones graves. Para Europa, el precedente plantea interrogantes incómodos: ¿se normaliza la intervención militar como instrumento de justicia? ¿Se fortalece la jurisdicción extraterritorial en materia de narcotráfico y terrorismo? Para la mayoría de los venezolanos, por fin alguien escuchó el clamor de un pueblo oprimido y hambriento, lástima que no hubiera sido alguien que hablara español.
Venezuela no ha llegado a destino. Apenas empezó a moverse. Y en ese movimiento, bajo tutela externa y con cálculos internos, se juega no solo el porvenir político de un país saqueado y exhausto, sino el equilibrio estratégico del Caribe y la relación entre América Latina, Europa y Estados Unidos en un tiempo donde el poder ya no es solo territorial, sino también judicial y energético.
Ahora el movimiento no lo dicta Caracas, sino el mundo.