Han pasado ya cuatro semanas desde la captura de Nicolás Maduro. En ese tiempo, el foco internacional se ha centrado en el alcance político de la detención y, sobre todo, en lo que puede suponer para el futuro inmediato de Venezuela. Para muchas familias, sin embargo, la pregunta es otra. Qué ocurre ahora con los crímenes del pasado. Y, sobre todo, si habrá justicia para los jóvenes que murieron en las protestas de 2017.
“Armando sigue siendo para mí lo que siempre fue: un muchacho noble, solidario, lleno de vida y de sueños”. Así recuerda Mónica Carrillo a su hijo, Armando Cañizales, músico y estudiante de 17 años, asesinado durante una manifestación en Caracas en junio de aquel año. “Como persona, era un joven comprometido con su país, que creía que las cosas podían cambiar y que valía la pena luchar por un futuro distinto”, explica su madre en conversación con Artículo14.
Las protestas de 2017 marcaron un punto de inflexión en Venezuela. Durante meses, miles de estudiantes y jóvenes salieron a las calles contra el Gobierno. La respuesta “mano dura” del Estado se tradujo en una represión que dejó, según estiman ONG`s y asociaciones, en más de un centenar de muertos, la mayoría de ellos menores de 30 años. Muchos, como Armando, murieron por disparos directos en manifestaciones pacíficas.
La detención de Maduro no basta
Para las familias, la detención de Maduro no cierra esa herida. “Nunca habrá una justificación que explique su muerte. No merecía morir. El dolor no se apaga”, explica Carrillo. Su testimonio resume un sentimiento compartido por todas las familias que, como ella, llevan casi una década esperando respuestas.
La madre de Armando insiste en que la justicia no puede quedarse en un gesto simbólico. “Para que su muerte y la de tantos jóvenes tenga justicia, no basta con una detención simbólica”, subraya. Lo que reclaman es un proceso real. “Faltan juicios reales, responsabilidades claras y el reconocimiento del país de lo que les hizo a sus jóvenes”.
Durante las protestas, organismos internacionales documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias. Sin embargo, la mayoría de los casos nunca llegó a los tribunales. Las investigaciones se estancaron o fueron archivadas. Los responsables políticos y operativos siguieron en sus puestos.
Más allá del relato oficial
La captura de Maduro ha reabierto el debate sobre esa impunidad. Para las familias, el riesgo ahora es que el relato oficial cierre el capítulo sin afrontar las consecuencias del daño causado. “Además del reconocimiento, hace falta un compromiso verdadero de que esto no vuelva a repetirse”, insiste Carrillo.
El caso de Armando se convirtió en uno de los símbolos de aquella represión. Tenía 17 años, estudiaba música y participaba en las protestas estudiantiles cuando recibió una bala mortal. Su muerte fue denunciada por organizaciones internacionales, pero nunca hubo una condena firme.
Justicia pendiente
Las familias recuerdan que la mayoría de las víctimas de 2017 eran estudiantes. Jóvenes que, como Armando, salieron a manifestarse convencidos de que el país podía cambiar. “Creía que valía la pena luchar por un futuro distinto”, repite su madre. Esa convicción es la que ahora se transforma en una exigencia clara: que la justicia alcance a todos los responsables.
Un mes después de la captura de Maduro, el debate ya no es solo político. Es moral e institucional. Si Venezuela quiere cerrar una etapa, tendrá que hacerlo, dicen las familias, reconociendo a sus víctimas. “El reconocimiento del país de lo que les hizo a sus jóvenes” es, para Mónica Carrillo, el primer paso para que la detención de un expresidente no se quede en un gesto vacío. Mientras tanto, el nombre de Armando y el de tantos otros jóvenes asesinados siguen presentes en la memoria de quienes no aceptan que el tiempo sustituya a la justicia.