En España, el Impuesto Real sobre las Personas Físicas (IRPF) revela una gran disparidad dependiendo del origen de las rentas. Según los datos más recientes del último informe de Fedea ‘La brecha fiscal en el IRPF en España (2003–2022)’, los trabajadores autónomos y los arrendadores (RAE_RCI) incumplen sus obligaciones fiscales en seis veces más que los trabajadores asalariados (RT). Un contraste que muestra la diferencia entre declarar ingresos por actividad económica o por rendimientos inmobiliarios y recibir un salario bajo control y retenciones automáticas. Así, mientras los profesionales por cuenta ajena contribuyen religiosamente con sus aportaciones, gran parte de quienes trabajan por cuenta propia u obtienen ganancias a través de arrendamientos logran que sus cifras oficiales en la declaración de la renta queden por debajo de la realidad.
Esta vulneración refleja un patrón de mayor margen de maniobra y, en muchos casos, menor supervisión. En este sentido, los rendimientos del trabajo registraron una tasa de incumplimiento del 7,4%. En cambio, la ratio se eleva en las rentas sujetas a actividades económicas (trabajadores por cuenta propia) y del capital inmobiliario (arrendadores) hasta el 46,2%. Es decir, casi 40 puntos porcentuales más.
51.000 millones de coste de fraude
En consecuencia, el coste fiscal bruto estimado por el centro de investigación se eleva hasta los 51.029 millones de euros. De ellos, los rendimientos ligados a las actividades económicas y al capital inmobiliario registran un coste recaudatorio de 26.255 millones de euros, seguidos de los costes del fraude asociado a las rentas del trabajo, 21.428 millones. Pese a la diferencia en las tasas de falta de ejecución conforme a la legislación, la diferencia absoluta en el coste entre ambos no es tan abultada debido al mayor volumen de beneficios ligados a los asalariados. Completan la suma total las ganancias vinculadas a los rendimientos del capital mobiliario, es decir, el dinero ganado a través de inversiones. En este caso, la cifra se sitúa en los 3.346 millones de euros.
Aunque alejado de los máximos de 2012, cuando el fraude superó los 68.000 millones, el último registro de Fedea reconoce un ligero repunte que aventaja en casi 2.000 millones el fraude anotado en el ejercicio anterior y en más de 12.000 el de 2020. Año en el que, coincidiendo con el impacto de la pandemia que paralizó el desarrollo económico, el coste se redujo hasta los 39.000 millones.
Un acato del 94%
Pero este desfalco no corresponde a los trabajadores por cuenta ajena. Los asalariados han mantenido los niveles más altos de cumplimiento fiscal. Así, su compromiso con la hacienda pública se ha visto satisfecho históricamente entre un 86% y un 94%. El motivo radica en la retención en origen. Este sistema, que genera costes de cumplimiento para las empresas, resulta “extraordinariamente eficaz desde la perspectiva recaudatoria, al eliminar prácticamente la posibilidad de ocultación“, tal y como señalan los autores en el informe. “No tienen ningún margen de maniobra para no declarar rentas, la trazabilidad de sus ingresos es casi total“, reconoce la corresponsable del estudio, Anabel Zarate a Artículo14.
Pero aunque sean pequeñas, estas rentas también registran picos y bajones. Uno de los más significativos el de 2020, asociado a la COVID-19. En aquel año, el incremento masivo de prestaciones sociales como ERTE, ceses de actividad o Ingreso Mínimo Vital, -todas ellas sujetas a retención y declaración- reforzó la transparencia de las rentas salariales.
El mayor foco de incumplimiento fiscal
Frente al elevado grado de cumplimiento fiscal en este caso, las rentas distintas del trabajo (RDT) continúan mostrando niveles sensiblemente inferiores, aunque con una evolución claramente positiva en los últimos años. Dentro de este grupo, las rentas de autónomos y arrendadores han sido las que más han contribuido a la reducción de la brecha fiscal. El grado de cumplimiento en estas ha pasado de niveles iniciales de en torno al 32-35% a rozar el 54% en 2022. Es decir, un incremento absoluto de más de 20 puntos porcentuales desde 2003. O lo que es lo mismo, de hasta un 60% relativo.
Aunque es cierto que hay un avance, asociado a un mayor control administrativo y a la digitalización de la gestión tributaria, casi la mitad de las rentas de este subgrupo permanecía sin declarar en 2022. Entre los factores que explican este fenómeno, los autores del informe ponen el acento “en la ausencia de retención en origen”, tal y como ocurre con los profesionales por cuenta ajena. Además, señalan el uso de efectivo en transacciones, que escapan al registro contable y, por lo tanto, fiscal. Y la coexistencia de distintos métodos de determinación del rendimiento neto y de tributación en el IVA, que genera “oportunidades de arbitraje”.
Con el objetivo de reducir el fraude en estas rentas, Zarate explica a este medio que “avanzar hacia sistemas de control más automáticos, que incrementen la trazabilidad de los ingresos de autónomos y arrendadores, podría favorecer a un mayor cumplimiento en este colectivo”. Y señala la incorporación de “sistemas de facturación estandarizados y auditables en tiempo real. O incluso un replanteamiento del método de estimación objetiva” como las posibles líneas de actuación.
Cumplimiento según el crecimiento económico
Por su parte, los rendimientos asociados a las rentas del capital mobiliario -inversiones-, registran un escenario de cumplimiento irregular. Su comportamiento, tal y como reconoce el informe, dibuja una correlación con los periodos de expansión y contracción económica. Así, en fases de crisis alcanza niveles de entre el 60 y el 80%. Mientras, en los últimos años en los que el crecimiento ha sido sostenido, se ha estabilizado en torno al 57-59%
A la espera de que la administración consiga erradicar la evasión, el fraude en el IRPF sobre el PIB se ha reducido a la mitad desde máximos de 2013, cuando suponía el 6,28%. Ahora el reto es reducir a cero el 3% actual.