El Gobierno asume su debilidad parlamentaria y activa el plan que hace escasos días decía tener en la recámara. Y sólo cuando ha transcurrido una semana de la derrota de su real decreto ley ómnibus, que daba cauce legal a la subida de las pensiones y la prórroga de las medidas sociales del denominado escudo social. Lo hace, además, mientras recibe presiones y recados de sus socios parlamentarios de ambos lados del hemiciclo. Del izquierdo y del derecho.
La coalición PSOE-Sumar pisó el acelerador el lunes en sus discretas negociaciones sobre la bocina. Intentaban granjearse los apoyos necesarios para no tener que renunciar a la revalorización de las pensiones, pero tampoco a medidas como la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, una medida heredada de la respuesta a la pandemia de Covid-19.
Por la derecha, además del PP, sus aliados de Junts y PNV han exigido estos días que desgaje la cuestión de las pensiones del decreto, separándola del resto de normas. Con la revalorización de estas prestaciones conforme al IPC, por separado, no tendría el menor problema para conseguir los votos. El problema está en lograrlos para garantizar también el futuro del resto de normas del escudo social, que hasta ahora aspiraba a vehiculizar en el mismo texto legal, precisamente por las dificultades para coser los apoyos de tramitarlas por separado.
“Nosotros no vamos a renunciar a la prohibición de desahuciar por [sacar] las pensiones”, aseguran fuentes del Gobierno a Artículo14. Las mismas que reconocen que han negociado durante buena parte de la jornada, de nuevo in extremis. Desde el PSOE afirman que estas conversaciones han discurrido en paralelo, tanto con Junts per Catalunya como con el Partido Nacionalista Vasco, si bien a primera hora de la noche no habían anunciado fumata bianca.
De hecho, todo apuntaba a que optarán por separar las pensiones del resto de medidas, para tramitarlas en dos reales decretos leyes distintos. Distintas fuentes advertían de que el escenario es volátil, y de que todas las horas cuentan para despejar incógnitas. Por ejemplo, sobre si ambos decretos se aprobarán en Consejo de Ministros este martes. Algunos interlocutores del Eejcutivo prevén que así sea, si bien ni Moncloa ni los Ministerios implicados confirman una decisión al respecto.
Hasta ahora, las distintas fuentes del Ejecutivo y del PSOE consultadas insistían en que aún había “tiempo” para actuar, y trataban de trasladar toda la presión al PP, por haber votado en contra del decreto ómnibus, de la mano de Junts. Los dos partidos, además del PNV, han reclamado al Gobierno que separe las medidas más polémicas de la revalorización de las pensiones, y hoy por fin el Gobierno ha dado muestras de abrirse a este escenario.
La promesa de Sánchez de revalorizar las pensiones y el pacto antidesahucios con Bildu
El domingo, Sánchez afirmó en un mitin de campaña para las elecciones aragonesas del 8-F que las pensiones “se van a revalorizar sí o sí”, “con o sin el PP”. Durante el fin de semana, las advertencias de los partidos de la izquierda que llamaban al Gobierno a evitar nuevos desahucios, y los contactos con esas formaciones, se sucedieron.
Además de Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos son algunos de los principales interesados en que esta norma vuelva a estar en vigor cuanto antes. Bildu anunció en diciembre que había sacado al Ejecutivo el compromiso de prorrogarla. Las conversaciones a varias bandas, y las presiones de uno y otro lado, han derivado en que el Gobierno mueva ficha para aceptar una opción que, hasta ahora, se resistía a afrontar.
“Estamos trabajando en ello y hablando con el Gobierno desde hace varios días, ya que la prórroga del escudo social forma parte de nuestro acuerdo”, reconocieron fuentes de Bildu. Las mismas fuentes insistieron en la necesaria “discreción”, pero confiaron en poder volver a llevar al BOE “todas las medidas del escudo social”. Esta vez, sin que su futuro se vea amenazado en la votación de convalidación.
Sumar planteó públicamente la posibilidad de despiezar el decreto
Una vez más, la disparidad de intereses de las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez ha llevado a La Moncloa a sumirse en un calculado silencio sobre sus pasos. En público, las pistas las ha dado Sumar, socio minoritario de la coalición. A primera hora de la tarde del lunes, Sumar se abrió a trocear el decreto, siempre y cuando las medidas entre las que se incluye la moratoria antidesahucios se aprueben a la vez que la norma que contendrá la revalorización de las pensiones.
También se abrieron a un posible aumento de la cuantía de los avales del Estado a los propietarios que alquilen estas viviendas, en respuesta a una de las preocupaciones que Junts había aireado al respecto de esta moratoria. En los últimos meses, Junts y PNV han deslizado que el Gobierno debería dejar fuera de la moratoria a los pequeños propietarios. Durante la semana pasada, además, la portavoz de los de Puigdemont en el Congreso, Miriam Nogueras, criticó que la compensación a los caseros sólo la han cobrado “el 1.5%” de ellos.
El mismo lunes, el PNV elevó un grado su discurso y reclamó que el escudo social se amplíe también a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler. En un comunicado, la formación que preside Aitor Esteban pidió “dejarlos exentos” de la “carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de pobreza”. “Esta responsabilidad no puede recaer sobre estos pequeños propietarios, la Administración debe ayudar a estas personas que se han quedado sin recursos, pero sin perjudicar a los que tienen una única vivienda adicional en alquiler”, abunda el texto.
Los gestos hacia ambos partidos, particularmente hacia Junts, son evidentes. La semana pasada, el Consejo de Ministros presupuestó en 300 millones de euros los avales financiados por el Estado ante impago de alquiler, una receta para dar más garantías a los caseros.
PSOE y Sumar pelean por el relato
En público, el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue quien asumió la opción de trocear el decreto ómnibus, pero lo condicionó a que tanto la revalorización de las pensiones como la moratoria antidesahucios se aprueben en el mismo Consejo de Ministros. Y a que haya garantías de que ambos serán convalidados en el Congreso de los Diputados.
En privado, fuentes de Sumar en el Ejecutivo deslizaban que la idea del PSOE era aprobar en primer lugar el real decreto de subida de las pensiones, para después actuar con el resto de normas. En el ala socialista repiten que el resto de medidas del escudo social también son prioritarias para ellos, para el Gobierno en su conjunto.
Ninguna de las partes aclara por qué han pasado de amagar con volver a llevar el mismo decreto a Consejo de Ministros, sin renunciar a ninguna de sus partes -“A lo mejor hay que volverlo a llevar”-, a estudiar su troceo como escenario más probable el lunes.
De afirmar que el PP se arrepentiría de haber votado en contra de la norma, a acabar asumiendo que el Ejecutivo “reformulará [el decreto] para solventar las dificultades que otros ponen en el camino”, en palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Coincidiendo, además, con la recta final de la campaña electoral en Aragón, que las encuestas anticipan muy difícil para los socialistas.
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