“Yo sí te creo”. Es el mensaje que el primer ministro británico parece sugerir, finalmente, a cientos de víctimas del escándalo de las bandas de pederastia (‘grooming gangs’, en inglés) que, durante años, captaron a menores vulnerables, en algunos casos apenas niñas, para explotarlas sexualmente, ante la inacción de los servicios sociales y la pasividad de una sociedad que, durante un tiempo, miró hacia otro lado. Tras una discutida resistencia inicial, Keir Starmer ha acabado por aceptar la constitución formal de una comisión de investigación sobre el fenómeno, una decisión que no solo permite liberar recursos para inspeccionar casos y revisar pesquisas del pasado, sino que abre la puerta a la depuración de responsabilidades.
El peso de la evidencia ha resultado imposible de ignorar, al igual que las voces de quienes en su día fueron víctimas, aquellas que, en la actualidad, “han crecido para convertirse en mujeres valientes que demandan justicia”, como lo ha descrito la ministra de Interior. Según datos de su departamento, hay identificados más de 800 casos, pero, ante la presunción de que habría muchos más por destapar, su titular, Yvette Cooper, ha pedido a la Policía que revise de nuevo aquellos que podrían haberse cerrado en falso.
Operación de identificación de los perpetradores
Para ello, la Agencia Nacional del Crimen, el cuerpo estatal contra el crimen organizado, ha sido reclutada ya para desplegar por todo el territorio una operación que aspira a identificar a potenciales perpetradores y llevarlos ante la justicia. Trabajará, para ello, en colaboración con los diferentes cuerpos policiales del país y asumirá procesos históricos. Esta es, de hecho, una de las claves por las que la comisión de investigación importa, puesto que tendrá el poder de demandar que se investigue hasta lo más profundo de las alegaciones históricas, llamando a declarar a testigos clave, con el reto de resolver cualquier sospecha de malas prácticas, o encubrimiento, ya sea por parte de la policía, de los servicios sociales o, incluso, de autoridades políticas.
“Fue un error imperdonable”
Cooper ha generado una grieta en el techo de silencio dominante y ha admitido lo más difícil para la sociedad: que las víctimas no habían sido escuchadas. “Fue un error y es imperdonable”, ha reconocido, y ha añadido que eso es “lo que se va a cambiar”. La investigación se afrontará de manera localizada, con una supervisión centralizada de las pesquisas que se acometan a escala local, si bien el riesgo ahora es que la comisión acabe prolongándose durante años y fracase en su meta de garantizar justicia y, crucialmente, facilitar respuestas.
Emergencia nacional
De hecho, al Gobierno tampoco le quedaba un amplio abanico de opciones, tras la publicación este lunes del informe elaborado por la baronesa Louise Casey, que recomienda la apertura de un proceso formal que permita identificar “fallos y obstrucciones” por parte de autoridades locales, Policía y otras instituciones. Se trata de la primera vez que Reino Unido eleva el problema de las redes de captación a la categoría de emergencia nacional, tras la cadena de alegaciones y sentencias que, a lo largo de los años, han generado un boquete en la conciencia colectiva británica.
La reticencia inicial de Starmer se debía, según él, a que activar una comisión de investigación equivaldría a “subirse al carro de la extrema derecha”, puesto que, más allá de las víctimas y las organizaciones de apoyo, quienes habían vuelto a poner de actualidad en Reino Unido el escándalo habían sido nombres conocidos del extremismo, como el del ultra nacionalista Tommy Robinson, cuyas críticas, en muchos casos infundadas, fueron consecuentemente propulsadas a la estratosfera virtual gracias a la amplificación del propietario de X (anteriormente Twitter).
A principio de este año, Elon Musk desplegó una inusual obsesión con Starmer y la controversia de las bandas de captación, con una campaña próxima al acoso online que acabaría siendo, en parte, responsable de los reparos del primer ministro a aceptar una investigación formal. Su apuesta de principio, para capear la tormenta generada, fue ordenar una revisión integral, cuyas conclusiones han precipitado ahora la mano de Starmer.
El origen paquistaní
Su conversión damascena se habría producido, precisamente, con la lectura de la auditoría elaborada por la baronesa Casey, que detalla el alcance de un fenómeno especialmente incómodo para las sucesivas administraciones británicas, independientemente del color político, debido al origen asiático, concretamente de Pakistán, de un importante porcentaje de quienes estaban tras las redes, un factor que contenía el riesgo añadido de estigmatizar a un sector de la población.
Ellas no fueron escuchadas
El informe, sin embargo, no evita la inclusión del polémico vínculo, como tampoco un serio cuestionamiento del proceder de las instituciones que tendrían que haber protegido a niñas en riesgo de exclusión social. Su testimonio fue repetidamente ignorado, en algunos casos a pesar de las claras evidencias del indescriptible abuso al que eran sometidas, en muchos casos a cambio de alcohol, drogas o hasta comida rápida; con el escarnio adicional de ver cómo lo que se criminalizaba era su comportamiento.
La propia Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service, en inglés), el organismo dirigido entre 2008 y 2013 por el actual primer ministro, Keir Starmer, ha sido fuertemente criticada por condenar a jóvenes en situación de extrema fragilidad: las arrestadas por conducta inapropiada, habitualmente por desorden público y estado de embriaguez, eran las víctimas, menores de edad, en lugar de los adultos con quienes estaban.