Los despachos internacionales buscan negocio en Venezuela con la energía, en especial, el petróleo, la minería del oro y las tierras raras y la reestructuración de la deuda en el foco. En el nuevo escenario con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la extracción de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, los bufetes estadounidenses se interesan por el país. Es el caso de Hogan Lovells y de Latham & Watkins, entre otros, según trasladan fuentes conocedoras.
Firmas como Baker McKenzie y White & Case han mantenido actividad en el país durante estos años.
White & Case LLP, que representa a entidades del Estado venezolano vinculadas al Gobierno encargado de Juan Guaidó, incluyendo a PDVSA, presentó el 3 de abril una carta con otros despachos ante la magistrada Sarah Netburn, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, en la que solicita una suspensión de 45 días en cuatro casos judiciales relacionados con Venezuela, según ha informado Tal Cual.
La solicitud pretende darle tiempo a Delcy Rodríguez para designar abogados permanentes que representen a Venezuela y a sus entidades estatales ante esos tribunales.
“Nuestra presencia en Venezuela forma parte del ADN de la firma. Fue nuestra segunda oficina en el mundo, abierta poco después de Chicago, y desde entonces hemos asesorado a clientes de manera ininterrumpida durante más de 60 años. Esa trayectoria nos ha permitido desarrollar un conocimiento profundo del mercado y una capacidad única para acompañar a empresas locales e internacionales en la estructuración de operaciones, la gestión de riesgos y la identificación de oportunidades de negocio, incluso en contextos complejos. La combinación de continuidad, experiencia local y proyección internacional es hoy uno de nuestros principales diferenciales para los clientes con intereses estratégicos en el país”, trasladan desde Baker.
El CEO de Hogan Lovells, Miguel Zaldívar, nació en Caracas en el seno de una familia emigrada desde Cuba. Compañero y amigo del secretario de Estado, Marco Rubio, desde que estudiaban Derecho en Miami, dentro de su asesoramiento en distintas jurisdicciones, destaca el proyecto Fertinitro en Venezuela, por cerca de un billón de dólares, en el que ha aconsejo a Pequiven, entre otros asuntos venezolanos que ha llevado desde Miami, Caracas, Washington D.C. y Nueva York.
Latham & Watkins y White & Case no hacen comentarios.
Minas e hidrocarburos
Estos movimientos se producen cuando Estados Unidos está auditando los contratos petroleros y de minería de las últimas décadas en Venezuela y se acaba de aprobar la nueva Ley Orgánica de Minas, que autoriza a empresas y consorcios nacionales, extranjeros, estatales y privados a explotar oro y “minerales estratégicos”.
Las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años, pero podrán prorrogarse hasta por dos períodos de 10 años. El diputado Orlando Camacho, uno de los muñidores del proyecto, ha señalado que éste busca “atraer capital nacional y extranjero con seguridad jurídica” y “actualizar el marco legal para los retos actuales del país”.
La norma incorpora la posibilidad de la mediación y el arbitraje internacional para la resolución de conflictos.
En enero, se reformó la Ley de Hidrocarburos, que flexibiliza el control estatal y abre la industria petrolera a una mayor participación de empresas extranjeras y privadas, para atraer capital, aumentar la producción y diversificar los socios comerciales, y que ha permitido adaptar los contratos firmados sobre la producción de gas y petróleo entre Repsol y PDVSA.
El pasado 16 de abril Repsol firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y PDVSA que le permite retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo del activo de Petroquiriquire, que se añadió al rubricado con el Gobierno venezolano para los yacimientos de gas.
Reestructuración de deuda
Otro de los retos es la reestructuración de la deuda. El despacho Dentons venía asesorando en este asunto desde 2017 de la mano del abogado David Syed para refinanciar la deuda y hacer frente a los embargos emprendidos por Washington. A esta actividad se añadieron trabajos sobre PDVSA, por los que habría cobrado más de 20 millones de dólares, para convertirse en el asesor financiero de confianza de Maduro.
Próximo al principio al exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, habría contribuido a su caída en desgracia en 2023 por presunta corrupción y fraude multimillonario en PDVSA en el que más de 3.000 millones de dólares serían irrecuperables, un desfalco que ha investigado Armando Info, y se habría acercado entonces a Maduro. Desde la caída de este último, se mantendría de momento en la esfera del Gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Desde Dentons no hacen comentarios.
Sálvese quien pueda penal
En el ámbito Penal, cargos chavistas buscan abogados en EEUU para colaborar con la Fiscalía en un clima generalizado de ‘sálvese quien pueda’. Intentan adelantarse a posibles causas contra sí mismos y sus intereses y buscan colaborar. “Tratan de salvar el pellejo”, explican fuentes conocedoras.
“Hay muchísima gente que está intentando buscar abogados para salir, adelantarse a cualquier tipo de represalia contra ellos. Todos tienen miedo y las negociaciones de Rodríguez inquietan especialmente”, añaden. A esto se suma la inquietud que han originado las informaciones de que la presidenta encargada de Venezuela es objeto de investigaciones.