La investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) está en una fase que permite subrayar varias ideas y todas apuntan a Adif y al Ministerio de Transportes. Esto es así, otra cosa es adelantarse a pedir la cabeza del ministro Oscar Puente y yo personalmente creo que hay que esperar a los resultados definitivos de la CIAF (la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) a pesar de tener claro que es la política la que debe dar la cara por el mal funcionamiento del Estado y más por una tragedia provocada por un fallo de seguridad en la infraestructura ferroviaria. La primera idea es que el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, señala abiertamente como principal causa del siniestro a una rotura de la soldadura de las vías. Ahora la cuestión principal es saber por qué se produjo ese fallo y por qué no fue detectado a tiempo. En segundo lugar las adjudicaciones para el mantenimiento de la infraestructura remiten igualmente al ministro, porque dependen de Adif y esto está muy unido a la tercera idea el proceso de revisión de los raíles mediante auscultación por ultrasonidos.
Habrá que saber ahora el porqué y cuales son las medidas que se ponen sobre la mesa para que esto no vuelva a ocurrir. Pero todo el mundo sabemos que con 45 muertos no nos podemos quedar ahí. El accidente puede haber sido la consecuencia trágica de un cúmulo de fatalidades, pero pone sobre la mesa el debate sobre el estado de nuestro mapa ferroviario. La práctica totalidad de los expertos con los que he podido debatir en “La Mirada Crítica” convergen en dos ideas: la primera, que a pesar de esta fatalidad, el sistema ferroviario español es seguro; y la segunda, que tenemos, sin embargo, un problema real de mantenimiento de las infraestructuras que hay que abordar sin dilación alguna. Nos merecemos un debate político serio y sereno. Principalmente por la memoria de los fallecidos en Córdoba y por el joven maquinista fallecido del Rodalies de Barcelona.
Hay un cuarto elemento objetivo que describe el estado de nuestro mapa ferroviario: la incapacidad del Ministerio para restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria en Cataluña tras la muerte de este maquinista y la protesta de los empleados por las condiciones de seguridad del servicio. Ha sido una semana de caos completo con cortes totales en la red y paros parciales, líneas a media gas y, en el mejor de los casos, trenes con retraso. Una comunidad autónoma de ocho millones de personas lleva una semana sin un servicio normal de cercanías ferroviarias que debe darse por hecho. Hay cerca de 400.000 usuarios diarios de Renfe que han quedado completamente desamparados por el corte del servicio, la falta de información de la que todos los pasajeros se quejan y los pocos medios públicos que han puesto como alternativos.
Hay dos responsables de Rodalies y Adif que han sido cesados pero la desconfianza ciudadana en el sistema es absoluta y no se restaura solo con los dos ceses anunciados ayer. El caos vivido en Cataluña refleja una inadmisible descoordinación entre Adif, Renfe y la Generalitat que son los titulares de las vías, de los trenes y del servicio de Rodalies, respectivamente.
Los responsables de la situación de Cataluña deben dar la cara, mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora. Ni el ministro ni ningún alto cargo de Transportes han asumido políticamente la crisis como propia. El hecho de que el servicio no dependa de una sola institución no es excusa para que los usuarios sigan recibiendo información errónea. Adif debe explicar públicamente cuál es la situación de la infraestructura en Cataluña y cuál es el alcance de la desinversión histórica que arrastra.
A Adif le toca definir un calendario claro y fiable de la puesta en marcha de todas las líneas y un plan de mantenimiento a largo plazo. Esto le toca a Adif, pero a Renfe le toca explicar cuál es la situación con los maquinistas, traumatizados por la muerte de dos de sus compañeros en apenas dos días y lastrados por un conflicto laboral por el traspaso a Generalitat. Lo último le toca al Govern, como titular de servicio, tiene que poner orden en la información y proporcionar un transporte alternativo.
La crisis no ha surgido de la noche a la mañana, sino que es producto de años de dejadez. Y para restaurar la confianza de los ciudadanos se debe comenzar con explicaciones claras de lo que ha pasado para esclarecer la responsabilidad en todos los niveles.
El accidente ferroviario de Adamuz ha puesto el foco en una advertencia que los maquinistas y los sindicatos del sector llevan años formulando sin obtener respuesta: el deterioro del mantenimiento de la red ferroviaria española. Quienes conducen los trenes, conocen las vías y perciben de primera mano vibraciones y anomalías llevan alertando de que los riesgos son crecientes.
Ignorar estas señales no es sólo una mala praxis administrativa, sino una irresponsabilidad. Doce días después de la tragedia de Adamuz me quedo con una reflexión de Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios: los mantenimientos no se inauguran y las mercancías no votan, eso da una idea de cómo está enfocado el negocio ferroviario. Amén.