En medio del gran apagón y el caos ferroviario, y a las puertas de un cónclave, esta semana ha sido noticia la gestación subrogada, y poco se ha hablado de ello. El gobierno ha endurecido las condiciones para inscribir en el registro a los nacidos por esta vía en el extranjero. A partir de ahora, para poder registrar a los bebés, se deberá acreditar la filiación biológica, o bien llevar a cabo un proceso de adopción, obligatorio en el caso del padre o madre que no haya transmitido sus genes. Las familias del entorno de la gestación subrogada aseguran que esto vulnera y estigmatiza a los recién nacidos. Se podría dar el caso que, durante el proceso de adopción, el padre o madre genético falleciera. ¿En qué situación legal quedaría entonces la familia?
La cuestión de fondo no son los casos puntuales como el descrito, sino el debate sobre la gestación subrogada, que la ley del solo sí es sí considera una forma de violencia contra las mujeres y los menores. En España, en 2024 se registraron 154 niños y niñas nacidos por este método en el extranjero. Ahora el gobierno, con tal de desincentivar esta práctica, endurece las condiciones de registro de los menores.
La realidad de la gestación subrogada es múltiple y difiere mucho en cada país donde es legal. En Portugal, Grecia, Canadá, Reino Unido, Australia, Brasil, Uruguay, India y Sudáfrica, solo se permite de manera altruista; en Ucrania existe una alta remuneración económica que empuja a muchas mujeres a someterse a esa práctica por garantizarse un futuro a ellas o a sus propios hijos, y solo se aceptaban, hasta el inicio de la guerra, a parejas heterosexuales. En Chicago, se exige una estabilidad económica y emocional a la mujer gestante. En América latina son varios los países, como Mexico -a excepción de los estados de Tabasco y Sinaloa- o Colombia, donde la gestación subrogada no está regulada pero se practica, siendo los tribunales en última instancia los que procuran la inscripción del bebé a golpe de sentencia.
La gestación por substitución genera muchas dudas éticas cuando existe una situación de gran desigualdad económica entre los padres de destino y la mujer gestante. No se puede considerar que el consentimiento sea realmente libre cuando las desigualdades de clase social son pronunciadas. Claramente la decisión de la mujer no será la misma si la realidad es que sólo con los beneficios económicos de una gestación podrá permitirse los estudios universitarios de sus hijos o pagar una casa.
Pero por otro lado, tampoco se entiende por qué la ley debe frenar que una abuela geste a su nieta, si su hija sufre de complicaciones en el útero, o por qué se pueden donar óvulos legalmente en España, a cambio de un remuneración más o menos simbólica, pero no se acepta que se geste por los mismos principios jurídicos. Por otro lado, nadie puede exigirle a una mujer qué hacer con su cuerpo. ¿Es coherente que defendamos el derecho al aborto de una mujer pero no el derecho a que dé vida, si el consentimiento es libre?
Por otro lado, podría ser que en la gestación subrogada estemos basando nuestro juicio en estereotipos. La imagen de los padres receptores que tendríamos en mente es una pareja gay de posición económica holgada, porque sabemos que una gestación subrogada cuesta entre 100.000 y 200.000 euros, que incluyen la remuneración a la gestante y a los intermediarios, como las agencias que facilitan el proceso. Pero ignoramos que el 62% de las solicitudes para inscribir a los recién nacidos por gestación subrogada en España las han presentado parejas heterosexuales. Al conocer este dato, ¿cambia la imagen de la gestación subrogada? ¿Seríamos más empáticos con una mujer que tiene óvulos, pero no útero, y la ciencia le permite tener hijos con este método? ¿Podría haber algo de homofobia en la oposición a la gestación por substitución? Gestación subrogada, ¿sí, o no?