El pasado mes de marzo, Israel decretó el bloqueo total de la ayuda humanitaria en Gaza. Desde entonces, la población gazatí no ha tenido acceso a alimentos ni, por supuesto, a medicamentos. Esta decisión ha agravado aún más, si cabe, la ya precaria situación que afrontan las personas que viven en la Franja de Gaza desde que, hace más de un año y medio, Israel lanzara una ofensiva militar particularmente virulenta tras los atentados orquestados por Hamás en octubre del año 2023.
Recientemente, Israel ha puesto en marcha un nuevo y controvertido plan –que cuenta con el beneplácito de Estados Unidos– conforme al cual la Fundación Humanitaria en Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) asume con carácter exclusivo la tarea de repartir productos de primera necesidad a la población gazatí. Resulta de interés indicar que estos puntos de suministro se encuentran bajo la supervisión directa de las fuerzas militares israelíes, las cuales han tenido que intervenir con motivo del caos que se ha generado en estas semanas. Según las fuerzas israelíes, hubo que efectuar disparos a modo de advertencia. El resultado, sin embargo, ha sido demoledor: más de cien personas han muerto desde que la citada Fundación comenzara a actuar.
Vulnera el Derecho Internacional Humanitario
Vale la pena recordar que esta iniciativa ha sido criticada en todo momento por la Organización de las Naciones Unidas, así como por otras organizaciones humanitarias que han señalado que la actuación de la Fundación Humanitaria en Gaza vulnera el Derecho Internacional Humanitario (es decir: el conjunto de normas que las partes beligerantes en un conflicto bélico deben respetar). Y es que, aunque pueda resultar llamativo y hasta cierto punto contradictorio, incluso en la guerra existen unas normas que deben respetarse. En definitiva, no todo vale en el contexto de un enfrentamiento armado. De todo ello se ocupa, como decía, el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, esta rama del Derecho Internacional estipula de manera específica que la ayuda que se proporciona en un conflicto bélico debe articularse de conformidad con, principalmente, los principios de humanidad, neutralidad e independencia.
A la luz de los hechos, cabe concluir que aquéllos han sido abiertamente ignorados. Así, puede advertirse, por ejemplo, que el principio de humanidad está siendo gravemente comprometido cuando se constata que la ayuda proporcionada por la citada Fundación, en lugar de aliviar el sufrimiento de la población gazatí, está siendo canalizada a través de escasos puntos de suministros que, para mayor escándalo, se encuentran fuertemente militarizados. De este modo, se impide un acceso seguro y regular a la población necesitada que tiene, además, que atravesar líneas militares israelíes de cara a recibir algún tipo de ayuda. En consecuencia, los peligros a los que los gazatíes se enfrentan en su desesperado intento por obtener asistencia son tan notables como inadmisibles.
En línea con lo explicado, es preciso aclarar que el principio de neutralidad exige que los actores humanitarios no participen en las hostilidades ni favorezcan a ninguna de las partes en conflicto. Sin embargo, como ya se sabe, la Fundación ha sido auspiciada por Israel y respaldada por Estados Unidos, lo que compromete seriamente su apariencia de neutralidad y mina su credibilidad operativa ante la población destinataria. Lo anterior se traduce, asimismo, en una preocupante falta de independencia. Otro principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario. En definitiva, la vinculación de la Fundación con Israel pone en tela de juicio su capacidad de actuar de manera autónoma. Ello redunda en su incapacidad de atender y, por lo tanto, responder a las necesidades humanitarias que surgen en la zona. Claramente, la ayuda prestada por dicha fundación no se ajusta a los estándares que impone el Derecho Internacional Humanitario.
Vemos, por tanto, que la asistencia que Israel está prestando no encaja con los parámetros legalmente prescritos. Debemos ser conscientes de que dicho país ha decidido expulsar a otras organizaciones para, de este modo, monopolizar la manera en la que se accede a la alimentación; una alimentación que además de ser extremadamente limitada, ha debido suspenderse temporalmente como consecuencia de los incidentes acaecidos en los puntos de distribución.
Un crimen de guerra
Es evidente que el Estado israelí utiliza el hambre como una estrategia más para estrangular y llevar al límite a la población gazatí que, además, se está viendo forzada a desplazarse para adquirir comida en los comentados centros que la Fundación coordina. Llegados a este punto, la comunidad internacional debe reaccionar, ya que esta táctica constituye un crimen de guerra. Así lo indica el Estatuto de Roma (el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional). En conclusión, el hacer padecer hambre constituye una táctica criminal. Negar el acceso al pan es despojarse de toda humanidad. Frente a ello, la citada comunidad internacional debe actuar, puesto que -tal como apuntó en su momento el filósofo alemán Karl Jaspers– el silencio equivale a complicidad.