No teníamos bastantes líos internos, como los juicios por corrupción o las campañas electorales radicalizadas, ni exteriores, con el tema de la guerra en Oriente Medio y la errática política exterior que ofrecemos al mundo, que ahora tenemos que enfrentarnos a un embrollo monumental, de esos de liarla parda, con el MV Hondius, el barco del hantavirus.
Volvemos a las descoordinaciones que ya sufrimos con el Covid, con los incendios, con la DANA, con las inundaciones… en donde vimos con estupor que las autoridades responsables legalmente hacían mutis por el foro y las que tuvieron que hacer frente a las disfunciones no contaban con los medios necesarios que las otras tenían que haberles proporcionado.
Ya con el estado de alarma del Covid, declarado anticonstitucional, se inauguró la tradición de la centrifugación ante catástrofes o desastres, naturales, artificiales, tecnológicos o sanitarios. El gobierno español se lavó entonces las manos y fueron las comunidades autónomas quienes, sin orden ni concierto, tuvieron que improvisar las medidas a que fueron obligadas por mor del anticonstitucional decreto, originando un caos de medidas de aislamientos, toques de queda y demás suspensiones de derechos, sugeridas, nos decían, por un inexistente comité de expertos. Parecida descoordinación hemos sufrido en estas otras tragedias.
No sé si la experiencia, que tendría que servir para algo, nos va a ayudar en el problema actual, cuando un barco infectado por otro virus, distinto al del Covid, menos contagioso, pero más letal, es desviado a un puerto español mediante, parece, un acuerdo político entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de España. Digo acuerdo político porque el Derecho del mar no obliga a España a convertirse en actor principal de un problema cuyos responsables legales son, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), arts. 91–94, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), arts. 20–28 y el Derecho marítimo consuetudinario, el propietario y el armador de un buque y el gobierno del estado bajo cuya bandera se navega, todo ello situado en los Países Bajos.
Pues bien, tomado ese acuerdo, cuya ejecución compete no sólo a las autoridades gubernamentales españolas sino también a las de las de la comunidad autónoma afectada, las Islas Canarias, hemos comprobado nuevamente que, esta vez en sentido inverso, la obligada coordinación establecida por la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011, ha brillado por su ausencia. Nos dirán, ahora, que ya se han puesto de acuerdo en cuándo y como ha de fondear el barco en el puerto canario y cómo son trasladados los pasajeros a los aviones que los llevarán a sus respectivos países. Para ello se han necesitado repetidas denuncias del gobierno autonómico, que hubiera debido de ser objeto de consultas previas en aquello que es de su competencia. La coordinación no significa yo decido y tú ejecutas, sino precisamente el examen previo conjunto del objeto de la misma para poder establecer apropiadamente cuales van a ser y cómo se van a ejecutar las medidas coordinadas.
Además, la UE exige a los Estados miembros disponer de una Comisión o Mecanismo Nacional de Coordinación de Emergencias Sanitarias. España todavía no la ha creado, pese a que es obligatoria (sólo la Comunidad de Madrid cuenta con un organismo en este ámbito, pero no es lo que la UE dispone). Ahora parece ser que están adoptando un protocolo de coordinación con las comunidades autónomas, que no es lo mismo que la UE exige, en el Reglamento (UE) 2022/2371, sobre amenazas transfronterizas graves para la salud. Y se trata de un reglamento, es decir, que no necesita transposición…. sino aplicación directa.
El espectáculo que nos han dado nuestras ministras, acerca de su conocimiento respecto de lo que se tiene que hacer es también apoteósico. La de Sanidad parece no saber discernir entre atracar y fondear, en un caso en el que una cosa, la primera, puede poner en riesgo directo a los habitantes de la isla en cuyo puerto atraque un buque y, la segunda, es la medida que desde hace siglos toman los buques sospechosos de poder provocar problemas sanitarios, consistente en no llegar al puerto sino inmovilizar el navío a una distancia prudencial del mismo para evitar contaminaciones, tanto desde el buque a tierra como desde tierra al buque. Esto es lo que se ha hecho finalmente, pero nos podíamos haber evitado el ridículo.
Lo mismo cabe decir de qué hacer con los pasajeros y la tripulación del barco, que son desembarcados para derivarlos a sus países de origen. No sé a quien han consultado la medida puesto que van a movilizar a más de 20 administraciones, porque el pasaje es de múltiples nacionalidades, mayoritariamente europeas (Reino Unido incluido, aunque no esté en la UE). Realmente las autoridades responsables, la OMS incluida, se han despertado más que tarde, puesto que varias docenas de pasajeros abandonaron el barco sin control alguno en distintos puntos y ahora hay que hacerles un seguimiento mundial, a ellos y a sus contactos directos, cuando hubieran tenido que acordar, como medida de emergencia, ya a principios de abril, especialmente a partir del 11 de ese mes cuando se produjo el primer fallecimiento, la prohibición de desembarcar.
Numerosos expertos reales sobre el tratamiento de estos casos (no los políticos de turno, sino los que tienen experiencia al respecto) afirman que la mejor medida hubiera sido el confinamiento en el barco para hacer el debido triaje entre los pasajeros y derivar a otro buque, en alta mar, a quienes no fueran sintomáticos, haciendo a todos las preceptivas pruebas para detectar a quienes estuvieran infectados, derivando directamente a sus países de origen a los pasajeros, con las correspondientes medidas de protección o hacer que fueran recibidos todos ellos en el país responsable jurídicamente del caso, los Países Bajos, para darles allí el tratamiento adecuado a la situación de cada uno, cuarentena mediante. Pero parece ser que hemos preferido liarla parda también con esta cuestión. Algunos dicen que los intereses particulares de nuestra ministra de Sanidad con la OMS podrían tener algo que ver en el asunto, pero no acaba de estar claro.
Tampoco se entiende cómo pueden aparecer ante los medios nuestras ministras, de Defensa y de Sanidad, para afirmar, la primera que quienes sean derivados a España podrían hacer voluntariamente la debida cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, mientras que la de Sanidad afirmaba que serían internados en ese hospital para cumplirla. El aislamiento de todos quienes hayan estado en el buque, y el de los contactos que hayan tenido, es médicamente obligatorio y legalmente establecido en nuestra legislación. Tal aislamiento es una restricción de derechos fundamentales que, por ello, debe cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y duración adecuada y tiene que ser, necesariamente, judicialmente avalada, según dispone el art. 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los tribunales, en aplicación de estas disposiciones han avalado medidas similares en numerosas ocasiones incluso, en situaciones de emergencia, sin audiencia previa, cuando el riesgo así lo justifica. Y así ha sido ya hecho en este caso, dejando en bastante mala posición a quien afirmaba que la cuarentena tenía que ser voluntaria.
Para terminar, es necesario añadir que tampoco la Unión Europea ha mostrado la diligencia necesaria. Hizo lo mismo con la pandemia anterior, costando la intemerata que la Comisión se decidiera a tomar medidas efectivas, sobre coordinación, compra de materiales, etc. La UE se rige por el Reglamento (UE) 2022/2371 sobre amenazas transfronterizas graves para la salud y el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/220. En ambos se establecen medidas de coordinación dirigidas especialmente a que no se produzcan actuaciones unilaterales que compliquen la respuesta a la situación. Que yo sepa no se han acordado esas coordinaciones, siendo que son varios los Estados miembros de la UE con ciudadanos afectados. Al menos, no se ha comunicado que existieran y en qué consistiría tal coordinación. Sólo hemos sabido que han puesto aviones a disposición para poder repatriar a personas afectadas.
Da la impresión de que otro virus, el de la descoordinación, la está liando parda en todos los niveles.