El concepto de emergencia humanitaria compleja (EHC) se generó a finales de los años 80 por las Naciones Unidas para describir el carácter diferenciado de las grandes crisis que proliferaron durante la post- Guerra Fría.
Al menos desde el 2015, Venezuela vive una EHC, la cual ha sido reconocida por la comunidad internacional y esto implica que un altísimo porcentaje de la población venezolana necesita algún tipo de asistencia humanitaria por riesgos de daño a sus vidas, integridad, seguridad y subsistencia. El Estado venezolano ha impuesto limitaciones a la protección humanitaria internacional en base a una política de acceso restringido.
Todas las crisis humanitarias afectan a hombres y a mujeres, pero en general, no suelen ser neutrales al género y existe un impacto diferenciado sobre las niñas, adolescentes y mujeres, lo cual también sucede en Venezuela.
Principalmente para ellas, existe una vulneración en el derecho al acceso y ejercicio de los derechos de la salud y a la alimentación y conseguir del país les resulta más complicado.
En el aspecto sanitario, la falta de garantías de atención a la salud ha elevado la carga de enfermedad en la población venezolana, afectando por igual a hombres y mujeres. Sin embargo, este mayor número de personas con enfermedades genera un impacto desproporcionado para las mujeres pues son las que frecuentemente ejercen el rol de cuidadoras, siendo común que la responsabilidad sobre la salud de la familia recaiga parcial o totalmente en ellas.
Según la Sociedad Venezolana de Mastología, las mujeres venezolanas entre 35 y 75 años deben realizarse una mamografía anualmente. Sin embargo, las precarias condiciones del Sistema Sanitario Público lleva a que solo el 6% de ellas tengan la capacidad adquisitiva para realizarse una mamografía en centros privados. Del mismo modo, el alto coste de gastos de examen ginecológicos incide en el aumento del número de casos de cáncer de cuello uterino, siendo éste el segundo tipo de cáncer más frecuente entre las venezolanas.
Las niñas, adolescentes y mujeres se enfrentan a severos problemas por el aumento de los embarazados no deseados. El desabastecimiento de anticonceptivos y de medicamentos para atender a casos de infección de transmisión sexual es muy alto en este país. La falta de personal médico especializado para una adecuada atención de las mujeres embarazadas es otra de las vulneraciones del derecho a la salud.
La pobreza menstrual (falta de artículos para la higiene menstrual) conlleva que una de cada cuatro mujeres no cuenten “nunca” o solo “algunas veces” con toallas desechables sanitarias para su higiene menstrual, lo que las lleva a utilizar otros métodos que pueden conllevar riesgos de infección poniendo en riesgo su salud.
Entre los aspectos más dramáticos de la EHC se encuentra el aumento sostenido de la pobreza extrema, lo que supone la imposibilidad de comprar alimentos básicos. Existe una clara violación al derecho a la alimentación, incumpliéndose la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. La organización Cáritas ha reflejado que más del 80% de los hogares están consumiendo una alimentación pobre e inadecuada, más del 65% han tenido que recurrir a lugares no convencionales de venta de alimentos y que más del 34% de los hogares ha tenido que desincorporar a algún miembro familiar para bajar la presión del gasto en la compra de alimentos.
A nivel mundial, las mujeres y niñas se ven afectadas de manera diferenciada por las crisis alimentarias, y así, la ONG “Provea” ha demostrado en su informe que la violación al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela ha afecta más a la población más vulnerable, entre las que se encuentran las mujeres en general y las mujeres de la tercera edad en particular.
Por otra parte, decir que las mujeres embarazadas tienen un alto de riesgo en temas de seguridad alimentaria. Según informe realizado por UNICEF, más de un 37% de las gestantes en Venezuela sufren de desnutrición, lo que implica un alto de riesgo de enfermedad/mortalidad materna y neonatos con bajo peso.
La EHC también ha agudizado el proceso de migración y desplazamiento forzoso, huyendo de la violencia, inseguridad, amenazas, falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. En una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones, se refleja las dificultades que encuentran las mujeres venezolanas en su trayecto migratorio siendo el principal problema la falta de recursos seguido de la falta de información y medio de transporte. Resulta curioso que los recursos necesarios para mudarse suelen ser más altos para las mujeres que para los hombres lo que está ligado a un sobrecosto por regulaciones y discriminaciones vinculados al sesgo de género.
Debemos mostrarnos atentos a todos los cambios que van a ir produciéndose en Venezuela y no perder el foco de atención en aquellas mejoras que deben de ser prioritarias, no solo para las mujeres, niñas y adolescentes sino para toda la población. La eliminación de la flagrante y evidente destrucción de los Derechos básicos de la población venezolana ha de ser una de las prioridades para cualquier Gobierno. Las amplias dimensiones de esta problemática necesita de cambios estructurales que han de ser una prioridad y estar controlados de manera firme por la comunidad internacional.