Cabe iniciar este escrito haciendo un pequeño resumen de lo acontecido en cuanto al fallo de las pulseras antimaltrato telemáticas.
Fue la Fiscalía la que señaló en su última memoria un fallo en el volcado de datos del sistema Cometa lo que supuso una “potencial desprotección de las víctimas” y “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones de agresores”.
Entre diciembre de 2024 y mayo del presente año, el Ministerio de Igualdad recibió avisos del mal funcionamiento de las pulseras, siendo los técnicos de Cometa (el sistema de seguimiento de estos dispositivos) los que dieron el aviso. También alertaron del mal funcionamiento las propias víctimas.
Ha quedado confirmada la pérdida provisional de datos a consecuencia de la migración efectuada en su momento entre sistemas. Esto, junto al mal funcionamiento de los dispositivos ha llevado a que las mujeres afectadas hayan estado desprotegidas ante su agresor y ante la Justicia porque no pudieron probar los quebrantamientos ocurridos ni saber de la cercanía de su agresor.
Ante esta evidencia, el ministro Bolaños ha minimizado los daños producidos al igual que ha hecho la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, la cual argumenta en sus explicaciones que todo es muy complicado de calcular y muy difícil de saber.
Deberíamos de dejar constancia de la responsabilidad que tiene en todo lo ocurrido la anterior Ministra de Igualdad, Irene Montero, la cual resta desaparecida en cuanto a declaraciones. Curioso, cuando fue ella la responsable del cambio de proveedor y de la consecuente pérdidas de datos en dicha migración así como de la compra de los nuevas pulseras. Y no lo olvidemos, también responsable de la ley del “Solo sí es sí” y la Ley Trans.
Ante esta esperpéntica situación, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pidió disculpas a las víctimas de violencia de género tras los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato. Se dirigió a “aquellas mujeres inquietas” por la situación que se estaba viviendo.
Habría que decirle que no son mujeres inquietas, son mujeres atemorizadas, no solo por el miedo a perder su vida, si no también por la protección de sus hijos.
La Ministra de Igualdad ha asegurado que el contrato para gestionar las pulseras antimaltrato volverá a licitarse en unos meses. No nos llevemos a engaño, no se adelanta la licitación para mejorar la situación, es el tiempo estipulado pues el anterior contrato se firmó en noviembre de 2023 y en él se marcaba una duración de 30 meses.
Según la ministra, el actual sistema de protección de las víctimas “funciona” pero considera que Igualdad quiere incluir en la nueva licitación una nueva “plataforma de datos” y otras mejoras que no se han especificado.
Llegados a este punto cabe realizarse algunas reflexiones. En nuestro país hay 105.000 mujeres en el sistema Viogen y solo tienen pulseras 4.515 de ellas. Se limitan a dar pulseras cuando se consideran casos graves para las mujeres, pero a las de riesgo bajo también se las asesina. En un Ministerio con un alto presupuesto debería de plantearse invertir más en la protección de todas las mujeres amenazadas.
También debería de reconsiderarse el número de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados a la protección de las víctimas de violencia de género, el cual es totalmente insuficiente. Las mujeres víctimas del error de las pulseras deberían saber si el número de agentes que velan por su seguridad se ha aumentado a raíz de lo acontecido.
Es indignante la opacidad y la falta de información que afecta directamente a 4.515 mujeres y sus hijos e hijas. Estas mujeres no saben exactamente al peligro al que han estado expuestas y siguen a día de hoy sin saber a que atenerse.
Es necesario saber la verdad sobre lo ocurrido y sus consecuencias así como saber la verdad sobre el actual funcionamiento de las pulseras.