El sistema Cometa, encargado de la gestión y seguimiento de las pulseras antimaltrato que portan agresores y víctimas cuando se dicta una orden judicial de alejamiento, ha atravesado en los últimos meses una de sus mayores crisis de funcionamiento. La transición en la adjudicación del servicio, que pasó en 2023 de Telefónica (que lo subcontrataba a Securitas Direct) a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas, derivó en fallos técnicos de gran calado. Estos errores, reconocidos por la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual, han tenido consecuencias graves. Estas consecuencias afectan la protección de mujeres víctimas de violencia machista y sexual, así como en la persecución penal de los agresores.
Durante el proceso de migración de datos, que culminó el 20 de marzo de 2024, se produjo un fallo que impidió acceder a la información de los movimientos y localización</strong> de los agresores antes de esa fecha. En ese momento había cerca de 4.500 dispositivos activos en España, pero se desconoce a cuántos casos afectó. La Fiscalía ha alertado de que la imposibilidad de contar con esos registros supuso, de facto, una pérdida de pruebas imprescindibles para acreditar el quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Esto generó sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias.
Este vacío probatorio no solo impactó en la fase de instrucción, sino también en la de enjuiciamiento en los juzgados de lo Penal. Según la Fiscalía, la ausencia de datos impidió que el centro Cometa respondiera a las incidencias relativas a los meses previos a marzo de 2024, lo que derivó en absoluciones por falta de pruebas concluyentes.
Advertencias previas
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, ya había advertido en enero de 2024 a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los riesgos de adjudicar el contrato a Vodafone. Esta empresa no tenía experiencia previa en la gestión de este tipo de dispositivos. Su entonces presidenta, María Ángeles Carmona, denunció posteriormente que las nuevas pulseras eran más fáciles de <strong>manipular e incluso de retirar. También se llegó a comprobar que algunas de ellas se habían adquirido a través de plataformas comerciales como AliExpress, extremo que el Ministerio de Igualdad niega.
Carmona ha relatado casos en los que los dispositivos no emitieron alertas pese a que los agresores se encontraban frente a las víctimas. También mencionó situaciones en las que la policía halló pulseras desactivadas en la vía pública sin que se hubiera comunicado a los juzgados. Estos fallos, insiste, han generado gran preocupación en la judicatura, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad. Por eso algunos jueces han dejado de considerar fiables estos dispositivos.
Desde Igualdad se defiende que el proceso de transición contó con un equipo técnico específico integrado por personal de Telefónica, Vodafone y Securitas, y que se desarrolló de manera “óptima”. El Ministerio asegura que en la actualidad todos los datos están plenamente integrados en el sistema. Además, descarta la existencia de un “apagón” generalizado, si bien reconoce la posibilidad de incidencias puntuales durante el traspaso.
La cartera que dirige Ana Redondo subraya que las nuevas pulseras, en propiedad del Ministerio, son más modernas. Además, amplían su alcance también a las víctimas de violencia sexual, en cumplimiento de la Ley de Libertad Sexual. Sin embargo, el reconocimiento de la Fiscalía sobre las consecuencias en sede judicial evidencia que el fallo técnico tuvo un impacto real. Principalmente, en la protección de mujeres y en la persecución de delitos.
Consecuencias judiciales y sociales
La memoria anual del Ministerio Público advierte de que los fallos han provocado inseguridad jurídica. Han afectado directamente a la vida de las víctimas. En algunos casos, mujeres afectadas han llegado a solicitar la retirada de los dispositivos al percibir que no ofrecían garantías de protección. El problema, además, ha tenido un coste social: se ha debilitado la confianza en una herramienta considerada hasta ahora como uno de los grandes avances en la lucha contra la violencia machista.
Desde su implantación en 2009, las pulseras antimaltrato han sido valoradas como un mecanismo eficaz, llegando a evitar homicidios en el 100% de los casos en los que estaban activas. Sin embargo, los fallos recientes han puesto en entredicho esa eficacia y han reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la supervisión técnica y judicial del sistema.
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