El Gobierno encadena 48 horas de silencios medidos ante el recrudecimiento del caso Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez denunciado por presunto acoso sexual y actitudes machistas contra mujeres del PSOE. Más allá de las palabras de Pilar Alegría -que este martes calificó de “vomitivas” las expresiones atribuidas al exalto cargo en los escritos internos- ningún ministro ha dado un paso al frente. La excepción de la portavoz del Gobierno protagoniza admás una situación incómoda: fue ella quien mantuvo una comida personal con Salazar hace menos de dos meses, en un encuentro revelado por este periódico.
El resto del Gobierno, al menos de momento, guarda silencio: ni mensajes de apoyo a las denunciantes ni explicaciones públicas sobre la gestión del partido. El mutismo (el de los hombres) es cada vez más sonoro en contraste con la intensidad de la tormenta interna.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, canceló su agenda este jueves en plena sacudida por el caso. Un día antes había sido prácticamente obligada a pronunciarse, durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. Sus palabras fueron claras: “Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en ningún partido político”. Redondo reclamó “ser mucho más rigurosos” en la selección de cargos orgánicos. Pero más allá de eso, nada más.
Ni en la Reunión de Alto Nivel con Marruecos, celebrada este jueves en la Moncloa, hubo referencias al caso. Y los ministros más activos en redes optaron también por guardar silencio. El Ejecutivo, de momento, se aferra a la contención. Tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primer acto de campaña arropando a su candidato en Extremadura se pronunció al respecto. Y ya hay quien, de puertas para dentro, recuerda las polémicas palabras que pronunció delante de un micrófono de Ondacero, cuando afeó a Irene Montero su discurso y aseguró tener amigos “de entre 40-50 años que han visto en algunas ocasiones incómodos con ese discurso”.
Ferraz intenta contener la brecha
El fuego volvió a reactivarse este martes, después de que eldiario.es publicara nuevos extractos de los testimonios de mujeres que trabajaron bajo las órdenes de Salazar en Moncloa. Ferraz, que consideraba el asunto cerrado desde el verano -cuando el mismo periódico reveló el caso- convocó de urgencia una reunión con las responsables de Igualdad del partido. Según relatan fuentes presentes, la dirección pidió “calma y paciencia” y reconoció “errores” en la gestión.
Desde esa reunión, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, junto con Adriana Lastra y la diputada Andrea Fernández, han sido de las pocas que se han puesto delante de los micrófonos de los periodistas y han explicado el caso. “Ha sido un error tardar cuatro meses en contactar con las víctimas”, reconoció Bernabé. “Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes”, denunció este Andrea Fernández.
En Ferraz admiten la magnitud del enfado. “Esto hay que arreglarlo”, trasladan fuentes de alto nivel del partido a este periódico, que insisten en que “no ha habido intención de ocultar nada”.
La Fiscalía, punto de fricción
Ahora, el debate de los socialistas se centra en la posibilidad de trasladar las denuncias a la Fiscalía. La opción no quedó descartada, pero la dirección insiste en que la Comisión Antiacoso debe terminar primero su informe. “Vamos a esperar, tal y como pone el protocolo”, defendió Bernabé.
Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y antigua número dos del PSOE, discrepa por completo. Este jueves pidió que el órgano interno eleve “de manera inmediata” toda la documentación recopilada. Lastra lleva semanas reclamando contundencia: “Vamos a exigir todas las responsabilidades que haga falta”. En el partido recuerdan que la propia Lastra relató meses atrás el “acoso y derribo” que sufrió por parte de Santos Cerdán, hoy investigado por la trama de corrupción vinculada al Gobierno.
Silencio político y ruido interno
La reacción del Gobierno –contenida, tardía y casi inexistente en público– contrasta con la magnitud del caso dentro del PSOE. No hay ministros defendiendo abiertamente a las denunciantes ni hay mensajes institucionales que acompañen la gravedad del escándalo ni ningún gesto político que atenúe el malestar de las bases.
Mientras tanto, en el entorno socialista se extiende la sensación de que el partido ha perdido el control de los tiempos. La investigación interna avanza despacio, la Comisión Antiacoso no ha concluido aun su informe y el debate sobre acudir a la Fiscalía fractura posiciones entre dirigentes. Las últimas dos jornadas han evidenciado un cierre de filas por parte del Gobierno. Una estrategia que apunta más a evitar daños políticos que a dar explicaciones. Sólo Alegría y Redondo han contestado, que son, precisamente, dos mujeres ajenas al escándalo.
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