Cuando la jurista Ana Redondo (Valladolid, 1966) tomó el timón del Ministerio de Igualdad, en Moncloa ya eran muy claros: querían un “perfil bajo”, más técnico y menos político que el de la anterior inquilina del Ministerio, Irene Montero. Durante los años de la eurodiputada de Podemos a los mandos, el PSOE tuvo que renunciar a una ley abolicionista de la prostitución, y fue derrotado en los sucesivos debates sobre la ley trans. Además de la cadena de errores y reproches cruzados con la ley del ‘sólo sí es sí’.
Redondo ha vuelto a anunciar una ley abolicionista para la que no tiene los votos amarrados; otra frente a la trata que el Gobierno arrastra desde la anterior legislatura, y una tercera sobre violencia vicaria, recién planteada. Y es menos combativa que Montero, en fondo y forma. En su partido hay quienes bendicen esta forma de actuar, por el umbral de decibelios alcanzado entre el PSOE y las organizaciones feministas clásicas en la anterior legislatura.
Y hay dirigentes que reconocen, sin titubeos, que Redondo es “una de las ministras más cuestionadas”. Un dirigente territorial reconoce que que la ministra de Igualdad no levanta “pasiones” entre el movimiento feminista, aunque afirma que en el partido “no hay un debate ni un cuestionamiento”.
Ni “levanta pasiones”, sostienen, ni tampoco “consideran que esté haciendo una gestión excesivamente destacada”, apostillan. Si bien afirman que no hay “un debate sobre ella “en el partido ni un cuestionamiento”. “Lo de las pulseras, al menos con lo que se sabe, lo situamos en un error técnico al cambiar de proveedor ajeno a su responsabilidad”, zanjan. De puertas para fuera, sin embargo, es común que aireen que Redondo está en la cuerda floja.
La última polémica que le afecta, la de las “incidencias” en las pulseras telemáticas, ha llevado al Gobierno a ponerse de perfil, y hasta el viernes otras voces del Ejecutivo no salieron a vender que ya han resuelto estas “incidencias”.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó en declaraciones a los medios que ya habían resuelto estas “incidencias”, pero evitó aludir a la actuación específica del Ministerio. El jueves, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Fernando Grande Marlaska habían señalado a Igualdad, marcando distancias con esta cuestión.
La titular de Igualdad está entre las políticas que suelen ser señaladas como posibles perfiles a relevar en una futurible crisis de Gobierno. Sánchez ya la sustituyo como responsable de Igualdad del partido en el 41 Congreso de diciembre de 2024, alimentando la percepción de que su futuro político es incerto.
Redondo no puede presumir de una ingente producción legislativa. Al menos, si se compara con el balance de su predecesora. Las leyes contra la trata y la prostitución siguen pendientes, aunque la última se antoja casi imposible. Y recientemente anunció otra norma contra la violencia vicaria, que todavía tiene que aprobar en Consejo de Ministros en primera vuelta. Como la ley abolicionista de la prostitución, que el PSOE lleva amagando con llevar al BOE desde 2022.
En los territorios hay figuras que secundan esta lectura sobre el perfil político de Redondo, pero también otras que aseguran que en el debate interno no está teniendo repercusión la polémica con las pulseras telemáticas. ” Yo no veo que Andalucía tenga ningún grupo de gente que hable mal de ella o le reproche nada en relación a lo de las pulseras”, abunda uno de ellos.
“Un fallo imperdonable” de las empresas
Otros dirigentes del PSOE también destacan “el imperdonable” y “gravísimo error” de las compañías que gestionan el servicio Cometa. En 2023 -durante la etapa de Irene Montero como ministra- , Igualdad licitó el nuevo contrato, y la gestión pasó de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas. “Es un fallo imperdonable”, incide una dirigente socialista, “que tiene que ver con un error que afecta a las telecomunicaciones”. La misma fuente destaca que el error ha sido “temporal y puntual”, y que los datos “se pueden enviar a los juzgados”.
También sostiene que se han activado los protocolos “para hacer un seguimiento exhaustivo y saber qué ha pasado”. “Hay que pedir responsabilidades a quienes se ocupan de dar un servicio tan importante, tan esencial, que en un momento dado falla por cuestiones puramente técnicas”. “Hay que hacer un seguimiento mayor en todos los contratos de la Administración, no sólo los del Gobierno central”, apunta.
El Ejecutivo se afana ahora por seguir animando a las mujeres a que denuncien las agresiones, a que confíen en que el sistema funciona. Fue la Fiscalía General del Estado la que alertó sobre la gravedad de estas “incidencias”, en su Memoria Anual de 2024, para después rebajar esta advertencia. Ni el Ministerio Público ni Igualdad han precisado cuántas absoluciones y sobreseimientos se produjeron por estas “incidencias” en los dispositivos telemáticos, que impidieron que el sistema Cometa proporcionase información sobre la ubicación de los maltratadores antes de abril de 2024.
Según la Memoria de la Fiscalía, el fallo generó una “potencial desprotección de las víctimas” y “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones de agresores”. Así, el documento afirma que en algunos procesos judiciales por quebrantamiento de órdenes de protección se había perdido “un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular la acusación”. El texto fue presentado oficialmente por el fiscal general la primera semana de septiembre, cuando se celebró la apertura del año judicial. Y rebajado en una nota de prensa del Ministerio Público tras estallar la polémica.
Intercambio de dardos entre el PP e Igualdad
El viernes, Igualdad y Génova 13 intercambiaron un cruce de comunicados públicos que evidenció el grado de tensión que afecta a sus relaciones. *Lo que no vamos a hacer es confirmar la realidad paralela que está creando el PP. Hay control telemático sobre los maltratadores, las pulseras funcionan y las víctimas están protegidas”; afirmaron desde el Ministerio, acusando al PP de crear “una alarma social innecesaria”. Destacaron que es “un tema muy delicado, que tiene a muchas mujeres asustadas“, y pidieron a los conservadores que cesen en su ofensiva.
Por su parte, en el PP censuraron que Redondo tardara “cinco horas” en devolver la llamada al vicesecretario de Igualdad del partido, Jaime de los Santos. “La llamada ha durado doce minutos y la ministra no ha podido concretar el número de maltratadores que quedaron sin control telemático por el fallo en las pulseras que garantizaba el cumplimiento de la distancia de seguridad con las mujeres agredidas”, reza el comunicado de los conservadores.
También anticipan que reclamarán “toda la información”desde las dos Cámaras del Parlamento, Congreso y Senado, dado que la ministra “no ha ofrecido ninguna información fehaciente, más allá de que la Fiscalía General del Estado ayer rectificó en una nota que lo que pone en duda es la veracidad de todos sus datos”.
Con el Ejecutivo intentando centrar los focos en Gaza, el PP intenta volver al ámbito doméstico y exigir explicaciones sobre estas “incidencias”. En el PSOE creen que los conservadores están intentado reeditar el fenómeno de las rebajas de penas con la ley del sí es sí, y llaman a la calma.