El PSOE se ha dado varios tiros en el pie con sus intentos de aprobar una ley abolicionista de la prostitución, y a juicio de algunas figuras del partido y de feministas históricas, todo apunta a que va camino de infligirse otro. Hace meses, una diputada socialista reconoció que, entre esos errores, contaban haber puesto a Sumar contra las cuerdas, y no haber sabido leer al PP, cuando forzaron la votación de una norma abolicionista en mayo de 2024, en mitad de la campaña electoral a las elecciones europeas. Esto es, en plena disputa con su socio de coalición por la bandera de la lucha por la igualdad.
Un año y cuatro meses después, organizaciones feministas se ven “al margen” de la estrategia de Ana Redondo, que este jueves volvió a anunciar como inminente una ley que ya va tarde, y que previsiblemente no estará lista en septiembre. Ha pasado de ser una iniciativa del PSOE en solitario registrada en 2022 -retirada-; recuperada en 2024 -derrotada-; anunciada de nuevo como iniciativa del PSOE y después como proyecto de ley del Gobierno.
Entre estas organizaciones dan por hecho que el esqueleto de la ley es básicamente el mismo que ya ha llegado al Congreso otras veces; que incorpora el proxenetismo, la tercería locativa y el castigo a los puteros. Como adelantó El País, incluye la prostitución online, y según la ministra también dedica un espacio importante a la pedagogía y a las nuevas masculinidades.
De hecho, en el mismo acto en el que reiteró estos avances, aludió a la ley de trata pendiente y a una norma para combatir la violencia vicaria, ella misma reconoció que la abolición de la prostitución no está contemplada en el pacto de coalición. Esto supone una dificultad añadida para un Ejecutivo que ya suda la camiseta en cada votación en la Cámara Caja.
El espacio político con más dificultades es Sumar: el partido de Yolanda Díaz, Movimiento Sumar, no tiene una posición cerrada, y fuerzas como Izquierda Unida han sido tradicionalmente abolicionistas. El problema es que Los Comunes, también dentro de este espacio, defienden posturas más próximas a considerar la prostitución como una actividad laboral.
Ya dieron portazo a la ley abolicionista del PSOE en 2024, y han rechazado la inclusión en el pacto de Estado contra la violencia machista como una forma de explotación de las mujeres.
Al otro lado del hemiciclo tampoco hay buenas noticias: El PP, que en 2022 avalaba la norma antes de su retirada, afirma que en el siguiente intento del PSOE (2024) se sorprendió con la inclusión de las multas a los puteros, que no le habían anticipado. Acabó votando en contra, y hoy sigue fuera de la ecuación. Fuentes del PP aseguran a Artículo14 que, hasta la fecha, ni Igualdad ni el PSOE les han contactado para acercar posturas o siquiera para sondearles. “Nada de nada”.
Además, las organizaciones feministas, así como sus socios de Gobierno, no entienden la decisión de los socialistas de tramitar la ley desde el Gobierno, y no desde el grupo socialista del Congreso. Redondo lo está haciendo desde el Consejo de Ministros pese a la presencia de Sumar, aunque es consciente de las fricciones que eso generará al socio minoritario de la coalición. Junts, ERC, PNV o Bildu no apoyaron esta norma en mayo de 2024, y nada apunta a que vayan a cambiar de posición hoy.
Un nuevo cambio de estrategia
El 8 de marzo, día de la mujer, este diario publicó que los socialistas aspiraban a tramitar de forma paralela su norma abolicionista y la ley de trata, también pendiente de la pasada legislatura. El jueves, en el acto feminista de su partido, Redondo reconoció que va a ser difícil lograr los apoyos para impulsar su norma abolicionista: “No quiero engañaros, no quiero generar falsas expectativas”, asumió.
Fue entonces cuando anunció que la aprobación en segunda vuelta de la ley de trata en Consejo de Ministros es inminente, y por tanto lo es también su remisión al Congreso como proyecto de ley. Para esta norma no se prevén tantos obstáculos, y llegará a la Cámara meses antes que la ley abolicionista, que ni siquiera está aprobada como anteproyecto, y aún debe superar varios trámites que suelen requerir varios meses. Ahora, Igualdad dibuja un esquema que desvincula en el tiempo ambas normas.
Inicialmente la intención era vincularlas políticamente, aunque se tratara de leyes separadas, para evidenciar que el PSOE y las organizaciones feministas tradicionales consideran íntimamente relacionadas la trata y la prositución. El PSOE no pudo vincularlas en el pacto de Estado, pero sí quería hacer este guiño que, por los propios ritmos de tramitación de ambas normas, tiene más difícil visibilizar.
El escándalo de las conversaciones del exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, repartiéndose mujeres con el empresario Víctor de Aldama, ambos imputados en el caso Koldo, ha forzado a Sánchez y a Redondo a escenificar pasos hacia la abolición de la prostitución.
El Comité Federal que el PSOE celebró en julio, precedido de un acto de Sánchez con las dirigentes del partido, aprobó desarrollar una resolución aprobada en su último congreso para permitir la expulsión de los puteros de la formación. En septiembre, Ferraz no aclara si se ha logrado algún avance en esta materia.
El enfado de las feministas y las incógnitas de la norma
Organizaciones feministas trasladaron a este diario su malestar por no haber sido invitadas al acto del PSOE del pasado jueves, que contraprogramó una jornada negacionista de Vox en el Congreso. También han reconocido dudas sobre la estrategia de Igualdad con la ley abolicionista. Ven casi imposible que logre atar los apoyos, y advierten de que si no se actúa en esta legislatura, no podrán aprobar una norma similar en varios años.
A finales de agosto trascendió, además, la exigencia de las organizaciones feministas de que el Ejecutivo excluyera la prostitución –”Servicios sexuales”- de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Igualdad explicó que su inclusión obedece a un automatismo al traducir la guía interpretativa de Eurostat, y aseguró que esta mención no tiene “eficacia jurídica”.
Redondo agradeció en un vídeo el “celo” de las organizaciones feministas, que advierten de que no bajarán la guardia. A preguntas de este medio, el Ministerio no aclara si la ley abolicionista incluirá algún tipo de disposición para garantizar esta exclusión, más allá de los trabajos de Igualdad con el INE para sacar los “servicios sexuales” de la CNAE. No hubo respuesta, si bien insistieron en que el espíritu de esta norma está más que claro, y que no contempla blanquear la explotación sexual de mujeres. Las organizaciones aseguran que tampoco tienen más detalles.