En España, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) cabe destacar todo… hasta que alguien descubre lo que se ha colado. Y no hablamos de errores tipográficos, sino de algo mucho más serio: la prostitución. Sí, la “prestación o concertación de servicios sexuales” ha aparecido en el listado oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) como si fuera un servicio más, junto a actividades tan pintorescas como la astrología, el espiritismo o incluso el encantamiento de caballos.
El hallazgo no pasó inadvertido. Fueron las asociaciones feministas quienes dieron la voz de alarma, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reaccionó de inmediato: “Su mención es un automatismo que proviene de la práctica europea y estamos trabajando en su exclusión”.
Porque, en efecto, el despropósito tiene origen en la traducción casi literal que el INE hizo de la clasificación europea de Eurostat, sin filtrar aquellas categorías que chocan de lleno con la legislación española y la sensibilidad social.
De Europa con amor… y sin contexto
Lo que en Bruselas se concibe como una lista homogénea para que los países midan lo mismo, en España se convierte en un callejón sin salida político. En algunos Estados miembro, como Alemania u Holanda, la prostitución está regulada y forma parte del engranaje económico. En España, en cambio, no lo está, y además el Gobierno de coalición lleva meses impulsando un anteproyecto de ley abolicionista.
Así, mientras que en el norte de Europa los ingresos de la industria del sexo se contabilizan como si fueran los de cualquier otro sector, en España su mera mención es dinamita política y social. Tan incendiaria que el Ministerio de Igualdad ya ha anunciado que pedirá formalmente a la comisaria europea de Igualdad una revisión de la clasificación: que la guía interpretativa deje de ser uniforme y se adapte a las particularidades jurídicas de cada país.
Entre la estadística y la esclavitud
Pero lo que para algunos no pasa de ser un tecnicismo administrativo, para otras es una cuestión de dignidad humana. “No se puede regular lo que no es otra cosa que una forma de esclavitud. ¿Recomendaría alguien a su hija que eligiera la prostitución como trabajo? Solo con plantear esa pregunta se entiende la dimensión del problema”, afirma la fiscal Susana Gisbert.
Uno de los argumentos más recurrentes para justificar la normalización de la prostitución es el de la autonomía individual. Sin embargo, voces expertas como la de Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, desmontan esa premisa: “La prostitución no es una elección libre, sino el resultado de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, de la precariedad económica y, en muchos casos, del racismo y la exclusión social”.
Alsalem insiste en que la prostitución no puede analizarse con la lógica del mercado, porque la asimetría de poder es insalvable: “Lo que se compra no es un servicio, es el acceso al cuerpo de personas en situación de vulnerabilidad. Eso nunca puede ser tratado como una actividad económica legítima”.
La falacia de los números
Incluso si se intentara medir la prostitución como un sector económico, el experimento fracasa. El propio Banco Central Europeo admite que las cifras no son más que estimaciones aproximadas, construidas a partir de extrapolaciones y supuestos. En la práctica, nadie sabe con certeza cuántos ingresos genera, y mucho menos qué parte de ellos procede de situaciones realmente consensuadas.
Modelos opuestos: el espejo europeo
Mientras España debate si la prostitución debe figurar en una lista estadística, el mapa europeo ofrece dos reflejos opuestos. Alemania, que legalizó la prostitución en 2002 con la promesa de garantizar derechos laborales, ha visto cómo proliferaban macroburdeles y las redes internacionales de trata. En el extremo contrario está Suecia, que adoptó el llamado modelo nórdico: no criminalizar a las mujeres, pero sí penalizar a los clientes. Dos décadas después, los datos avalan la apuesta sueca: un descenso significativo en el consumo de prostitución y un cambio cultural que deslegitima pagar por sexo.
El valor simbólico de borrar una línea
A simple vista, todo este revuelo parece reducirse a una cuestión burocrática: si una línea en un listado estadístico se queda o se borra. Pero el trasfondo es mucho más profundo. Incluir la prostitución en la CNAE equivale a enviar el mensaje de que pagar por acceso sexual es tan normal como contratar a un fontanero.
Para la UGT, el sindicato mayoritario, no hay dudas: su inclusión “legitima de forma tácita la trata, el proxenetismo y la explotación sexual de las mujeres”. Una posición que conecta directamente con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo espíritu es, precisamente, desmantelar las estructuras que perpetúan la violencia contra las mujeres.
Ingenio o indignación
El episodio ha generado memes, bromas y titulares fáciles sobre la insólita compañía de la prostitución junto a astrólogos y encantadores de caballos en el listado del INE. Pero esta vez, la frialdad de la estadística se ha estrellado con la dignidad humana.
Que una base de datos europea lo contemple no significa que la sociedad española deba asumirlo. La prostitución, recuerdan las expertas, no es un sector económico, es una forma de violencia y desigualdad estructural. Y por más que algunos quieran disfrazarla de actividad mercantil, el resultado siempre es el mismo: la mercantilización del cuerpo femenino.
La ministra Ana Redondo ha prometido borrar esa línea del listado y, de paso, abrir un debate en Bruselas. Porque, en el fondo, de eso se trata. De decidir si como sociedad queremos aceptar que los cuerpos de las mujeres figuren en el mismo inventario estadístico que los caballos encantados. Y de recordar que hay fronteras que la estadística nunca debería cruzar.