El Gobierno se pone de perfil y deja sola a Redondo por la polémica de las pulseras

La polémica con las “incidencias” de las pulseras telemáticas que portan algunos maltratadores y sus víctimas ha llevado a varios miembros del Gobierno a ponerse de perfil. Los ministros muestran incomodidad y evitan expresar respaldo a la titular de Igualdad, Ana Redondo, que este jueves ha dado dos entrevistas para intentar rebajar la gravedad de estas “incidencias”, sobre las que alertó la propia Fiscalía General del Estado, que también ha salido a matizar las palabras de su propia Memoria Anual.

Ni la Fiscalía ni Igualdad han precisado cuántas absoluciones y sobreseimientos se produjeron por estas “incidencias” en los dispositivos telemáticos, que impidieron que el sistema Cometa proporcionase información sobre la ubicación de los maltratadores antes de abril de 2024.

Todos los miembros del Ejecutivo suelen defender sin evasivas que creen que en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por supuesta revelación de secretos. Con distintas palabras, todos aluden a una “cacería” cuando se les cuestiona por los casos de la esposa o el hermano del presidente. Incluso en la cúpula del Ejecutivo ponían la mano en el fuego por Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, antes de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha desembocado en su ingreso en prisión provisional.

Sin embargo, tanto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, intentaron pasar de puntillas este jueves por la polémica que el PP está intentando avivar para desplazar el foco de la agenda pública desde Gaza a los asuntos domésticos.

En un desayuno informativo, preguntada por estos fallos, Montero intentó suavizar los hechos, pero señaló directamente a su compañera en el Consejo de Ministros. “Creo recordar que la ministra de Igualdad esta mañana ha hecho declaraciones, en el sentido de que ha habido alguna incidencia y ya está resuelta”, respondió.

El ministro del Interior, por su parte, se situó al margen de los hechos, y también apuntó indirectamente a Igualdad. “Es una cuestión de la que puedo dar pocos datos”; “La gestión del servicio Cometa no depende del Ministerio del Interior”, defendió en declaraciones a los medios, para después animar a las víctimas a que denuncien. En Moncloa dicen no tener más información, y en Igualdad se esfuerzan por achicar agua.

Irene Montero, en silencio; Redondo, en el ojo del huracán

 Según la Memoria Anual del Ministerio Público, el fallo generó una “potencial desprotección de las víctimas” y “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones de agresores”. Así, el documento afirma que en algunos procesos judiciales por quebrantamiento de órdenes de protección se había perdido “un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular la acusación”. El texto fue presentado oficialmente por el fiscal general la primera semana de septiembre, cuando se celebró la apertura del año judicial.

El miércoles, Redondo tildó de “obsoleta” la información sobre el fallo en las “incidencias” detectadas en el cambio de contrato con la empresa que prestaba el servicio (pasó de Telefónica a una UTE entre Vodafone y Securitas). Entre julio y diciembre de 2024, no fue posible acceder a parte de la información de los movimientos de los hombres sobre los que se impusieron órdenes de alejamiento (hay 4.515 mujeres en el sistema de protección). La ministra concedió una entrevista en La 2, y después otra en La Sexta, para intentar explicarse.

Aseguró que el Ministerio no tiene registrado que se produjera un gran número de sobreseimientos y absoluciones después de estos fallos -“No nos consta”-, e insistió en que Igualdad ya cuenta con “todos los datos”, tras notificarse las “incidencias técnicas” durante la “transición” entre empresas adjudicatarias. Según su equipo, fue durante la etapa de Irene Montero (Podemos) como ministra cuando se licitó el contrato, y sólo Vodafone, que cumplía todos los requisitos, se presentó.

La ministra también echó balones fuera sobre el aviso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que según El Confidencial advirtió de que este fallo podía ocurrir. Su respuesta fue que de las “1.000-1.100” peticiones de información sobre órdenes de alejamiento, “sólo en el 1% de las peticiones de solicitud pedían los audios”.

Añadió que este registro no es la única herramienta para detectar si se ha quebrantado una orden de alejamiento, ni el único soporte probatorio. E insistió en que las trabajadoras de este servicio fueron llamadas a declarar como testigos cuando fueron requeridas. Además, negó que los dispositivos fueran adquiridos en Aliexpress.

Desde la dirección del PSOE sostuvieron que no han hablado “mucho” de esta materia, y apuntaron a que la propia Redondo afirmó que los fallos “son minoritarios”. “No se pudo obtener información en un momento concreto del procedimiento, pero el dispositivo funcionaba correctamente para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento del agresor respecto a la víctima”, afirma Igualdad en un comunicado de prensa.

“Esta situación en ningún caso ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino a delitos de quebrantamiento de condena, es decir, el incumplimiento de una orden de alejamiento”, reza el texto. También afirman haber contactado con la Fiscalía “para conocer exactamente el número de casos afectados. Los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez se recuperaron los datos para continuar los procedimientos en curso”, reza el texto.

En un comunicado hecho público el jueves, el Ministerio Público  ha destacado que “las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron”. Según explican ahora, los juzgados no pudieron acceder a la información “en un concreto periodo de tiempo”.