Este lunes se ejecutó la primera derivación de menores no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias hacia la península, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en marzo. Diez jóvenes fueron trasladados a Gijón (Asturias), donde han sido acogidos en recursos que gestiona la organización ACCEM. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó la operación como el inicio formal de un proceso continuado de reubicaciones semanales de menores no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias hacia la península.
Un día después, la reunión celebrada en la mañana del martes entre responsables de menores del Ejecutivo autonómico y representantes del Ministerio concluyó sin avances y con la confirmación de que se cancela el segundo traslado previsto para esta semana. La operación, programada para este viernes y que debía desplazar a 15 menores con protección internacional, no se llevará a cabo por “cuestiones administrativas” que, según el Gobierno de Canarias, el Estado no ha resuelto en cinco meses.
“Actitud impresentable”
A la salida del encuentro, la directora general de Infancia y Juventud de Canarias, Sandra Rodríguez, calificó de “impresentables” los argumentos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Migraciones. Denunció además que en la reunión se haya llegado a calificar de “circunstanciales” los autos del Tribunal Supremo que ordenan garantizar la acogida integral de estos menores.
“Estamos hablando de personas doblemente vulnerables: menores solicitantes de asilo y con protección internacional, cuya atención compete exclusivamente al Estado”, subrayó Rodríguez. La responsable autonómica recordó que en la reunión de la semana anterior se acordó realizar dos derivaciones durante estos días: la primera se materializó el lunes, y la segunda ha sido anulada sin alternativa inmediata.
Explicó que la previsión inicial de trasladar entre 15 y 20 menores por operación se ha reducido a un máximo de 15, e incluso a 10 en algunos casos, lo que prolongaría el proceso durante un año si no se incrementa el ritmo. Rodríguez señaló que, desde el inicio de las reuniones el 1 de julio, Canarias ha presentado propuestas y soluciones concretas, mientras que el Ejecutivo central no ha materializado compromisos equivalentes.
Criticó que sigue sin aprobarse el protocolo de traslados comprometido, a pesar de que su ausencia ya provocó problemas en la primera operación: no se había previsto el acompañamiento obligatorio de técnicos educativos durante todo el trayecto, lo que retrasó las autorizaciones.
Saturación en los centros
En su intervención, Rodríguez alertó de que en el centro Canarias 50 permanecen 142 menores sin evaluar, algunos desde hace casi un mes, pese a tener expedientes completos y a que el compromiso estatal era reubicarlos en un plazo máximo de 15 días. Añadió que en este recurso hay actualmente 152 menores a la espera de evaluación y que, en esa espera, algunos alcanzan la mayoría de edad.
Advirtió que la presión sobre el sistema continúa: “En los últimos días han salido 10 menores, pero han entrado 15”. A su juicio, esta situación mantiene la saturación en los dispositivos de acogida y repercute en servicios como sanidad, educación y atención a la infancia.
Durante la reunión también se abordó la situación de las niñas con protección internacional. Rodríguez informó de que se ha aceptado la propuesta de que sean atendidas, evaluadas y valoradas directamente en dispositivos especializados del Gobierno de Canarias, evitando su paso por centros de tránsito, con el fin de agilizar su atención y derivación.
Bloqueos y falta de planificación
La directora reconoció las dificultades del Gobierno central para habilitar las 1.200 plazas financiadas con 40 millones de euros aprobados en Consejo de Ministros, pero recordó que han tenido cinco meses para ponerlas en marcha. En este tiempo, Canarias ha pasado de 39 centros de acogida en agosto de 2023 a 85 en la actualidad. Criticó que la Administración central “no tiene claro” ni las plazas disponibles ni los destinos de los menores, y denunció la falta de coordinación entre ministerios.
Añadió que, ante la insistencia del Ejecutivo autonómico, el Ministerio se ha comprometido a presentar un calendario para las semanas que restan de agosto y la primera de septiembre. “¿Eso no es improvisar?”, se preguntó Rodríguez, en alusión a las críticas recibidas tras las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, que acusó al Gobierno central de actuar sin planificación.
Advertencia al Gobierno central
Aunque aseguró que Canarias mantendrá la colaboración —en tanto que tutor legal de estos menores—, advirtió que, si antes del 1 de septiembre no se adoptan medidas “claras, firmes y con compromiso”, el Gobierno canario lo reflejará en el informe que remitirá al Tribunal Supremo. Recordó además que cada 15 días deben informar al alto tribunal sobre el desarrollo de las derivaciones y que en el próximo informe volverán a trasladar la situación.
El lunes, horas antes de la reunión, y al completarse el primer traslado sin incidencias, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, defendió públicamente el procedimiento y mostró su satisfacción por el primer traslado. Lo calificó como “el resultado de un trabajo constante y riguroso” entre su departamento y el Gobierno canario.
Cancela subrayó que el proceso “no se improvisa” y que ha requerido pactar procedimientos para garantizar el bienestar y el interés superior de los menores. Recordó que la declaración de emergencia aprobada en julio contempla 40 millones de euros para habilitar 1.200 plazas en la península, y que en las derivaciones participan también el Ministerio Fiscal y las comunidades de destino.
Según explicó, en el centro Canarias 50 se realiza una primera valoración y una entrevista individualizada para asignar plaza en función del itinerario y las circunstancias de cada joven. Indicó que en los traslados los menores viajan acompañados por personal acreditado y representantes del Ministerio, y que en destino son recibidos por la entidad que se encargará de su acogida, con comunicación constante con la Fiscalía.
La secretaria de Estado detalló que más del 90 % de los menores provienen de Mali y el resto de Burkina Faso y Guinea Conakry, y que todos aceptan voluntariamente su traslado. Añadió que el objetivo es realizar dos derivaciones semanales, ajustables según los acuerdos que se adopten en las reuniones de los martes.