Cinco meses después de que el Tribunal Supremo ordenara al Estado asumir la acogida de los menores migrantes con protección internacional que se encuentran en Canarias, el Gobierno autonómico confirmó este lunes el inicio de los traslados a la península. Diez menores abandonaron el centro de tránsito Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, con destino a una comunidad autónoma que no se ha hecho pública por razones de protección.
Por la mañana, fuentes del Ejecutivo canario señalaron que era necesario realizar un nuevo trámite después de que la Secretaría de Estado de Migraciones comunicara un cambio en el personal técnico que recibiría a los menores en destino. Este hecho fue interpretado como una nueva muestra de improvisación en la gestión del proceso. La orden llegó a la Dirección General de Infancia a última hora del viernes, sin que se facilitaran horarios ni detalles de los vuelos. Desde el Ministerio no se pronunciaron sobre este cambio y se limitaron a reiterar que no se revelaría la comunidad ni la ciudad de llegada, alegando la necesidad de preservar la integridad y el interés superior del menor. También precisaron que, tanto en la salida como en la llegada, el acompañamiento correría a cargo de personal especializado de entidades colaboradoras.
En contacto con fuentes oficiales del Gobierno de Canarias, Artículo14 comprobó que, a las 15:00 horas, los menores permanecían en el centro de acogida sin que se hubiera iniciado el traslado al aeropuerto. Según las mismas fuentes, el desplazamiento se realizó por la tarde para tomar un vuelo con destino a la península.
El conflicto se remonta a 2023, cuando el Gobierno canario solicitó al Estado que asumiera parte de la acogida de estos menores, alegando la saturación de recursos y el impacto en servicios esenciales como la educación y la sanidad. Tras la negativa inicial de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Ejecutivo autonómico acudió al Supremo. En marzo de 2025, el alto tribunal dictó un auto que dio la razón a Canarias y obligó al Estado a garantizar el traslado de estos menores a plazas del Sistema Nacional de Acogida en la península, con un plazo improrrogable de diez días para cada caso, reconociendo la competencia exclusiva estatal en materia de asilo.
En declaraciones a la Televisión Canaria, la directora general de Protección de la Infancia y de las Familias, Sandra Rodríguez, explicó que la confirmación definitiva del operativo llegó el pasado viernes, tras varios días de incertidumbre. Atribuyó parte de la demora a que la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Atención y Protección Internacional “nunca han trabajado con menores en situación de protección internacional”, lo que ha provocado retrasos en la planificación.
Rodríguez recordó que estos menores están bajo tutela de la comunidad autónoma, por lo que es obligatorio que viajen acompañados por personal técnico educativo. En este caso, la entidad Engloba es la encargada de garantizar el acompañamiento y la atención especializada durante el traslado. Cada uno ha sido entrevistado individualmente, y sus expedientes —con informes psicosociales, evaluaciones de vulnerabilidad y datos actualizados— han sido remitidos al Estado. Aunque el protocolo establece que la estancia en el centro de tránsito Canarias 50 no debe superar los 15 días, en este caso se prolongó a tres semanas.
La directora general advirtió que los retrasos ya han tenido consecuencias: “Durante este periodo, algunos chicos han cumplido los 18 años y han tenido que continuar su proyecto migratorio por otras vías, quedando en mayor situación de vulnerabilidad. Otros han renunciado a la protección internacional porque perciben demasiada incertidumbre y falta de respuesta”. Recordó que el derecho de asilo protege a quienes huyen de conflictos bélicos, así como a niñas que escapan de matrimonios forzosos, trata o abusos. “Tienen una doble o triple vulnerabilidad: ser menores, ser migrantes y ser mujeres”, subrayó.
El Estado se ha comprometido a entregar este martes un calendario de traslados para lo que queda de agosto y septiembre. El plan contempla dos derivaciones semanales —a principios y a finales de cada semana— de entre 15 y 20 menores. A este ritmo, advirtió Rodríguez, se tardarían unos diez meses en reubicar a todos los que están actualmente en Canarias, con el riesgo de que muchos cumplan la mayoría de edad antes de ser derivados. “Insistimos en que se acorten los plazos para que el auto del Supremo tenga efecto real”, reclamó.
Por fin, en la península
La Dirección General de Infancia confirmó este lunes por la tarde que los diez menores del primer traslado ya habían embarcado rumbo a la península, donde comenzarán una nueva etapa bajo tutela estatal. En su mayoría, llegaron en cayuco huyendo de conflictos armados, persecución o violencia extrema, y hasta ahora permanecían en el centro de tránsito Canarias 50. El departamento indicó que este martes se celebrará una reunión entre el Ministerio y el Gobierno autonómico para abordar el calendario y la organización de las próximas derivaciones. Desde la cartera que dirige el ministro Torres han expresado su satisfacción con el proceso llevado a cabo este lunes y han negado cual error. “Este proceso, evidentemente, no se improvisa”, señalan desde el ministerio. “Las plazas se asignan en función de las condiciones del proyecto, del itinerario que han desarrollado y también de sus perspectivas de futuro. Una vez que se hace esa valoración, se asigna a una plaza y es cuando se procede a la derivación en sentido estricto. Los menores nunca van solos, los acompaña la entidad que está acreditada en Canarias para ese proceso de gestión”, explican.
A las 16:00 horas, el Ejecutivo canario ya había adelantado que los menores habían abandonado el centro y se encontraban en el aeropuerto, listos para iniciar el viaje. Con este operativo se materializa el primer traslado ordenado por el Supremo, después de cinco meses de espera, en un proceso que Canarias insiste en acelerar para evitar que más jóvenes alcancen la mayoría de edad sin haber sido derivados.
Desde el activismo social en Canarias, varias voces han criticado la gestión de los centros en los que permanecían estos menores, especialmente tras las denuncias de malos tratos y vejaciones que investiga un juzgado de infancia contra la entidad Quorum Social 77. La investigación llevó al arresto de varios directivos, incluida su presidenta, Delia Rodríguez, y a la clausura de dos centros gestionados por esta organización, la que más fondos públicos había recibido para la atención de menores migrantes en el archipiélago. Entre las denuncias, algunas formuladas por funcionarios de la propia Dirección General de Infancia, figura la instalación de cámaras de seguridad en las habitaciones privadas de los menores, extremo corroborado por el testimonio de una cuidadora que ya había dejado la entidad.
La contundencia de Clavijo
En entrevistas concedidas a Las Mañanas de RNE y Herrera en COPE, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, criticó con firmeza la gestión del Ejecutivo central. “Estamos bastante descontentos, primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, por el retraso de esta primera salida, porque el Gobierno no había dado los nombres ni de los menores que iban a salir ni de los cuidadores, ya que no pueden viajar solos”, señaló. Advirtió que la misma falta de planificación afecta a los próximos traslados: “A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más, pero tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir”.
Recordó que Canarias tuvo que acudir al Supremo “para que el Gobierno de España cumpla con su obligación, porque el Supremo ha dejado muy claro que esos menores son responsabilidad del Estado”. Sin embargo, lamentó que, casi cuatro meses después del auto que establecía medidas cautelares positivas, “no ha salido ni un solo menor para la península”.
Clavijo advirtió que, con el ritmo de traslados anunciado, “estamos hablando de diez meses”. Actualmente hay 1.046 menores con protección internacional y “seguirán llegando porque mejorarán las condiciones de navegación y llegarán más pateras y cayucos a Canarias”. Diferenció entre este grupo —“en torno a 1.000”— y los “más de 4.000” que no cuentan con ese estatus y requieren otro procedimiento. También denunció la falta de coordinación política: “Lo más triste es que Europa no tiene una política de inmigración común… España no tiene una política migratoria… Europa no distingue entre menor y adulto… Eso se está intentando montar ahora, empujones y forzado por la situación de Ceuta y de Canarias”. Además, cargó contra el discurso de Vox: “Sí me da miedo, porque al final es un discurso xenófobo de odio y, desde luego, irresponsable, porque en cualquier momento puede saltar una chispa de la violencia”.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Ciro Gutiérrez, afirmó que mantener a estos menores durante largos periodos en recursos de tránsito “es insostenible” y que su derivación “es una obligación legal y humanitaria que debe cumplirse sin más demoras”.