Son las doce del mediodía y un grupo de niños y adolescentes baja por el arcén que separa la frontera del Tarajal de la carretera que conduce al colegio Príncipe Felipe, en Ceuta. Es sábado, y muchos de los menores migrantes que residen en los módulos del antiguo polígono industrial tienen permiso para salir a pasear en pequeños grupos. Caminan sin prisa, con la mirada baja, acostumbrados a la presencia de la patrullera de la Guardia Civil que vigila el espigón desde el mar y a los agentes de la Gendarmería marroquí posicionados en la orilla opuesta. Las órdenes son claras: impedir nuevos cruces a nado y, si estos se producen, cooperar para devolver a las personas interceptadas.
Desde la carretera, un niño se detiene al ver a los periodistas. Dice llamarse Ismael y tiene 16 años. Su rostro aún conserva rasgos infantiles, pero su expresión es la de alguien mayor. Cuenta que llegó a nado junto a su hermano pequeño desde Oued Laou, un pueblo del norte de Marruecos conocido por las sardinas al carbón que se asan en sus playas. “No quería estudiar en Marruecos. Mis profesores me pegaban. Además, tenía que ayudar a mi padre en el muelle descargando cajas de pescado”, dice con voz firme. Vive desde hace tres meses en los módulos de emergencia de Piniers, destinados a menores especialmente vulnerables.
Sienten abandono y violencia
El suyo no es un caso aislado. Muchos niños y adolescentes migrantes llegan solos, desde entornos familiares marcados por el abandono o la violencia, y desconfían de las instituciones. Algunos, según han contado a este medio, abandonan voluntariamente los recursos de acogida al sentirse maltratados o ignorados por parte de quienes deberían protegerlos. Viven en la calle, duermen a la intemperie y sobreviven como pueden. A los márgenes de Ceuta, entre las coleras del rompeolas y de la calle comercial de la zona portuaria, resisten niños que llegaron solos y que hoy sobreviven sin tutela, sin documentos y sin rumbo. No cruzaron el mar en patera, pero también se jugaron la vida.
Algunos abandonaron los centros de acogida por iniciativa propia, tras sentirse ignorados o maltratados por quienes debían protegerlos. Desde entonces, duermen en la calle, se refugian en rincones ocultos y buscan comida como pueden. Es frecuente verlos junto a los supermercados, esperando a que los clientes salgan con las bolsas cargadas. No levantan la voz. Se acercan en silencio, extienden la mano y hacen un gesto que no necesita traducción: se señalan la boca con los dedos y pronuncian una palabra sencilla, desprovista de todo artificio: pan.
Pan como sustento inmediato, como único refugio frente al hambre. Pan como símbolo de todo lo que no tienen. Y mientras lo piden, muchos sueñan con irse. Con colarse bajo las ruedas de un camión o en las bodegas de un barco con destino a la península. Lo llaman el Risky. Saben que es peligroso. Saben que pueden morir. Pero lo prefieren a seguir esperando en una ciudad que los ve pasar como si no existieran.
Son menores de edad, solos, sin red ni protección. Y cuando repiten pan, con la mano sobre la boca, lo que en realidad están diciendo es: “tengo hambre, soy un niño, no me olvides”.
Zona de acogida
Ceuta mantiene actualmente varios dispositivos de acogida para menores extranjeros no acompañados. La red combina centros ya estructurados, recursos de emergencia y espacios provisionales activados en función de la presión migratoria. Todos los centros están coordinados por el área de Menores de la Ciudad Autónoma y gestionados por entidades sociales contratadas.
El principal recurso ordinario es el Centro de Realojo Temporal La Esperanza, ubicado en San José-Hadú y gestionado por la Fundación SAMU. Allí se alojan menores tanto en primera acogida como en estancias prolongadas, en instalaciones reformadas recientemente para ampliar su capacidad.
A causa del repunte de llegadas, el Gobierno local ha reabierto dos naves en el polígono del Tarajal, habilitadas inicialmente durante la pandemia. Actualmente acogen a decenas de menores migrantes en módulos con literas y servicios básicos, también bajo la gestión de SAMU, con refuerzos puntuales de la asociación Engloba.
Piniers, por su parte, alberga a menores con perfiles especialmente vulnerables, incluidos niños pequeños y adolescentes. Este recurso, gestionado por Engloba, se mantiene operativo pese a las fases previas de descongestión, debido al colapso actual del sistema.
Además, está en fase avanzada la reconversión de la antigua prisión de Los Rosales en un centro de acogida con capacidad para 94 plazas. Su apertura está prevista para junio de 2026.
En total, Ceuta cuenta oficialmente con 132 plazas estructurales, pero actualmente tutela a más de 460 menores. La diferencia se cubre con dispositivos de emergencia y soluciones temporales. La ciudad espera que el Ministerio de Juventud e Infancia confirme cuántos menores podrán ser realojados en la península a partir del 28 de agosto, en el marco del reparto aprobado por el Consejo de ministros.
Tanto el Gobierno de Ceuta como el de Canarias han reiterado que la redistribución solo será viable si las comunidades autónomas asumen su parte de responsabilidad.
Ambas administraciones, que soportan la mayor carga del país en atención a menores migrantes, han mostrado su malestar ante la negativa de varias comunidades, especialmente gobernadas por el Partido Popular, a activar plazas de acogida. En el caso de Canarias, incluso se trata de autonomías donde el PP cogobierna con Coalición Canaria. En Ceuta, el propio Ejecutivo local comparte color político con los gobiernos que rechazan colaborar.
En agosto se cumplirán cuatro años del episodio más controvertido en la gestión migratoria reciente en España. La devolución de decenas de menores a Marruecos, ejecutada en agosto de 2021 sin garantías legales, fue frenada por la justicia tras una denuncia de organizaciones de derechos humanos. Aquellos niños estaban bajo tutela de la Ciudad Autónoma y la orden de traslado no iba firmada ni contaba con respaldo jurídico.
Durante el juicio celebrado entre mayo y junio de 2024 se reveló que la iniciativa del retorno partió del Gobierno local y fue comunicada al secretario de Estado de Seguridad. En aquel momento, las relaciones entre España y Marruecos estaban rotas, y solo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantenía contacto con el país vecino.
Los mensajes intercambiados entre la exconsejera María Isabel Deu y la ex jefa de gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, confirmaron que el plan de retorno se fraguó desde junio y que se contempló incluso recurrir a ONG marroquíes como entidades tutelares. El Gobierno central rechazó redistribuir a los menores por la península, alegando que eso “quita presión a Marruecos” y entra en conflicto con su línea diplomática.
Hoy, ninguno de los responsables políticos implicados sigue en el cargo, salvo Marlaska. Su entonces número dos, Rafael Pérez, defendió en su última visita a Ceuta que tanto Delegación del Gobierno como la Ciudad actuaron conforme a la ley. No obstante, evitó responder si una autonomía y una delegación pueden activar por sí solas un tratado internacional de devolución de menores.
Mientras el debate institucional persiste, cientos de niños como Ismael siguen llegando a Ceuta en busca de una vida mejor. Algunos encuentran techo y acogida. Otros, apenas pan.