Sumar advierte a Sánchez: “Lo de García Ortiz es un aviso de que pueden empurarle”

El socio minoritario del Gobierno de coalición hace sonar las alarmas. En las filas de la formación de Yolanda Díaz ven con preocupación el auto por el que el magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha colocado a un solo paso del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

Fuentes de La Moncloa reiteran su apoyo “hasta el final” a García Ortiz, y rechazan contemplar siquiera la dimisión del número 1 del Ministerio Público. Desde el sector de Sumar en el Gobierno no les basta con insistir en este aval, y piden “actuar” ante lo que consideran un caso grave.

No precisan recetas concretas, y apenas esbozan que toca proceder “con inteligencia”, como aseguran desde uno de los Ministerios. Sostienen que “no es casual” que el auto en cuestión haya visto la luz un día después de la última manifestación convocada por el PP para clamar contra el Gobierno de la “mafia”.

Un dirigente del espacio político de Yolanda Díaz es rotundo a la hora de interpretar esta resolución: “El auto es un aviso de que por esas razones, sin indicios ni pruebas, pueden empurar a la caza mayor, que es el presidente del Gobierno”.

El debate sobre si toca ir más allá de lo discursivo para enfrentar este momento, en el que algunos creen que se juega la supervivencia política de la coalición, se abre camino.

El martes, en los pasillos del Senado, la vicepresidenta segunda reiteró su “confianza absoluta en el fiscal general”, y mostró su “perplejidad” por el contenido de la resolución. “Me dedico a la abogacía en mi vida privada; no he visto un auto semejante como lo que estamos conociendo en estos días”, apostilló.

Salvo giro de guion, García Ortiz deberá responder por la presunta filtración de un correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador. La defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoció que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal y exploró un acuerdo con el Ministerio Público.

El Ejecutivo desliza que el juez prevarica, pero sin pronunciar esta palabra

En el PSOE prefieren ir más despacio que sus socios en la escalada retórica. Con distintas palabras, los ministros han cargado contra la resolución que sitúa por primera vez a un fiscal general al borde del banquillo de los acusados. “Hay jueces haciendo cosas difíciles de entender”, afirmó el martes la portavoz, Pilar Alegría, desde la mesa del Consejo de Ministros.

Fuentes del Ejecutivo reconocieron entonces, y a posteriori, que están midiendo las palabras que emplean: “Tenemos que ser cuidadosos”. Algunas voces apuntaban a que el magistrado del Alto Tribunal podría estar prevaricando, pero no querían utilizar esta palabra. Frenaban, siempre, antes de cruzar esta línea. Y descartaban rotundamente iniciar acciones contra Hurtado.

En otras ocasiones en las que han apretado los frentes judiciales, en el PSOE ha habido debate sobre si elevar el tono y recuperar la palabra lawfare, que ya emplearon en el marco del acuerdo de investidura con Junts per Catalunya. No han olvidado el enorme revuelo generado entonces por la utilización de este término.

Con la excepción del ministro Óscar Puente, que directamente acusó el lunes a los jueces de ejercer como la “oposición real” al Ejecutivo, en el ala socialista quieren ir con pies de plomo.

Insisten mucho en precisar que no aluden a la “mayoría” de jueces; reiteran que las resoluciones judiciales son criticables “desde el respeto”, o aluden específicamente al apartado del auto que más les ha molestado: el que sostiene que el fiscal general habría seguido “indicaciones” de Presidencia del Gobierno para filtrar el correo electrónico de López Amador.

Ante las cámaras critican que el magistrado del Supremo “haga esta afirmación tan grave sin base probatoria alguna”. En privado, la consideran una auténtica “vergüenza”.

En el PSOE admiten que su continuidad erosiona la imagen de la Fiscalía

En el Partido Socialista sí hay algunos dirigentes que se permiten ir un paso más allá. Lo hacen al referirse al auto de Hurtado, sobre el que ironizan: “Luego no podemos decir que si lawfare”. “Están pasando cosas muy poco respetables”, asegura una figura de la cúpula, que defiende normalizar que se cuestione a los magistrados: “No son infalibles”.

Sí admite que una futurible dimisión del fiscal, “vendría bien” para la institución que dirige. Esto es, que su permanencia en el cargo está erosionando la institución. El problema es que su renuncia supondría entregar su cabeza política, por lo que la oposición podría apuntarse otra victoria. “Si pongo otro [fiscal], van a por él”. “En algún momento hay que parar”, apuntan.

En Moncloa, por el momento, no quieren contemplar este escenario. Tampoco descartan que alguno de los recursos contra el auto logre dar sus frutos. Pero, en caso de que no sea así, vistos los argumentos empleados por el magistrado, el fiscal “cuenta con nuestro apoyo siempre, y hasta el final”. “¿Tiene que dimitir el fiscal por algo que no está demostrado, sobre lo que no hay ninguna prueba?”.