Una rueda de prensa de una supuesta militante de base del PSOE que acaba en caos, con tensión, amenazas y empujones. Un presidente autonómico y un expresidente con carnet socialista que piden elecciones al Gobierno del secretario general de su partido, Pedro Sánchez, como hacen los 13 presidentes autonómicos del PP.
Un Ejecutivo que intenta poner todos los focos en sus promesas sobre vivienda y en la falta de compromiso con sus medidas por parte de los presidentes conservadores. Y un partido que vive entre la estupefacción el sonrojo y la indignación, mientras sus polémicas casi monopolizan, por segunda semana consecutiva, la agenda pública. Polémicas por las que el propio Sánchez tendrá que rendir cuentas en el Congreso de los Diputados.
“Un panorama bastante lamentable”, admite un cargo público socialista. Un dirigente insiste en la versión de Moncloa: por parte de la derecha y la ultraderecha, así como desde algunos medios, se intenta “dar sensación de un Gobierno asediado por la corrupción”. Para ello recurren a la “confusión”, apunta, aprovechando cada una de las informaciones que puedan afectarle.
Un dirigente con galones va a más y afirma que se percibe claramente un “clima preelectoral”. Según su análisis, “desde el minuto 1”, el equilibrio de fuerzas en el Congreso hacía presagiar que sería “una legislatura sin salida”. Aún cuando la economía “va bien”, “no se habla de “nada positivo”, apunta.
El reparto de fuerzas en el Parlamento es el que es. El problema es que la gestión de los escándalos, la respuesta a las informaciones de estas semanas, que en parte sí está en manos de Moncloa y de Ferraz, no ha permitido contener el goteo. Y esto lo reconocen en privado algunos dirigentes desde la primera semana de crisis. Están convencidos de que el Ejecutivo está “bajo asedio”, pero aún así asumen que estos días podrían jugado mejor sus cartas.
El propio Sánchez, apoyado en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, intentó el viernes reorientar el debate público hacia las dificultades para acceder a una vivienda.
Los 13 presidentes autonómicos del PP rechazaron sus propuestas, y de hecho aprovecharon para exigirle que convoque elecciones generales. Es lo que le han pedido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el expresidente de Aragón, Javier Lambán. Es lo que busca la manifestación que el Partido Popular ha convocado este domingo en Madrid.
En privado, los conservadores asumen que Sánchez no adelantará la cita con las urnas, pero esperan lograr una demostración de músculo en las calles y aumentar, unos grados más, la presión que ya ejercen sobre PSOE y Sumar.
Hay voces socialistas que expresan sorpresa por el “show” protagonizado el miércoles por Leire Díez, ya exmilitante socialista que buscó información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y ofreció a cambio pactos con la Fiscalía a empresarios investigados.
Y que reconocen enfado por no haber cortado por lo sano con la militante, que ostentó cargos en dos empresas públicas (2018-2024). De hecho, cuando aluden a la “confusión” se refieren, precisamente, a este tipo de escenificaciones.
La intervención estelar de Víctor de Aldama el miércoles, cuando reventó la breve comparecencia de la exmilitante socialista entre gritos y amenazas, incrementó el nivel de indignación.
La tourné de Díez por distintos medios fue aprovechada por Ferraz para desmarcarse, para apuntalar su versión de que no controlan a la mujer que fue recibida el martes por el secretario de Organización en persona, Santos Cerdán, para pedirle su baja como militante.
Las sucesivas informaciones posteriores, en las que se menciona a Díez o al empresario Javier Pérez Dolset, que dijo colaborar con ella en investigaciones varias, generaron más estupor. Y eso que la gira de la supuesta ‘fontanera’ del PSOE por varios platós y redacciones, contribuyendo a oxigenar el caso, ya había activado nuevas alarmas.
Un par de cargos públicos reconocen también asombro por el ataque en redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, contra Eduardo Madina. El ex dirigente socialista y en su día aspirante a la secretaría general, Madina había criticado la “tardanza” del partido en el que aún milita en dar explicaciones, pero también que se permitieran las maniobras de Díez.
“El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha”, reprendió el ministro, retornando brevemente a la red social X durante su permiso por paternidad.
El “esperpento” hace naufragar la estrategia de Ferraz y Moncloa
Hay cargos públicos y dirigentes que no dan crédito a la aparente ausencia de reflejos de la cúpula socialista. Si el partido tardó tres días en abrir expediente informativo a Díez desde que empezaron a difundirse los audios de sus reuniones, que ella solicitase la baja como militante -sostiene que lo hizo de forma voluntaria-, debería haber contribuido a rebajar la polémica.
Otro cargo público consultado por este medio no entiende que su partido no haya sido capaz de marcar distancia con el caso Díez después de dos semanas de abrasión. Cuando no habían pasado ni tres horas desde que Díez y el caos generado por Aldama se colaron en todas las televisiones en directo, Moncloa anunciaba las propuestas de Sánchez a las comunidades autónomas en materia de políticas de vivienda. No consiguió taponar las vías de agua.
La ausencia de actividad parlamentaria, sin plenos en el Congreso ni en el Senado, tampoco contribuyó. Sánchez apenas se ha dejado ver en actos públicos en dos semanas, y esta rebaja en su exposición pública era evidente también en María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Junto con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ejerce como primera espada política del Ejecutivo. La agenda oficial no recoge un solo acto público de Montero en toda la semana.
La situación también es desesperante para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que acaba de lanzar un órdago a cuenta del registro horario de la ley que reducirá la jornada laboral, siempre en el marco de la negociación de los votos necesarios para su aprobación. Díaz intensifica su agenda para vender esta norma, mientras lamenta en público y en privado que el PSOE no aporte explicaciones, ni sea capaz de superar esta crisis.
Un paréntesis, cortesía de Ayuso
Paradójicamente, el viernes, fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien generó titulares relacionados con el Gobierno durante toda la jornada. Los gestos de la baronesa del PP en la Conferencia de Presidentes, en Barcelona, se colaron en la mayoría de programas e informativos.
El Ejecutivo sabía que no iba a sacar ningún acuerdo de esta cita, pero no esperaba que todas las comunidades autónomas del PP pidieran al unísono nuevas elecciones. Ni que Ayuso, con sus gestos, opacara otros mensajes. Se trataba, con todo, de un paréntesis.
De hecho, el diagnóstico de la vicepresidenta Díaz es compartido por algunos de los integrantes de las filas socialistas: hace falta impulsar nuevas políticas sociales y enderezar el rumbo. Cuanto antes.