No hay nervios antes del golpe. El Gobierno asume que la senda de déficit, la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado, naufragará este jueves en el Congreso de los Diputados. Si no hay un giro de guion que hoy nadie contempla, a la primera derrota le seguirá una segunda. La Cámara Baja tendrá que volver a votar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones en dos ocasiones, siempre durante el mes de diciembre.
Sólo entonces, el Ejecutivo tendrá vía libre para presentar las nuevas cuentas públicas para 2026. Unas cuentas que hoy se antojan prácticamente imposibles, aunque la consigna es que les pelearán. Y ya reconocen que es “difícil” que estas cuentas salgan siquiera de La Moncloa antes del próximo año.
A diferencia de lo vivido ante otras votaciones clave, que han ido acompañadas de negociaciones sobre la bocina, en esta ocasión el Gobierno no se afana en vender esta tensión negociadora. Ni recurre con tanta frecuencia a las consignas habituales para escenificar su esfuerzo-“sudar la camiseta”, “dejarse la piel”-.
En genérico, repiten la idea de que intentan no dar por perdida ninguna votación hasta que ésta se produce. No esgrimen con el optimismo habitual las 47 normas aprobadas desde que comenzó la legislatura, en agosto de 2023. Básicamente, se centran en señalar las consecuencias que tendrá para comunidades autónomas y ayuntamientos que no se apruebe la nueva senda, que se resumen en un menor margen de gasto.
De aprobarse tal cual está redactada hoy, fijaría el límite de déficit público para la Administración General del Estado en el 2,1% del PIB en 2026; el 1.8% en 2027, y el 1,6% en 2028. A las Comunidades autónomas les correspondería un déficit del 0,1% en los tres ejercicios. De no salir adelante, perderían esta décima de margen.
Fuentes del Gobierno aseguran incluso que ni siquiera hay abiertas conversaciones con Junts per Catalunya sobre esta cuestión. De hecho, en Moncloa mantienen que “siempre” hay canales de diálogo con Junts. Aunque no ven cómo podrían acercar sus posiciones en esta materia. “Junts no quiere nada”, sintetizan.
El partido de Carles Puigdemont ya tumbó la senda de déficit en 2024. Forzó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a renunciar a una segunda votación ya convocada ese mismo año, para evitar una nueva derrota. Su plan para este jueves es volver a votar en contra.
El Gobierno no “entiende” a Junts: “No quiere nada”
Podemos (4 diputados) ha anunciado su abstención, y la parlamentaria de Compromís, Águeda Micó, no ha aclarado si hará lo propio o si votará ‘no’. Pero ambas fuerzas han mostrado sus cartas después de que el Gobierno diera señas claras de haber aceptado este previsible varapalo.
En Moncloa no “entienden” la estrategia del partido de Carles Puigdemont, que rechace negociar siquiera sobre unos objetivos que permitirían gastar “más millones” a los ayuntamientos y comunidades autónomas. En concreto, 5.500 millones en tres años. No les sorprende el “paripé” de las regiones gobernadas por el PP, sobre las que anticipan que votarán contra sus propios “intereses”. Pero la “lectura” de Junts les desconcierta.
Especialmente, al hilo del último Barómetro de Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió, conocido como el ‘CIS catalán’. Esta encuesta vaticina un nuevo descenso en intención de voto para Junts, que ya se situaría en empate técnico con la formación ultraderechista Aliança Catalana.
La sangría para el partido de Puigdemont le haría perder hasta 16 de sus diputados en el Parlament, un desplome sin precedentes. De hecho, en el Ejecutivo consideran que esta competición explica algunos de los vaivenes de Junts, aunque no justifica que renuncien a que sus alcaldes cuenten con un mayor margen para gastar. No creen que sea “explicable” a los catalanes.
Con estos mimbres, ven muy poco margen para desbloquear iniciativas clave. Y temen que, hasta que la situación de Junts no sea “normalizada” –si Puigdemont se beneficia de la aplicación de la ley de amnistía y puede volver a España-, la “interlocución” será “difícil”.
Diciembre, marcado por el puente de la Constitución y por el parón navideño (junto con las elecciones extremeñas), ayudará a que este bloqueo sea menos evidente; enero, mes inhábil para el Parlamento, también les facilitará disimular.
Sin visos de acuerdo en financiación
Por otro lado, el Gobierno tampoco refiere avances en lo que respecta a su modelo para renovar el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. La intención de la ministra de Hacienda es presentarlo entre finales de enero y principios de febrero, sin negociar por separado sobre ninguna de las variables que lo configuran.
La apuesta del Ejecutivo es presentarlo “entero”, y no por partes, ya que modificar una variable a menudo desequilibra al conjunto, explican. Defienden que el texto plantea mejoras para todas las regiones, a costa de detraer recursos de la Administración General del Estado, por más que den por aseguradas las críticas del PP.
El problema que se les plantea es el mismo que experimentan con la senda de déficit: no tienen atados los votos necesarios. Y ni siquiera se atreven hoy a anticipar si la proposición de ley orgánica que vehiculizará este sistema, cuyos detalles apenas se conocen, logrará superar el filtro de la votación de totalidad.
En el Ejecutivo insisten: ni el PP tiene un modelo compartido entre todas las comunidades autónomas que gobierna, ni el resto de partidos cuentan con motivos para rechazar de plano esta iniciativa desde el primer minuto.
Ganarán tiempo para que el TJUE tenga margen para resolver sobre la ley de amnistía. Aunque saben que en el camino se expondrán a nuevas derrotas parlamentarias, que irán minando su discurso sobre su capacidad para seguir legislando.
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