El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha perdido su último intento de evitar el juicio por un presunto delito de revelación de secreto, y el Gobierno está decidido a mantener su apoyo. La decisión del Tribunal Supremo, conocida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no ha cogido por sorpresa al Ejecutivo, que considera el auto de este martes casi un trámite en el calvario judicial del fiscal.
“Este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, y por supuesto en su inocencia”, reaccionó la ministra portavoz, Pilar Alegría. “Siempre hemos defendido que ha defendido la verdad y perseguido un delito”, argumentó.
Por su parte, el Partido Popular ha vuelto a reclamar la dimisión de García . El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que si el PSOE no le exige la dimisión, “le acompañará hasta el banquillo”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha denunciado que la “degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable”.
Así, el principal partido de la oposición ha reiterado la necesidad de un cambio de gobierno para “limpiar” el país. Y es que los populares insisten en que no se trata de un hecho aislado, al recordar que también está procesado el hermano del presidente del Gobierno; su esposa, Begoña Gómez, está imputada -debe declarar este miércoles-, y su exnúmero tres, Santos Cerdán, también está investigado y en prisión provisional. Es una “degradación democrática”, insistieron.
Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que el respaldo del Gobierno a García Ortiz pone de manifiesto que el fiscal general “actúa al dictado de Moncloa” y que, con su protección, Sánchez “se está protegiendo a sí mismo”. A su juicio, es un “escándalo inaudito” y un “bochorno” que el fiscal general tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. “Del estrado, al banquillo”, advirtió.
Albares no contempla hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel
A su vez, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha repasado las “9 medidas urgentes” de presión a Israel acordadas por el Consejo de Ministros. El real decreto ley para el embargo de armas anunciado el lunes por el presidente aún no se ha redactado, y fuentes de Moncloa apuntan a su posible aprobación en el próximo Consejo de Ministros, el martes que viene.
“España tiene la obligación moral de actuar”; “No puede permanecer impasible ante tanto muerto inocente”; “El pueblo palestino tiene exactamente el mismo derecho a un Estado y a la seguridad [que el de Israel]”, afirmó.
Además, Albares ha anunciado la prohibición de entrada en territorio nacional de dos ministros del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que ya tiene vetado el acceso por la orden de detención dictada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad. Se trata de los titulares de Hacienda y de Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, respectivamente.
También se ha mostrado dispuesto a adoptar nuevas medidas para intentar frenar el “genocidio”, como lo define el presidente, si bien ha descartado por el momento la ruptura de relaciones diplomáticas que le exige su socio de Gobierno, Sumar. Sostiene que el Ejecutivo tomará sus decisiones de forma autónoma, pero midiendo con cuidado cada paso. “Ni precipitación, ni provocación ni amendrentamiento”; “No nos vamos a dejar amedrentar por nadie”.
De hecho, el titular de Exteriores no ha aclarado cuándo permitirá que la embajadora de España en Israel, Ana María Solomon, a la que el Gobierno llamó a consultas el lunes, vuelva a viajar a Tel Aviv. Pero Albares incidió en que guardará sus cartas hasta que llegue el momento adecuado para revelarlas: “Las acciones diplomática suelen ser reacciones o mensajes políticos que se envían. Por lo tanto, no se van contando por ahí”, zanjó.