Leire Díez pasará las navidades con la incógnita de saber cuánto sabe la Justicia de sus presuntos tejemanejes en el amaño de contratación pública. Fuentes del caso avanzan a Artículo14 que el secreto de las actuaciones se extenderá hasta después de las fiestas “como mínimo”.
De hecho, el juez realizará nuevas diligencias en los próximos días, según avanzan estas fuentes. “Quedan diligencias por hacer”, zanjan a este periódico. De hecho, auguran imputaciones de más cargos públicos.
Mientras, ella trata de recuperarse del shock provocado por los tres días que pasó en el calabozo de Tres Cantos. “Está desconcertada”, según aseguran fuentes de su entorno, al no entender por qué se le ha detenido y cuáles son los hechos concretos que se le imputan en esta nueva causa penal.
Hasta ahora, se han producido tres detenciones: la de Leire Díez, presunta fontanera del PSOE con otra causa abierta en Plaza Castilla; Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán; y Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI.
Todo apunta a que habrá más cargos públicos imputados, según las citadas fuentes. Aquellas personas de empresas públicas que acordaban con los tres detenidos de la presunta trama criminal el amaño en los contratos.
En concreto, la investigación pone el foco en cinco contratos públicos en los que los tres “habrían desplegado sus capacidades, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos”, apunta al juez aludiendo a posibles futuras imputaciones de otros cargos públicos implicados.
Además, en la primera oleada de diligencias, se realizaron 19 registros en distintas provincias de España y también requirieron expedientes en el ministerio de Transición Ecológica, en Correos donde Leire trabajó y en organismos dependientes del ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Maria Jesús Montero a quien se le asocia con Fernández por su etapa en la política andaluza.
Hasta ahora lo que se sabe de la causa secreta es el auto de apertura de diligencias contra Fernández que se filtró a la prensa y apunta a amaños en la contratación pública por más de 133 millones de euros y mordidas cuantificadas, como mínimo, en 730 mil.
El juez Antonio Piña al que recayó el caso por su turno de guardia determinó que los tres detenidos a través de un grupo autodenominado “Hirurok”, nosotros tres en euskera, podrían “haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública” para obtener “el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”. Lo hacían “adoptando medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones”.
Mordidas que habrían canalizado a través de una empresa instrumental llamada Mediaciones Martínez entre los años 2021 y 2023. Años, subraya el auto, en los que Fernández estuvo contratado por Servinabar, la empresa de Antxon Alonso sobre la que se sospecha que Santos Cerdán tenía gran poder de decisión.
De hecho, hay una causa abierta en el Tribunal Supremo en la que Cerdán y Alonso están imputados por el amaño de obra pública a través de Servinabar. Se sospecha que canalizaron mordidas de hasta 6,7 millones de euros.
En lo que respecta a Hirurok, el dinero obtenido lo habrían canalizado los tres imputados en inmuebles en Jaca y Marbella como “inversiones comunes” compartidas. Pero también se llevaron cada uno su parte individual cuyo “volumen y forma de ingreso variaron según la persona”.
Este lunes asumió el caso el juez Santiago Pedraz que llevará esta investigación contra los tres imputados a partir de ahora y que según fuentes del caso ya está estudiando toda la documentación.
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