El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán por la posible comisión de tres sustanciales delitos: integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Es más, el juez precisa que de no adoptarse esta medida cautelar, Cerdán “podría ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento”.
El movimiento coincide con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Como contraste, el Ministerio Público ha ido un paso más allá contra el ex secretario de Organización del PSOE que contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, para quienes el pasado lunes solo pidió la prohibición de salida del país o la retirada del pasaporte.
En este sentido, el magistrado Puente señala que ese riesgo ligado a Cerdán “no se identificó con respecto a otros investigados”, en referencia a Ábalos y García. Así, el juez toma esta decisión, principalmente, porque el exdirigente socialista “resulta ser indiciariamente la persona que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación“. “Obtenidos éstos, los distribuía haciéndolos llegar, al menos, a don Koldo García y a don José Luis Ábalos que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a éstas. Dicha posición funcional determina que estos dos últimos, los Sres. Ábalos y García, pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación, -Acciona Construcción actuando en UTE (con Servinabar)-, realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos, y cuál el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuándo el Sr. Cerdán distribuía con ellos los beneficios“, agrega. Unos “cobros indebidos” que podrían haber reportado a la presunta trama un “premio superior a los cinco millones de euros“.
El contrato de Servinabar
En su declaración, Cerdán también se ha referido al contrato privado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Antxon Alonso. El documento, aportado al Alto Tribunal, refleja que en 2016 -un año después de que se confeccionara el presunto entramado- el exdirigente socialista habría comprado el 45% de Servinabar por 6.000 euros.
El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo. En este contexto, el que fuera número tres del PSOE ha explicado que firmó ese contrato privado porque sopesaba abandonar la política, pero su mujer le pidió que siguiera, por lo que le pidió a Alonso que lo rompiera. Por eso, ha afirmado, cree que no tiene ninguna validez.
Sobre este punto, el juez Puente ha precisado que si bien Cerdán ha señalado que dicho documento no llegó a elevarse a público, “es claro que esto no le privaría de valor y eficacia entre las partes y, desde luego, subraya el vínculo que don Santos mantuvo con la mencionada mercantil“. A lo que el magistrado añade: “Contrasta vivamente esa tesis con el hecho cierto que don Joseba Antxon conservara todavía el mencionado documento y, muy especialmente, con las capacidades de gestión o vínculos del Sr. Cerdán con respecto a SERVINABAR, ya referidos, varios años después de eso”. Un punto que junto a los anteriormente citados son para el magistrado “notabilísimos indicios” de presunta corrupción.
El ex secretario de Organización del PSOE también ha aludido a los audios grabados por Koldo García entre 2019 y 2023 en los que se basa el informe de la UCO para implicarle en la presunta trama. Cerdán los ha cuestionado, señalando que están descontextualizados. Además, ha avanzado que presentará un informe pericial sobre los mismos. Sin embargo, el instructor del caso ha rebatido sus explicaciones: “La imprecisa y genérica impugnación de la autenticidad de las grabaciones obrantes en la causa, por legítima que resulte en términos de defensa, carece en este momento de una mínima consistencia que permita siquiera tomarla en cuenta como hipótesis razonable en términos de probabilidad”.
Asimismo, fuentes jurídicas precisan que Cerdán ha atribuido su irrupción en este caso a una supuesta cacería política para perseguir a gobiernos progresistas. En este sentido, ha sostenido que en su contra ha jugado haber negociado con PNV y EH Bildu la investidura de Pedro Sánchez, apuntando que cree que el siguiente va a ser el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque negoció con Junts.