La jueza Inmaculada Iglesias entierra los últimos intentos de la defensa de Alberto González Amador para evitar el juicio oral. Deja todo su trabajo hecho en torno a la pieza principal que lo investiga por fraude fiscal y falsedad documental. En tres autos demoledores rechaza las nuevas diligencias solicitadas por el abogado de la pareja de Ayuso, así como el recurso de reforma en contra del proceso abreviado que abrió Iglesias como paso previo a la apertura del juicio oral.
Iglesias está a dos semanas de jubilarse y, de esta forma, deja atado a su sucesor la pieza principal en contra de la pareja de Ayuso. Para Iglesias hay “claros indicios” de que González Amador “se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas falsas” en los años 2020 y 2021 para evadir 350.000 euros al fisco después de haber pegado un pelotazo con la compraventa de material sanitario por el que se llevó dos millones de euros de comisiones. En los escritos le ha afeado que quiera “dilatar la causa” y pidiera nuevas diligencias después de quince meses de instrucción.
De hecho, en los autos indica que hay 1.500 elementos de prueba en los informes de la Agencia Tributaria que acreditan el fraude fiscal. Unos informes “claros y exhaustivos” que fueron ratificados por sus artífices en sede judicial. Y recuerda que ninguno de los investigados los ha rebatido presentando nuevos escritos para “desvirtuar las conclusiones alcanzadas por las inspectoras”.
La defensa de González Amador se quejaba de que no se hubiera aplicado atenuantes en el procedimiento abreviado. Pero la jueza recordó que para eso tienen que recurrir dos requisitos. En primer lugar, subsanar el daño causado, algo ya hizo González Amador pagando 600.000 euros en concepto de impuestos impagados, rendimientos de capital y multa. Sin embargo, dice que en ningún momento reconoció los delitos dentro del plazo legal de dos meses. Es más, que aplazó su declaración hasta en cuatro ocasiones, después se acogió a su derecho a no declarar y nunca más ha vuelto a solicitar una declaración.
Por último, para terminar de tumbar el recurso contra su procesamiento, Iglesias considera “irrelevante” para la causa que instruye la filtración de los datos fiscales de González Amador que llevó a la pareja de Ayuso a querellarse contra el fiscal general. Y considera la instrucción del Tribunal Supremo “ajena” a la causa.
Así las cosas, Iglesias dejará esta pieza principal cerrada a falta de que la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid, resuelva el último recurso que le queda a la pareja de Ayuso para evitar el banquillo. Aunque la Fiscalía ya pide una condena de tres años y nueve meses.
Sin embargo, Antonio Viejo, el magistrado que ocupará el puesto de Iglesias, se tendrá que encargar de la segunda pieza, la que lo investiga por corrupción en los negocios y administración desleal. Por, en teoría, cobrar una comisión encubierta del Grupo Quirón. Esta causa está todavía investigándose y aún falta que la UCO entregue el informe encargado por la jueza para que indague si el beneficio de sus actividades empresariales “se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.
Antonio Viejo asumirá la causa
Viejo lleva más de treinta años como juez de instrucción. Con una carrera consolidada. Fue decano de los juzgados de Plaza Castilla entre 2015 y 2018. Es afiliado a la asociación conservadora Francisco de Vitoria, pero tiene un perfil muy poco significado políticamente. Tanto es así, que ocupó un cargo durante la primera legislatura de Pedro Sánchez en el ministerio de justicia liderado por Juan Carlos Campo. Fue el Secretario General de la Administración de Justicia.
Aún falta que el la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le adjudique oficialmente la plaza. Pero al tratarse de un juzgado ordinario, todo parece indicar que así será ya que el nombramiento se decide por la antigüedad de los candidatos y es el candidato con más experiencia de los presentados a la plaza.