Otra causa más que salpica a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un fraude de 182 millones de euros en la venta de hidrocarburos por la empresa Villafuel de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama.
Para poder llevar a cabo el fraude del IVA, Villfauel necesitaba una licencia de distribución de hidrocarburos que otorga el ministerio de Transición Ecológica. Por ello, uno de los objetivos de la investigación es dilucidar si Aldama, aprovechando sus relaciones con José Luis Ábalos y Koldo García, obtuvo un trato de favor por parte del Gobierno para conseguir dicha licencia.
El último informe de la UCO de la Guardia Civil relata cómo la trama consiguió gracias a la intermediación de Ábalos y Koldo García una reunión con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto.
A raíz de las conversaciones incautadas, la Fiscalía concluye que “tras la reunión quedó Claudio Rivas muy satisfecho y esperanzado en que las gestiones para la obtención de la licencia tras la que llevaba tiempo interesado iban por fin a dar su fruto”.
De ahí que el juez quiera escuchar a Bidart el próximo 28 de enero, para saber los entresijos de ese encuentro con los empresarios del fuel.
Cuando los trámites para la licencia empezaron a prosperar, la trama gestionó el disfrute del chalé de la Alcaidesa, en Cádiz, para Ábalos. Para los investigadores, el contrato de arrendamiento de la vivienda “fue, en realidad, una cobertura instrumental al servicio de una relación de contraprestación ilícitamente otorgada a Ábalos”. Pero las cosas se torcieron cuando le destituyeron del ministerio de Transportes y, entonces, le enviaron un burofax reclamándole el domicilio.
Aun así, Koldo García siguió intermediando. Se dieron cuenta que el ministerio de Industria no tenía nada que hacer con la concesión de la licencia porque era competencia de la cartera de Transición Ecológica. Así las cosas, consiguió un encuentro con Marc Isaac Pons, el jefe de gabinete del ministerio en julio de 2021. “Muy buenas, ¿te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud?”, le preguntó por mensaje, al tiempo que la organización criminal se impacientaba.
Por estas conversaciones, le preguntará también Pedraz a Pons el próximo 18 de enero.
Al día siguiente acudirá a testificar, Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, organismo dependiente del ministerio de Transición ecológica. Aldama se mensajeó con él porque era el “superior jerárquico del subdirector que instruía el expediente, tal y como evidenciaron los mensajes borrados relativos a la conversación que mantuvo con él a través de la aplicación de mensajería instantánea denominada WeChat y que no pudieron ser recuperados”.
Si bien, no está claro que Aldama hablara con este cargo porque la UCO reconoce en el informe que “el nombre de contacto guardado por Víctor de Aldama consta como Manuel García Maroto”, pero deducen que “podría corresponderse con un error, considerando plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general mencionado”.
No obstante, los investigadores concluyen que esos contactos dieron pie a que Villafuel proporcionará documentación de manera apresurada y “poco cuidadosa” para conseguir “con premura” el título de operador.
Por estos motivos, acudirán estos tres altos cargos del Gobierno a testificar en la causa de los hidrocarburos que se entrelaza con las causas abiertas contra Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo.
También acudirán a declarar de nuevo los empresarios imputados: Claudio Rivas, dueño de Villafuel; Víctor de Aldama, su socio; y Carmen y Leonor Pano, empresarias que ayudaron con las gestiones a Rivas. Cabe recordar que Leonor Pano declaró en el Supremo que llevó bolsas de dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
En el auto, al que ha tenido acceso Artículo14, el juez Pedraz pone énfasis en las conclusiones de la UCO y sospecha que la trama dio “aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad del cargo público, permeando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencias a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícita”. Cuestiones que se intentaran despejar con las nuevas citaciones.
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