La desclasificación del 23-F entra en su fase decisiva. El Gobierno ha confirmado que el paquete documental que verá la luz está compuesto por 153 unidades documentales y que ese material procede de tres ministerios —Defensa, Interior y Asuntos Exteriores— y del antiguo CESID, antecedente del actual CNI. La previsión oficial es que los archivos se publiquen en la web de La Moncloa a lo largo de este miércoles, 25 de febrero, tras la aprobación en Consejo de Ministros.
La desclasificación del 23-F llega 45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y responde a una demanda sostenida durante años por historiadores, investigadores y partidos políticos. La decisión tiene una carga institucional evidente: el Ejecutivo sostiene que se difundirá todo lo localizado hasta ahora y defiende que ya no existe una razón de seguridad nacional que justifique mantener ese material bajo secreto.
Más allá del anuncio político, la gran cuestión sigue siendo la misma: qué contienen exactamente esos documentos y qué alcance real tendrá su publicación.
Qué se sabe del material que se va a publicar
La desclasificación del 23-F no se presenta como un único archivo, sino como un conjunto de 153 “unidades documentales” en formato PDF. A esta hora, no se ha detallado públicamente cuántas páginas tiene cada unidad, de modo que el volumen final de información sigue siendo una incógnita.
Sí hay algunas pistas relevantes. Desde el entorno gubernamental se ha trasladado que es probable que el material incluya informes, transcripciones de conversaciones de aquella jornada e incluso fotografías. En cambio, no se espera la publicación de audios o vídeos inéditos dentro de este paquete.
Ese matiz es importante porque ayuda a ajustar expectativas. La desclasificación del 23-F puede aportar contexto documental de gran valor histórico, pero no necesariamente supondrá la aparición de pruebas audiovisuales desconocidas que alteren por sí solas el relato público de lo ocurrido.
Lo que no estará: el sumario judicial del 23-F
Uno de los puntos que más se está repitiendo en las últimas horas es qué documentos quedan fuera. La desclasificación del 23-F no incluirá el sumario de la causa judicial que condenó a los principales responsables de la intentona golpista, entre ellos Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch.
La razón no es menor: ese sumario, según ha explicado el propio Gobierno, no formaba parte del material clasificado. Por lo que no entra en este proceso de levantamiento del secreto. Su custodia corresponde al Tribunal Supremo, no al archivo desclasificado que prepara Moncloa.
Este detalle evita una confusión frecuente. La desclasificación del 23-F afecta a documentación secreta en poder del Ejecutivo y de servicios de inteligencia, pero no convierte en accesible cualquier pieza judicial o histórica relacionada con el golpe.
Un movimiento político con lectura de memoria democrática
La desclasificación del 23-F también se está defendiendo desde el Gobierno como una medida de memoria democrática y de combate contra la desinformación. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha enmarcado la decisión en un contexto en el que las teorías conspirativas siguen circulando con fuerza, especialmente en redes sociales, y ha subrayado que 45 años constituyen un plazo más que suficiente para levantar el secreto.
En ese discurso hay un mensaje doble. Por un lado, una reivindicación institucional: cerrar una anomalía histórica en el acceso a documentación sensible del Estado. Por otro, una batalla de relato: fijar una versión documentada frente al ruido político y las reinterpretaciones interesadas del 23-F.
La desclasificación del 23-F, en ese sentido, no es solo una operación archivística. También es una decisión con impacto simbólico en el debate público actual.
La gran incógnita: qué revelarán los papeles sobre las zonas grises del golpe
El interés político e historiográfico en torno a la desclasificación del 23-F se concentra, sobre todo, en las zonas grises que han alimentado preguntas durante décadas. El papel de distintos mandos, la secuencia de decisiones en las horas clave y la actuación de las estructuras del Estado siguen siendo materias de máximo interés.
Entre esos focos está, de forma inevitable, el papel de Juan Carlos I en aquella jornada. Una cuestión que ha ocupado durante años a investigadores y analistas. El Gobierno ha reconocido que informó a Zarzuela de sus planes de desclasificación, aunque sin adelantar con mucha antelación el movimiento.
Conviene, no obstante, mantener la cautela. La desclasificación del 23-F puede abrir una etapa de revisión documental muy relevante, pero el verdadero alcance de esta decisión dependerá del contenido concreto de los PDFs, de su nivel de detalle y de la capacidad de historiadores y periodistas para contextualizar lo que aparezca.
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