La primera condena a un fiscal general del Estado en democracia cogió al Gobierno por sorpresa. Supuso un mazazo. El fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, al que impone una multa y le inhabilita para ejercer su cargo durante dos años por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha supuesto un mazazo para la coalición. Por las formas, porque llega sólo una semana después del juicio, sin una sentencia escrita ni unos votos particulares que puedan analizar y evaluar, y por el fondo.
El propio Pedro Sánchez había defendido diez días atrás su convicción de que García Ortiz era “inocente”. Y este jueves el jefe del Ejecutivo descargó en el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la responsabilidad de comparecer -sin preguntas de los medios- para valorar este fallo. Sánchez evitó responder a los periodistas a su entrada en el Congreso, también a su salida.
Su intervención en la presentación de una serie de televisión –Anatomía de un instante– en la Cámara Alta, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y del retorno de la democracia, incluyó mensajes que podían considerarse alusiones al elefante en la habitación. Así, reclamó “defender la democracia” de “nostalgias infundadas, intereses económicos” y de “abusos de poder”. Pidió defender la democracia y la soberanía popular, frente a “aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o amordazarla”.
Fue Bolaños quien anunció la activación de la maquinaria para designar a un nuevo fiscal general del Estado, quien puso voz y rostro a la consigna de que en el Gobierno no “comparten” el fallo, aunque no les quede otra que respetarlo. Y quien pidió confianza en la Justicia a quienes tampoco lo comparten. Pero fue el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien sintetizó como nadie el sentir general en el Consejo de Ministros en esos primeros momentos, con su “voy a morderme la lengua”.
Aunque midan sus palabras, la indignación en el Ejecutivo es evidente. No creen que haya pruebas para sustentar la condena, ni consideran que el devenir de las seis jornadas de juicio oral en el Supremo, hace una semana, permita sostener un fallo que no pase por la absolución.
Hace escasos días, fuentes de Moncloa reconocían que la opción de que el fiscal fuera declarado culpable era una “posibilidad” que no querían descartar por respeto al tribunal, pero que no podrían “compartir”. Casi no podían contemplarla. No obstante, tanto ellos como el propio Bolaños, al aludir a las “garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”, dejaron claro cuál es el camino a seguir, aunque el Ejecutivo ya no pueda transitarlo junto a García Ortiz.
Apuntan así a que el fiscal general previsiblemente estudiará plantear un incidente de nulidad y un recurso ante el Tribunal Constitucional. Siempre, una vez redactada, notificada y analizada la sentencia, sus argumentos y los que sustentan los votos particulares, que pueden jugar un papel clave para articular su defensa. Y para que el Gobierno reconstruya su relato.
El PSOE: “Ni nosotros ni nadie se lo esperaba”
En Moncloa suenan los teléfonos, pero los pocos mensajes que quieren compartir están más que acotados. Saben que caminan a oscuras, como también asumen el PSOE. El portavoz del partido, Patxi López, se permitió considerar “una absoluta vergüenza” este fallo. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el diputado del PSC José Zaragoza, iba más allá: “Para celebrar el 20-N el Tribunal Supremo protege a Ayuso condenando al Fiscal General del Estado sin pruebas”.
Esta percepción la comparten varios dirigentes socialistas, que se muestran deseosos de leer la sentencia, aún por redactar: “A ver cómo lo desarrollan, porque no se entiende nada”. Y que destacan que, escuchadas las argumentaciones jurídicas y las sucesivas comparecencias durante el juicio en el Alto Tribunal, no podían contemplar este desenlace. “Viendo lo que hemos visto, ni nosotros ni nadie se lo esperaba”.
Ministros de Sumar, en tromba contra el “golpe judicial”
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha criticado el procedimiento durante la fase de instrucción, ha evitado ponerse ante cámaras y micrófonos, o publicar mensajes en redes sociales, como sí han hecho sus compañeras de Sumar en el Consejo de Ministros Sira Rego (Juventud e Infancia) y Mónica García (Sanidad). Para Rego, la condena supone un “mensaje del poder” que remiten “militantes con toga”; para García constituye un “golpe letal” a la presunción de inocencia.
Además, Sumar ha emitido un comunicado en el que consideran el fallo “un golpe judicial en toda regla”, con una “gravedad institucional absoluta”. La secretaria general de Podemos, Ione Bearra, lo consideró a su vez “un caso de golpismo judicial sin precedentes en España”.
Formaciones como el PNV mostraron “perplejidad” por la condena al fiscal general, y otras como ERC o Bildu cargaron con dureza contra el fallo. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que “hay una parte del poder judicial que desde hace mucho tiempo hace golpismo”. Y anticipó que “le va a pasar lo mismo” a Begoña Gómez, esposa del presidente e investigada por varios presuntos delitos, porque “Ayuso no se toca”.
“Los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace, porque conocemos al Supremo y también porque sabemos de quién depende la Fiscalía”, añadió Miriam Nogueras, portavoz de Junts.
El fallo, utilizado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar la dimisión de Sánchez, ha descuadrado al Gobierno y a los partidos que lo apoyan a apenas 30 días de las elecciones en Extremadura. Y después de una semana en la que el Ejecutivo ha tenido que asumir otros golpes, en este caso concentrados en el frente judicial que afecta a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. La condena al fiscal general era uno de los peores escenarios que podía tocarles asumir.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.