El Ministerio de Hacienda, bajo el mandato de María Jesús Montero, levantó en julio de 2024 la prohibición de contratar con la administración pública a la empresa Comunicacions dels Ports, vinculada a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La decisión se produjo después de que la empresa fuera sancionada por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana por una infracción “muy grave” de falseamiento de la competencia confirman fuentes de la Generalitat Valenciana a Artículo14.
Comunicacions dels Ports fue multada en noviembre de 2020 por esta comisión con 16.801,7 euros por una infracción “muy grave” de la Ley de Defensa de la Competencia. La sanción, firme tras ser desestimados los recursos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Tribunal Supremo en 2023, se debió a un reparto de lotes y un falseamiento de la competencia en una licitación pública para la contratación de servicios audiovisuales con la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana (SAMC).
Ofertas con precios idénticos
La investigación reveló que la empresa, junto con otras tres (Kriol Produccions S.L., Canal Maestrat S.L. y Visualiza S.L.U.), intercambió información previa a la licitación y presentó ofertas con precios idénticos y coordinados, con lo que simulaban una competencia inexistente para asegurarse la adjudicación de los contratos: “En las ofertas presentadas por las cuatro empresas se observaba que las cuatro utilizaron tipos o modelos de ofertas con precios idénticos en todos los conceptos, que se repetían de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron y que la utilización coordinada de estos tipo o modelos de oferta respondía a un sistema de reparto por el”, según se lee en el informe de la Junta consultiva de contratación pública del Estado, al que ha tenido acceso este diario.
Para evitar la prohibición de contratar, que se aplica a empresas sancionadas de forma firme por falseamiento de la competencia (artículo 71.1.b de la Ley de Contratos del Sector Público), Comunicacions dels Ports presentó dos argumentos principales: acreditó haber abonado la multa de 16.801,7 euros en periodo voluntario, incluso antes de que la sanción adquiriera firmeza, y aseguró haber adoptado medidas de compliance para prevenir irregularidades futuras, con la implementación de un sistema interno de información o canal de denuncias el 5 de septiembre de 2023, con posterioridad a la sanción.
Según el escrito, la empresa que dirige Francis Puig alegó que esta medida fue adoptada voluntariamente, a pesar de tener una plantilla de solo nueve trabajadores (la Ley 2/2023 hace obligatorio tener este canal si la empresa tiene 50 empleados o más). Además, afirmó haber establecido un nuevo sistema para fijar los precios de sus servicios basado en los costes de recursos, y que desde la sanción, no se ha registrado ninguna queja o denuncia en sus contratos con el sector público.
“La pérdida de la aptitud para contratar con el sector público colocaría a la sociedad en una situación de insolvencia y en la obligación legal de proceder a la declaración de concurso; razón por la que la primera interesada en que no se repita la actuación que motivó la sanción impuesta (presentación de ofertas con precios similares a los de otros licitadores) es la propia Sociedad”, señalaba.
La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, valoró las alegaciones de Comunicacions dels Ports y consideró que la empresa cumplió con el pago de la sanción, firme con fecha 5 de marzo de 2021.
Por su parte, un informe del Servicio de Defensa de la Competencia indicó que las medidas técnicas y organizativas propuestas por Comunicacions dels Ports son “apropiadas a su tamaño empresarial” y “podrían ser idóneas” para prevenir futuras infracciones.
La Junta Consultiva, con base en estos elementos, propuso no declarar la prohibición de contratar, al considerar que la empresa ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, y elevó ese acuerdo a la ministra de Hacienda, que Montero dio por bueno con el archivo del expediente de declaración de prohibición de contratar Cabe recordar que Francis Puig se encuentra actualmente procesado por falsedad documental en la justificación de ayudas públicas destinadas a la promoción del valenciano. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para él en este caso.