Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, se han concentrado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
La concentración, en la madrileña Plaza de las Salesas, es el anticipo de una semana que estará marcada por la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal.
La concentración ha reunido a unas 5.000 personas, según los convocantes, que destacan que más de 1.000 eran jueces y fiscales, y se han oído gritos de “independencia judicial”, así como algunos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Los organizadores de la concentración de este sábado han leído un manifiesto donde declaran que no se trata de un acto contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que es un acto “a favor del poder judicial” y para “defender lo que es de todos”.
En el manifiesto se destaca el papel de la independencia judicial, “clave para hablar de una democracia real”, algo que está “bajo amenaza” por el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Sobre el primero, han indicado que “no responde a demanda social alguna” y que está siendo tramitado por vía de urgencia “sin ninguna razón para ello”.
Según defienden las organizaciones convocantes, esta reforma va a “rebajar la excelencia” de conocimientos en el acceso a estas carreras. Además, temen que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno signifique la intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.
En cuanto al segundo anteproyecto, han criticado que este aumente el poder del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno “sin ningún filtro previo”, así como que elimine las garantías de autonomía de los fiscales, “reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes”. Además, han subrayado que a los fiscales se les asignará “el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos” en sustitución de los jueces de instrucción.
Con todo, han indicado que estas reformas tienen lugar “en un ambiente de continuo ataque del poder judicial” con declaraciones políticas que “deslegitiman” las resoluciones judiciales, lo que “mina la confianza de los ciudadanos”.
“La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos”, reza el manifiesto, que también indica que estas reformas van encaminadas a “convertir el poder judicial en un poder con minúscula”. Así, de no retirarse los proyectos, han asegurado que “no tendrán más remedio que acudir a la huelga”.
Asimismo, han recordado una petición que se lleva repitiendo desde “hace lustros” que es la de que de una creación masiva de plazas judiciales y fiscales para mejorar la rapidez del servicio y han pedido disculpas “de antemano” por los perjuicios de la huelga.
El CGPJ avisa de no tener soporte normativo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, “no procede” tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.
También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal “pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos”.
Concentración sin reivindicaciones partidistas
Las asociaciones convocantes, que sostienen que la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone la exclusión de su derecho a huelga, abren la concentración de este sábado «a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general».
Consideran que estas leyes “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal” y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
De la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sostienen que da pasos atrás al incrementar “injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.
Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El PP apoya la huelga ante el intento de “control” del Gobierno
La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha expresado este sábado su apoyo a la convocatoria de huelga y las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales contra los proyectos legislativos del Gobierno que, ha asegurado, está intentando controlar el Poder Judicial.
Fúnez, que se ha reunido, junto con la diputada popular María Jesús Moro con el Colegio de Procuradores, ha advertido, según informa el PP, que la gestión de Sánchez “está siendo un ataque permanente a la separación de poderes y al Estado de Derecho”.
La reunión se ha producido mientras asociaciones de jueces y de fiscales se concentraban ante el Tribunal Supremo en una protesta previa a la huelga que han convocado para los próximos martes, miércoles y jueves contra los proyectos legislativos del Gobierno que, según ellas, comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal.
Fúnez ha asegurado que Sánchez legisla “con nombres y apellidos con la ‘ley Puigdemont’, la ‘ley Begoña’, la ‘ley Bolaños’ y el proyecto de ‘ley Koldo’ para blindarse” en el Palacio de la Moncloa.